Nos toman el pelo. Crisis eléctrica y chamuyo oficial: el Gobierno sólo anuncia nuevas “multas” a Edesur y Edenor

Este martes el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, dijo a la agencia estatal Télam que el organismo “va a sancionar” a las empresas concesionarias de la distribución de electricidad por los cortes del servicio de los últimos días.

Según información relevada por La Izquierda Diario, a partir de datos del propio ENRE, en la última semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), más de un millón y medio de usuarios sufrieron la interrupción prolongada de la electricidad en sus hogares y lugares de estudio o trabajo. Se estima que, incluso, se haya superado los dos millones porque las estadísticas cuentan sólo los cortes en alta y media tensión, no los de baja.

La cifra de afectados que, en muchos casos, superaron los tres días seguidos a oscuras, representa aproximadamente a un cuarto del total de usuarios que reúnen entre Edesur y Edenor .

Martello “amenazó” una vez más a esas empresas con multarlas por los cortes. Pero sigue justificando las interrupciones sistemáticas del servicio por las altas temperaturas que se registran en estos días. “Esa demanda activa los sistemas protectores para evitar males mayores y dejan sin servicio algunas áreas”, dijo el funcionario, naturalizando el drama que viven miles y miles de familias. Hay que recordar que en muchos casos la falta de electricidad implica también falta de agua. Y ni hablar de quienes por cuestiones de salud son electrodependientes.

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Según informó el mismo ENRE, este martes más de 115.000 usuarios (es decir cientos de miles de personas) de CABA y el Gran Buenos Aires seguían sin luz en otra jornada agobiante donde la sensación térmica alcanzó niveles que superaron los 42 grados y el Servicio Meteorológico emitió “alertas rojas” por las temperaturas extremas.

Ante tamaña crisis, Martello (máximo responsable de controlar, regular y sancionar la actividad de las empresas de energía) sólo da explicaciones y anuncia medidas que no resuelven nada. “Hay un problema crónico de inversiones, no hay explicación para que una persona esté cuatro días sin luz”, dice al tiempo que asegura que “se va a sancionar a las empresas” por dejar a miles de personas en el fin de semana sin luz por más de 72 horas.

A su vez, anunció que el ENRE comenzó “un proceso de análisis de 90 días para elevarle a las autoridades competentes un informe técnico para que evalúen las condiciones de las empresas y las eventuales acciones a seguir”.

Martello, al igual que el presidente Fernández, la vicepresidenta Kirchner y el superministro Massa, sabe que cada vez que anuncia “multas” o “sanciones” ante cortes masivos de electricidad, los CEO de Edesur , Edenor y Edelap se matan de risa en sus despachos con aire acondicionado. De hecho llevan años multando a las empresas por sumas que, pese a ser millonarias, no les hacen ni cosquillas. Y encima, como pasó a fin de 2022, cuando esas deudas de las distribuidoras se acumulan sin ser pagadas, el propio Gobierno (como los anteriores) opta por condonárselas.

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El primer día hábil de enero la gestión del Frente de Todos anunció un “acuerdo de refinanciación” de las deudas que las distribuidoras tenían con Cammesa , la proveedora estatal de la energía. Según se informó, de los $ 219.615 millones que debían, sólo pagarán $ 80.210 millones tras el “perdón” de punitorios (cargos por morosidad) y algunas “compensaciones”. Y, además de sacarles de un plumazo $ 140.000 de pasivo, el monto final de la deuda lo pagarán en 96 cuotas. Una ganga para capitalistas como el grupo italiano Enel (propietario de Edesur ) o como José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti (accionistas mayoritarios de Edenor y amigos íntimos de Sergio Massa).

Viendo semejante “ayuda” dada a los pulpos energéticos (con la complicidad de Juntos por el Cambio y “libertarios” como Javier Milei y José Luis Espert) ¿Qué puede afectarles multas como la de $ 1.000 millones que el Gobierno le puso en febrero a Edesur por los cortes de esas semanas?

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Quien está leyendo, comprensiblemente, puede estar estallando de bronca. No sólo si vive en uno de los barrios afectados por los cortes, sino al comprobar que el trato del gobierno peronista a las corporaciones depredadoras dista muchísimo del que se le da a cientos de miles de usuarios que no sólo ven aumentar las tarifas (mientras sus salarios siguen deprimidos) sino que encima, si no pagan, las mismas empresas se encargan de bajarles la palanca y dejarlos sin servicio.

