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Red Internacional
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Medioambiente. Crece el rechazo a la modificación de la ley de hidrocarburos en Río Negro

En diferentes localidades de la costa atlántica se están organizando acciones, asambleas y movilizaciones exigiendo que se derogue la modificación de la ley 3308 que afectará seriamente la zona del Golfo San Matías.

Domingo 4 de septiembre de 2022 22:39

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Vecinos, estudiantes y organizaciones socio ambientales están aunando fuerzas para enfrentar la modificación de la ley que regula la actividad hidrocarburífera en el Golfo San Matías y que permitirá la utilización del puerto de Punta Colorada en Sierra Grande para la carga de barcos petroleros. Tal cual lo explicamos en este medio la modificación de la ley se realizó de forma exprés por iniciativa de Juntos Somos Río Negro y apoyada por el peronismo y el macrismo en la legislatura provincial.

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En las últimas jornadas se realizaron acciones por parte de los estudiantes de San Antonio Oeste con una acción a la que denominaron estudiantazo y que fue convocada en la Plaza Centenario exigiendo que no se modifique la 3308. “Fue una jornada hermosa, llena de pibes y pibas, de niños y niñas, fue algo muy especial” aseguraron.

Las actividades se mantuvieron durante el fin de semana bajo la consigna “Por un mar sin petróleo”, en San Antonio Oeste, y en el balneario Las Grutas donde se realizó una asamblea popular este domingo en la Plaza Piedrabuena donde participaron cientos de vecinos que delinearon las acciones a seguir en defensa del Golfo y anunciaron la realización de una marcha provincial a la legislatura rionegrina para el próximo viernes 9 de septiembre, en las actividades que se desarrollaron durante todo el fin de semana se expresó el rechazo contundente a la modificación de la ley y se exigió que se deroguen los cambios

Recordemos que la modificación permitirá el trazado de un oleoducto que comunicará Vaca Muerta con el Puerto de Punta Colorada, proyecto que lleva adelante la petrolera YPF y que pone en riesgo todo el ecosistema de la región y atenta contra las actividades pesqueras y turísticas, principales generadoras de ingresos de la región.