La propuesta no es nueva, la izquierda levanta esta idea desde tiempos pre-pandemia. La necesidad de considerar que la enorme desigualdad entre los diferentes sectores sociales hace también a la salud, es urgente.
Miércoles 15 de abril de 2020 23:01
En tan sólo cuatro meses de detectada la presencia de covid-19 hemos visto la potencialidad de la ciencia y la tecnología: Análisis genómicos, estudios de diversas medicaciones y proyecciones de diferentes vacunas. Aún haciendo a un lado los obstáculos que implican que estos avances sean sin colaboración entre naciones y distintos entes empresariales, que ven posibilidad de ganancia en cada logro, hay un desarrollo de la técnica que distingue ampliamente a esta pandemia de otras sufridas en tiempos anteriores.
Sin embargo, esta realidad coexiste con la falta de recursos indispensables como son equipos de protección personal en los hospitales, camas de terapia intensiva, análisis para el testeo de la población que lo requiere, etc. La desigualdad, cruda, se ve entre países centrales y periféricos, y al interior de cada país. Como se repite en las distintas esferas, hay una salud para ricos y otra para pobres, también en tiempos de pandemia.
Aplanar la curva y fortalecer al sistema sanitario
Llegado el coronavirus a la argentina conocimos de cerca los grandes objetivos que se plantean a nivel mundial: retrasar el contagio, y ganar tiempo para aumentar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
Las sociedades científicas, y la misma Organización Mundial de la Salud, repitieron una y otra vez la importancia de “testear, testear y testear” para disminuir las cadenas de transmisión del virus, y para conocer la distribución del virus y poder combatirlo seriamente. Pero en Argentina los testeos se encuentran entre los más bajos a nivel mundial. Seguimos combatiendo al virus se a ciegas.
El segundo objetivo, es aumentar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. El gobierno, así como las decenas de infectólogos que se oyen casi en conferencias permanentes, anuncian que el pico va a ocurrir, y que el sistema sanitario no podrá absorber la totalidad de la demanda. En lugar de fortalecer el sistema sanitario se inclinan por la estrategia de responder con la medida medieval del aislamiento social a secas frente a una pandemia en el siglo XXI.
Al parecer, existe una distracción voluntaria en culpabilizar a millones de personas que no pueden sostener la cuarentena debido a la necesidad de llevar el pan para sus casas, sin analizar que el avance de la ciencia y la tecnología nos permitiría dar respuestas más eficaces: avanzando en la fabricación de test, medicamentos, vacunas, respiradores, equipos de protección personal, etc. En pocas palabras reorganizar todos los recursos en salud para dar una respuesta optima a las necesidades de salud de las mayorías.
El sistema sanitario argentino para las tareas actuales
Hemos analizado en varias oportunidades la disposición actual del sistema de salud, compuesto por un sector público que atiende al 40% de la población, el sector de las obras sociales que atiende al 44% y el sector de las prepagas que responde al 16% de la población. Sin embargo, el sector público cuenta solamente con el 29% de los establecimientos de internación existentes.
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Cada vez que hay un micrófono en un hospital público se oyen denuncias de todo tipo, empezando por la falta de equipos de protección personal. Aún siendo pocos los casos a nivel local, es muy grande el número de trabajadores de la salud que debieron ser aislados, por la dificultad de cumplir los protocolos, escaseando el material de bioseguridad.
En el sistema privado las denuncias también se multiplican , es que las patronales “ahorran” escatimando en la salud de las y los trabajadores en los sanatorios y aumentando los costos de internación a las Obras Sociales. Con el neoliberalismo las prepagas aumentaron sus ganancias ya que aseguraban jóvenes sanos y dejaban por fuera de la cobertura a los viejos y enfermos.
El PAMI implicó un desembolso directo hacia las clínicas y sanatorios para asegurar camas de internación para nuestros abuelos, que muchas veces no están garantizadas o son deficientes. Lo mismo sucede con los programas nacionales como “Incluir Salud” donde el Estado compra servicios a las empresas privadas, como sucede con los centros de diálisis.
En la última conferencia de prensa, Alberto Fernández, no pudo explicar cómo se pretende aumentar la capacidad de atención del sistema sanitario. Los únicos anuncios fueron la ya conocida puesta en pie a nivel municipal predominantemente, de establecimientos para aislamiento de pacientes con cuadros leves. Nada parecido a hospitales. Son camas sueltas en gimnasios, la República de los Niños o grandes galpones, que lejos están de resolver los casos de moderada o alta complejidad.
Unificar el sistema de salud, una tarea elemental
El primero de abril, el ministro de salud, Ginés González Garcia, había dicho “estoy propiciando, y creo que va a salir, un DNU que va a poner de interés público a todos los recursos sanitarios de la Argentina. Podrá ser estatal o privado pero creemos que tenemos que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”. En tan solo 24 horas hizo pluf. Luego de reunirse con los empresarios de la medicina privada, el gobierno se desdijo, mostrando el poder en manos de los dueños.
La actual pandemia de coronavirus pone sobre la mesa más que nunca la necesidad de un Sistema Único de Salud. Como primera medida, hay que hacer uso de todas las instalaciones y recursos existentes para luego ampliar la capacidad. El primer paso, es hacer pública la medicina privada y reorientar las respuestas sanitarias en función de las necesidades. En la TV pública declararon que, de las 8500 camas de unidades de cuidados intensivos, 6000 corresponden a clínicas privadas, el resto al sector público.
Esto significa que el 40% de la población que se atiende en los hospitales públicos tiene a disposición tan sólo el 30% de las camas disponibles. Esto es algo que se debe distribuir equitativamente. La medicina privada tiene como objetivo la ganancia de dinero algo que bajo esta pandemia debe revertirse para dar respuestas a las necesidades de salud y para ello es necesario que se encuentre controlado por los trabajadores.
La industria farmacéutica debe ser nacionalizada y poner los recursos tecnológicos para que los científicos avancen en la creación y desarrollo de tecnología médica para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades; en este caso test diagnósticos para Covid-19, medicamentos y vacunas. Hugo Sigman en una entrevista dijo que podrían producir una vacuna de forma rápida, pero lo dijo en clave de beneficiarse económicamente; es que es uno de los principales accionistas de Sinergium Biotech una industria biotecnológica que fabrica vacunas para el HPV, Pneumococo y el virus Zika.
Tanto España, como Islandia, pusieron a disposición las camas del sistema de medicina privada como forma de centralizar operativamente el sistema, pero, esto no significa su expropiación sino más bien un préstamo o compra de servicios a las empresas de salud.
La izquierda es clara. La salud privada y la industria farmacéutica, en su conjunto, debe ser declarada de utilidad pública mientras dure la crisis. Es decir que debe funcionar bajo la órbita del Estado como parte de un plan centralizado de todo el sistema. Aquellas empresas de medicina privada que se nieguen a poner todos sus edificios, tecnología médica y recursos al servicio del combate a la pandemia, deberán ser expropiados y funcionarán bajo la gestión directa de los trabajadores que seguirán percibiendo el 100% de sus haberes a cargo de la centralización financiera del Estado y la seguridad social.
La salud de la población tiene que dejar de estar supeditada a los negocios de quienes lucran con la salud y ponerla en pie para satisfacer las necesidades de salud de toda la población. Los recursos están y se los puede ampliar para buscar el bienestar social, pero esta tarea, la lucha contra la pandemia, no puede dejarse en manos de los empresarios.