Hace justo un mes la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo en una de sus habituales conferencia de prensa que “el nivel de los cortes de luz y maltrato a los consumidores lo venimos viendo durante los últimos años”. Y hasta afirmó que en ese mismo momento se estaba tomando “una medida muy contundente”: una multa y una “intervención” para “poder ver exactamente qué es lo que está haciendo, qué inversiones están haciendo y cuál es la responsabilidad” en las interrupciones de suministro. Hablaba específicamente de Edesur , claro, ya que sobre Edenor es mejor no hacer muchas olas.

Pese a las peroratas oficiales, lo cierto es que las empresas siguen haciendo lo que quieren mientras dejan un tendal de víctimas de la desinversión, lo que incluye personas que ven empeorar su estado de salud, sus condiciones de trabajo y estudio y, en algunos casos, terminan muriendo por las políticas que privilegian el lucro a la vida.

Generadores y agua para todas y todos, ¡ya!

Frente a esta dramática situación, el Gobierno no sólo hace amenazas “para la tribuna” de sanciones a las empresas sino que hace gala de un manifiesto desprecio por las consecuencias de los cortes en la vida de cientos de miles de familias trabajadoras. En los últimos días La Izquierda Diario viene reflejando cómo afecta la ola de calor a las escuelas públicas, que arrastran en su gran mayoría y en todos los distritos un histórico desfinanciamiento. En CABA o en la provincia de Buenos Aires encontrar aulas con ventiladores y o dispensers de agua fresca es más difícil que ganar el Quini 6.

¿Por qué Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y el resto de los gobernadores no decretan medidas urgentes para paliar los efectos de la ola de calor agravados por los cortes eléctricos? Basta con poner la oreja en cualquier barrio para saber cuán diferente sería la situación si AYSA (manejada por Malena Galmarini, esposa de Massa) o ABSA enviaran camiones con agua para asistir a los barrios que peor la están pasando. O si Edesur , Edenor y Edelap instalaran grupos electrógenos en las barriadas populares en lugar de hacerlo en los countries de sus amigos multimillonarios.

¿Por qué no se decreta el cese inmediato del pago de facturas para los usuarios afectados y subsidios de emergencia a quienes los necesiten para compensar los gastos (nada menores en un contexto e inflación galopante) en bidones de agua, insumos para refrigeración y mantenimiento de alimentos y generadores alquilados por pequeños comerciantes?

Claro que estas medidas urgentes no resuelven el problema de fondo, pero son básicas para que la ya castigada calidad de vida de la población trabajadora no siga cayendo por culpa de la voracidad empresaria y las políticas públicas que están a su servicio. Pero si ni eso hacen desde la Casa Rosada, las gobernaciones e intendencias, mucho menos se puede esperar respecto a medidas estructurales para terminar con el saqueo que lleva décadas en materia de electricidad.

A principios de marzo la bancada de diputados y diputadas del Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto de ley para avanzar en la expropiación y estatización de las empresas de energía eléctrica. Con las firmas de Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Plá, el proyecto propone “garantizar la calidad del servicio y terminar con los cortes de luz, porque la energía eléctrica es un derecho”.

A su vez, las y los legisladores del FITU detallaron que “la crisis energética se explica por una constante falta de inversión y mantenimiento, de más de treinta años”. Es decir, desde la misma privatización de las entonces empresas estatales (en concesiones que durarían cien años) por parte del entonces gobierno peronista de Carlos Menem, acompañado por todos los gobernadores de entonces.

Lejos de proponer la “vuelta” a gestiones como la de la vieja Segba (plagadas de corruptelas y negociados), el FITU plantea en su proyecto de ley “la anulación de las concesiones y la expropiación a las privatizadas de energía eléctrica, su estatización y puesta en funcionamiento bajo el control de los trabajadores, usuarios populares y técnicos (con mayoría trabajadora)”, además de “una profunda investigación sobre las causas de la crisis energética y, por sobre todo, medidas urgentes para resolver las penurias que sufre la población afectada”.

Ese proyecto, por el momento, viene siendo cajoneado por el Frente de Todos y la oposición de derecha.