Se aproxima la Convención de la ONU para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y en Chile se está actualizando su estrategia y plan nacional 2016-2030. Los resultados son alarmantes: a los efectos del calentamiento global agravado por el capitalismo, se agregan los efectos de otra de las herencias de la dictadura, la privatización del agua.
Viernes 25 de marzo de 2016
Alarmantes resultados
La actualización que está realizando el Estado, arroja resultados alarmantes. El 76% de la superficie de Chile está afectado por sequía, desertificación y suelo degradado.
Según cada categoría, la desertificación afecta al 22% del territorio, la degradación del suelo al 80%, la sequía al 72%.
Representan 57,5 millones de hectáreas, que afectan a 11,6 millones de personas, un 65% de la población total del país.
Las Regiones más afectadas son la IV y la VIII.
Al calentamiento global, agravado por el capitalismo, se le agregan los efectos de otra de las herencias de la dictadura: la privatización del agua.
Otra de las herencias de la dictadura
Las privatizaciones, sirvieron para enriquecer a los empresarios y encarecer, degradar y aumentar la explotación del pueblo trabajador. Arrasaron con todo: las pensiones, la salud, la vivienda, la educación, el cobre y todos los recursos naturales, el mar y los peces, y hasta el agua misma.
En este último caso, se afecta la vida cotidiana de millones: cortes de agua se suceden en el tiempo regularmente. Recordemos por ejemplo, el corte masivo del febrero del 2013 en casi toda la RM, afectando a 25 Comunas y 1 millón de clientes; el aluvión de enero del 2012 afectando a 21 Municipalidades y 600.000 clientes; el corte del 2008 en Santiago con corte de tres días; la la crisis de la planta purificadora La Farfana en 2004, que generó malos olores en Maipú. Ahora el proyecto Alto Maipo de los Luksic, que amenaza con disminuir, además de contaminar, el agua de Santiago. Además, decenas de comunas reciben agua solo por medio de camiones aljibe.
El origen está en las privatizaciones iniciadas en dictadura y continuadas en los Gobiernos de frei Ruiz-Tagle, Lagos y Piñera
La dictadura dio el punta pie inicial con su Código de Aguas de 1981, que estableció que es un recurso natural de carácter público pero que puede ser concesionado en forma gratuita y a perpetuidad, y con esto, ser vendido y comprado (al estilo de la minería).
Aquí está la causa real, porque aunque hay sequía, Chile es la segunda reserva mundial de aguas dulces. Pero las empresas mineras, forestales, agrícolas de frutas de exportación y vinos, acaparan el agua, desviándola con túneles subterráneos las agrícolas; apropiándosela las mineras para sus procesos industriales, etc.
Se agrava el problema con los negocios cruzados. Si el agua de la región metropolitana depende de Aguas Andinas (grupo GDF Suez), a la vez, se quiere construir en el Maipo una central hidroeléctrica por el grupo AES Gener (Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo). Y existe un acuerdo entre las empresas, para que parte del agua de Aguas Andinas, que es agua potable para el consumo humano, se entregue a la hidroeléctrica para la generación de energía. Además que las obras de construcción de la central hidroeléctrica enturbian el agua (por dinamitado de cerros, desvió de cursos naturales de agua, las faenas de la construcción).
Las consecuencias son claras: no está garantizado el acceso al agua para la población. Supeditado a la sed de ganancias de las empresas.
Además, se creó un monopolio: el monopolio imperialista italiano Endesa (ENEL), controla el 90% de toda el agua de Chile.
Este escenario dio paso a acciones de lucha medioambiental por el agua, con organizaciones que las convocan, organizan y protagonizan, como por ejemplo, la Junta de Vigilancia del Valle del Huasco (que influyó en la lucha de Freirina), Modatima, Ciudadana Ríos del Maipo.
Entre sus demandas, como durante la llamada “Cumbre de los Pueblos”, se exigió el cambio del artículo 19 de la Constitución para que se establezca el agua como bien nacional de uso público inalienable y como un derecho humano. También se planteó en distintas ocasiones, la re-nacionalización de este recurso natural esencial para la vida humana.
