La represión en la Pu Lof de Cushamen, que hace un año culminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, no fue un hecho aislado. El plan estatal de “declararle la guerra” a la comunidad mapuche lleva años.
Florencia Sciutti @FlorSciutti
Martes 31 de julio de 2018
Fotografía: Joaquín Díaz Reck
La brutal represión, ocurrida en la Pu Lof de Cushamen, que culminó con la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado el pasado 1° de agosto de 2017 no fue un hecho aislado. Hay varios antecedentes que ponen de manifiesto la intencionalidad del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, de “declararle la guerra” a la comunidad mapuche presentándola como un nuevo “enemigo interno” al cual es necesario combatir empleando para ello todos los “recursos necesarios”, legales e ilegales, incluyendo el espionaje, la criminalización, la represión y hasta el crimen.
La “usurpación”
El primer antecedente de esta breve pero intensa historia debe buscarse en la denuncia “por usurpación” presentada por la Compañía Argentina de Tierras del Sud ante el Poder Judicial de Chubut el 13 de marzo de 2015, cuando el Lof en Resistencia de Cushamen inició la recuperación de sus territorios ancestrales en una de las estancias de la multinacional textil italiana Benetton, llamada “Leleque”.
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El 18 de abril de 2015, con el ingreso de las fuerzas de seguridad por primera vez al territorio con el objetivo de identificar a los integrantes de la comunidad e iniciar la investigación por la denuncia de “usurpación”, comenzaría una brutal persecución y criminalización sobre la comunidad en pos de defender los intereses del grupo terrateniente italiano.
Dicha “investigación” judicial derivó en la imputación, por usurpación y otros delitos, de Martiniano Jones Huala, tío de Facundo, y de otros integrantes de la comunidad. Tres fiscales solicitaron que se aplicara sobre los miembros de la comunidad la ley antiterrorista, que fuera votada durante el kirchnerismo a pedido del imperialismo yanqui. Según el pedido, se consideraba que “el accionar” mapuche afectaba “directamente los intereses de la Nación, hasta el punto de poner en riesgo la seguridad interior”.
El juez Martín Zacchino aceptó el criterio de los fiscales Rivarola, Bottini y Révori de que se estaba ante actos de terrorismo y resolvió que se debía pasar la causa al fuero federal.
Este primer hecho dejó en evidencia que la transformación de las comunidades originarias en “enemigo interno” no es patrimonio del Gobierno de Mauricio Macri. Fue el Poder Judicial de Chubut quien con ese pedido sentó un valioso precedente, convirtiendo un reclamo de tierras ancestrales avalado por la Constitución Nacional y diversas leyes en un “acto terrorista”.
La detención del lonko
Dado que los delitos enmarcados en el “terrorismo” son de competencia federal, la causa fue girada al Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto. El juez no compartió la calificación, por lo que pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dirimiera la cuestión de competencia. El máximo tribunal rechazó la aplicación de la ley antiterrorista y remitió nuevamente el expediente al fuero provincial.
Fue en ese marco que el 27 de mayo de 2016 efectivos policiales, del GEOP y de la Gendarmería ingresaron violentamente a la Pu Lof de Cushamen. Según indican los registros periodísticos, el primero en llegar fue el Grupo Especial de Operaciones Policiales de Chubut y su presencia en el lugar se debía a la intención de detener a Facundo Jones Huala, lonko de la comunidad sobre el que pesaba una orden de captura internacional.
“Era impresionante la cantidad de armas que había. Fue muy violento, hacía mucho tiempo que no veía tanta violencia. Nos pegaron y nos tiraron gas lacrimógeno”, denunciaba por entonces Martiniano Jones Huala, vocero de la comunidad. La orden para intervenir en el territorio fue dictada por el juez Martín Zacchino y acompañada por la fiscal general Camila Banfi de Comodoro Rivadavia. “No hay nada. Nunca apareció una orden. Era una orden verbal”, denunció Martiniano ese mismo día.
El resultado del allanamiento fue la detención de su sobrino Facundo y otros seis integrantes de la Pu Lof. Dos días después, el juez Zacchino ordenaba la liberación de los seis compañeros de Jones Huala, la apertura de una investigación preparatoria por usurpación y resistencia a la autoridad, y la prisión preventiva del lonko por el plazo de dos meses, debido a la existencia de la orden de captura internacional por supuestos delitos cometidos años atrás en Chile.
