Ingenio La Esperanza: crónica de la ilegalidad anunciada

En la mañana del día miércoles 20 de diciembre, en el marco de una medida de fuerza dispuesta por los trabajadores del Ingenio La Esperanza (ILE) que reclamaban contra los 338 despidos y los sueldos adeudados desde noviembre, el gobierno de Gerardo Morales dio la orden de reprimir. Tras la orden, las fuerzas de la policía provincial, la montada, infantería y la brigada comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y balas de goma contra los presentes, entre ellos mujeres y niños, familiares de los azucareros.

El saldo fueron más de 40 trabajadores heridos, varios de los cuales debieron ser hospitalizados y se encontraban en grave estado.
Luego de ello se desencadenó una brutal cacería por los pueblos de San Pedro y La Esperanza, persiguiendo a la población de manera indiscriminada y llevándose detenidos de manera completamente ilegal, intimidando a la población y a todo aquel que se solidarizaba ante el escandaloso operativo.
Se produjeron más de 26 detenciones, entre ellos simples transeúntes que portaban vestimenta de grafa y mujeres que acompañaban a sus maridos en el corte y se vieron sorprendidas por la represión.

Ante esta situación los abogados del sindicato salieron a recorrer las comisarías para constatar el estado en el que se encontraban los detenidos, siendo que varios habían recibido heridas de parte de la policía.

Detención del abogado. Inexistencia del derecho a defensa
Un hecho increíblemente escandaloso se produjo al momento en que el abogado del SOEA, Fabián Alderete, se hizo presente y fue detenido en el ejercicio de su profesión y mientras intentaba conocer las causas e imputaciones del resto de los presos.

Este hecho constituye una gravísima violación al derecho a defensa y vulnera de manera flagrante las garantías constitucionales que le asisten a todo detenido, aún más siendo un procedimiento totalmente arbitrario e ilegal sin orden ni disposición alguna.

Frente a la creciente vulneración de derechos por el gobierno provincial, sus fuerzas represivas y justicia, una delegación de organismos de derechos humanos compuesta por Ines Peña de Madres y Familiares de Presos Políticos, Maia Hirsch del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.), Ariel Ruarte de Abogados de Lesa Humanidad y Natalia Morales, diputada del PTS-FIT, recorrieron las comisarías para denunciar los atropellos que venían ocurriendo.
Al entrevistarse con Alderete, detenido en la Brigada de Investigaciones de San Pedro, el mismo manifestó que la única información recibida era que “estaba detenido por daños y entorpecimiento a la función pública”, una falsedad manifiesta ya que la privación de su libertad se produjo mientras ejercía la defensa de los trabajadores.

Así las cosas, la delegación solicitó reunirse con los responsables de las medidas dispuestas y en cita con Silvia Del Valle Farall, la Fiscal sostuvo en primer lugar que el abogado del SOEA no se encontraba detenido sino en calidad de arrestado –contrariamente a lo que le había sido informado en la Brigada- y que aún no habían hecho imputación alguna ya que no contaban con las pruebas suficientes para ello.
Pero a pesar de lo antedicho, la Fiscal mantenía una posición intransigente acerca de la necesidad de judicializar la protesta y los daños ocurridos en el marco de la feroz represión, sosteniendo que ella misma había estado previamente en el corte, responsabilizando a los trabajadores de lo ocurrido.

Luego de una intensa discusión, en la que estuvo presente el Dr. Yapura, secretario del Juez de Control Nº 6 Jorge Saman, la Fiscal reconoce finalmente la falta de sustento alguno para continuar con la detención de abogado del sindicato y frente a los presentes llama a la Brigada ordenando su inmediata liberación.
Una Fiscal al servicio de las patronales azucareras

Este actuar por fuera de la legalidad no nos sorprende ya que se trata de una funcionaria con ligazón directa con las grandes patronales del azúcar y el gobierno de turno, siendo que resulta actuante en todas y cada una de las causas contra los trabajadores de los ingenios y todo aquel que se solidarice con sus reclamos, ejemplo de ello resulta la causa abierta contra el concejal electo del PTS-FIT en Libertador Gral. San Martín, Miguel López, quien ya fuera sobreseído en causas anteriores.

Continuando con una jornada repleta de irregularidades y avasallamiento de derechos, en los escasos minutos que implican el traslado de los tribunales a la brigada, el abogado Alderete fue notificado de una orden de detención a pedido del Fiscal Gral. Lello Sánchez y del Ministro de Seguridad Ekel Meyer por órdenes directas del gobierno.

La “República” de Gerardo Morales

Paralelamente a ello y en conferencia de prensa, el gobernador Gerardo Morales tildó de “delincuentes” a los trabajadores y, en una clara demostración de la inexistencia de la república e independencia de poderes de la que tanto suele hablar, dispuso una “orden de captura” contra los miembros de la Comisión directiva del sindicato, sin que existiese disposición ni notificación judicial alguna que hubiesen recibido.

Ante las terribles acusaciones, el Secretario General Sergio Juárez y el Secretario Adjunto Néstor Bautista, decidieron entregarse a la Justicia, resaltando que se trataba de una causa política.

Traslados irregulares propios de la dictadura

A esta altura sobran las palabras para describir las violaciones al debido proceso.
En horas de la madrugada del jueves 21, en un operativo completamente irregular y propio de la dictadura militar, se dispuso el traslado de los detenidos a comisarías de la capital jujeña, sin brindar información alguna a sus familiares ni a los abogados que ejercen su defensa.

A momento continúan sin conocerse de manera fehaciente las imputaciones que pesan sobre los detenidos, dando a conocer de manera verbal, las siguientes: lesiones leves, resistencia a la autoridad y daños, todos delitos excarcelables, que no justifican las detenciones y demoras para su liberación.

Los hechos escandalosos y completamente ilegales trascurridos en el devenir de estos dos días no hacen más que evidenciar un agravamiento del régimen policíaco que reina en la Provincia de Jujuy bajo el gobierno de Morales, en un intento más de disciplinar a la clase trabajadora frente a sus legítimos reclamos y manteniendo presos políticos.

Desde el Ce.Pro.D.H. llamamos a todos los sindicatos, organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles y políticas a acompañar la lucha de los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo y exigir la inmediata libertad de los presos políticos.