La detención de Jones Huala fue seguida de cerca por el Gobierno nacional, al punto de que Pablo Noceti, entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, estuvo presente en la audiencia para la revisión de la detención preventiva de Jones Huala, realizada el 26 de julio de ese año en Esquel. Ese día Facundo no salió en libertad, ya que extendieron su prisión preventiva por otros treinta días.
Pablo Noceti en la audiencia de revisión de la detención preventiva de Jones Huala
Facundo fue liberado recién el 1° de septiembre de 2016, cuando el juez Guido Otranto dictó sentencia en el juicio por su extradición a Chile, solicitada en el año 2014. Otranto declaró la nulidad del informe presentado en febrero de 2015 por la División de Investigaciones de la Policía de la provincia del Chubut que dio origen al proceso judicial y de todo lo actuado como consecuencia directa de ello.
La sentencia se basó en que existieron irregularidades por parte de la Policía y funcionarios provinciales y judiciales, que delataron persecución y violencia institucional, como el caso del joven al que su testimonio le fue arrancado bajo tortura.
Hoy puede resultar difícil de comprender que el mismo juez que tiempo después se convertiría en uno de los principales agentes del Poder Judicial en la persecución, criminalización y ataques a la Pu Lof de Cushamen haya sido amenazado hace dos años con un jury de enjuiciamiento por el entonces gobernador Mario Das Neves. El motivo no era otro que haberse negado a extraditar a Jones Huala.
Furia estatal contra el “enemigo interno”
La desapercibida presencia de Noceti en aquella audiencia en la que Otranto liberó a Jones Huala puede pensarse como la punta del ovillo de la política represiva y de criminalización que el Gobierno nacional, ya entrado el 2017, desplegaría contra las comunidades originarias, poniendo su eje en las asentadas en la Patagonia.
Como primer bosquejo del armado de un “enemigo interno”, se encuentra un “informe” del Ministerio de Seguridad cuya publicación es previa al 31 de agosto de 2016, en el que bajo el título general “Re-valorización de la ley, problemáticas en territorio mapuche” se afirmaba que existen “amenazas de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)” y que las mismas “son hechos particulares que tienen un denominador común que los transforma en delitos federales ya que se proponen imponer sus ideas a las fuerza”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Entre ley antiterrorista, las detenciones, las represiones y la persecución llegó el 2017. El gobierno de Mauricio Macri comenzaba a transcurrir su segundo año en el poder, seguramente sin imaginar que atravesaría una de sus mayores crisis, que con la desaparición y posterior muerte de un joven artesano tiraría por la borda su “revolución de la alegría”.
La mañana del 10 de enero, no fue una más para la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Apenas amanecía cuando la Gendarmería irrumpió violentamente en su territorio ancestral. Esta vez la orden fue de Guido Otranto. ¿El objetivo? “Remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita”, según consta en la orden del magistrado.
“Eran alrededor de quince móviles de Gendarmería, colectivos, camiones hidrantes, avionetas y un helicóptero, ocho móviles de la Policía provincial, había policía de la montada. Todo ese terrible despliegue para que La Trochita pase por nuestro territorio”, denunciaba un día después a La Izquierda Diario una integrante de la comunidad.
Según los testimonios, el operativo se inició cerca de las siete de la mañana y finalizó a las cinco de la tarde cuando Otranto ordenó la retirada. Durante las largas horas que Gendarmería permaneció en el lugar golpeó, insultó, burló y esposó a hombres, mujeres y niños. También se llevaron a tres personas detenidas, dos integrantes de la comunidad y un joven militante que apoya la causa.
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“Las mujeres fueron encerradas en la ruca mayor (casa). Gendarmería las rodeó, rompió toda la ruca, rompió plásticos, sacó techos y así pudieron ingresar para esposarlas y arrastrarlas por el campo. A los niños les pegaron y una de las niñas recibió un palazo en la cabeza. También tiraron gas lacrimógeno. Un gendarme le tiró un matafuego en la cara a un niño de dos años. Todas las mujeres semidesnudas, porque estaban durmiendo, esposadas. No las dejaban ni cambiarse. Agarraban nuestros instrumentos de ceremonia, como el cultrún, y se ponían a bailar, a reírse de nosotros. Todo el abuso de poder que ellos hacen mientras nadie los ve”, denunciaba indignada una joven mapuche.
Horas después de que la Gendarmería se retirara del lugar, la comunidad fue atacada una vez más. Otro procedimiento, esta vez a cargo de la división Montada de la Policía del Chubut, quienes allanaron el lugar por orden del juez provincial José Colabelli, a partir de una causa que se inició por abigeato (robo de ganado). Los miembros de la comunidad resistieron al intento de secuestro de animales, y fueron nuevamente reprimidos y se detuvo a seis personas.
Menos de 24 horas después, la Infantería de la provincia de Chubut disparó balas de goma y plomo directamente al cuerpo de los integrantes de la comunidad. Emilio Jones Huala recibió un impacto de perdigón de bala de goma en su rostro que le provocó la fractura del maxilar derecho. Otro de los heridos, Fausto Jones Huala (hermano de Facundo) resultó con traumatismo de cráneo y sangrado de oído. Este violento ataque no contó con la orden de ninguna autoridad judicial.
Tres represiones con heridos y detenidos en menos de 48 horas. El Gobierno Nacional y el provincial, con el aval del Poder Judicial, dejaban en claro que pondrían todo su arsenal represivo para defender los intereses de los “suyos”: en este caso las balas y los palos al servicio del magnate Luciano Benetton.
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Nueva detención, protesta y represión criminal
Durante los meses siguientes, si bien no hubo nuevos ingresos al territorio, la comunidad debió soportar el hostigamiento constante de las fuerzas de seguridad que mantenían militarizada la zona como también el ataque de las “guardias blancas” que entran y salen impunemente de la estancia Leleque para cometer todo tipo de violencias.
Mientras tanto el Gobierno nacional y el provincial no desperdiciaban oportunidad para demonizar a la comunidad, intensificando el discurso de la existencia de un “enemigo interno”.
En ese marco, en junio del 2017 la comunidad recibió un nuevo golpe. En la tarde del 27 de junio fue detenido nuevamente el lonko Facundo Jones Huala. Esta vez la Gendarmería interceptó el vehículo en el que viajaba y luego de corroborar la documentación del auto le solicitan la inspección del baúl y la identificación de todas las personas que viajaban. Minutos después decidieron detener a Facundo, alegando que aún estaba vigente la orden de captura internacional, por la que fuera juzgado y dejado en libertad en septiembre del 2016.
Un par de días antes, en una reunión diplomática en Santiago, la presidente chilena Michele Bachelet le pidió expresamente a Mauricio Macri que hiciera gestiones para apurar la extradición del lonko. Nada es tan casual.
Ante la arbitraria detención de Jones Huala, que continúa privado de su libertad hasta la fecha, los miembros de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen se declararon en estado de alerta y comenzaron a realizar diversas acciones exigiendo la libertad del lonko y reivindicando su lucha por la recuperación de tierras ancestrales.
Es en ese contexto que el 31 de julio se desarrolló una importante marcha en el centro de Bariloche. Su destino era el Juzgado Federal de la ciudad y el objetivo exigirle al juez Gustavo Villanueva que definiera la situación judicial del joven referente mapuche, que llevaba dos meses detenido.
Desde el gobierno provincial de Alberto Weretilneck, con apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación, decidieron una vez más responder al reclamo de las comunidades con represión.
Un operativo integrado por fuerzas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional, avanzó sobre los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos. El saldo de la represión, además de heridos, fue la detención de nueve manifestantes.
Como se explica en otra nota de esta edición, por esas mismas horas y en la misma ciudad rionegrina el mismo Pablo Noceti se reunía con la plana mayor de las áreas de seguridad de las gobernaciones de Río Negro, Chubut y Neuquén, junto a los jefes regionales de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Mientras en las calles se apaleaba y detenía a mapuches que protestaban, en la reunión Noceti lanzaba un verdadero grito de guerra contra las comunidades originarias.
En la tarde de ese 31 de julio, hoy hace justo un año, Santiago Maldonado viajaba por la ruta desde el Bolsón, donde vivía desde hacía un tiempo, a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen para brindar su apoyo a la causa mapuche. Tal vez su compromiso le hizo perder un poco de vista la peligrosidad del viaje. Tal vez la conocía y decidió asumir los riesgos como lo había hecho otras veces. Lo que seguro no imaginó “el Brujo” era que ese sería su último viaje por las rutas que tanto le gustaba transitar.
Mañana se cumple un año de su desaparición. Luego de 78 días su cuerpo fue encontrado en el Río Chubut, dentro de la Pu Lof de Cushamen. Aún no se sabe cuándo ni dónde efectivamente murió. Pero está más que demostrado que el Estado es responsable.
