EDITORIAL. #CuadernoGate: el “Lava Jato” a la carta de Bonadio y Macri

La resonante denuncia mediático-judicial provocada por los famosos cuadernos que nunca aparecieron detonó la agenda política.

Las fotocopias de las anotaciones de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta -secretario de Coordinación del exministro Julio De Vido en el Ministerio de Planificación- involucran a funcionarios del Gobierno anterior y a empresarios en el pago de coimas millonarias a cambio de contratos de obra pública.

Al día de hoy, en la causa que encabezan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli hay 16 detenidos, 2 prófugos y 18 exfuncionarios citados a indagatoria, entre quienes se encuentra la expresidenta Cristina Fernández.

Más allá de los avatares de los cuadernos, Centeno ingresó al programa de protección de testigos y quedó en libertad, luego de haber declarado ante el juez que las anotaciones existieron y que había quemado los originales. El viernes por la mañana se entregó el ex-CEO de la empresa Isolux, Juan Carlos de Goycoechea, que pasó sin solución de continuidad del esquí en las laderas de La Hoya en Esquel a Comodoro Py y fue el primero en confesar que pagó sobornos a funcionarios a cambio de contratos. Se espera una locuaz exposición del esquiador frustrado.

La denuncia tiene varias aristas y muchas incógnitas, aunque también revela indiscutibles certezas.

El lado oscuro de los cuadernos

El “Gloriagate” irrumpe en un momento ideal para las necesidades políticas del Gobierno. Se instala en el centro de la escena cuando se conoció la continuidad de la caída estrepitosa de los índices de la economía (8,1 % fue el derrumbe de la industria en junio), el ajuste comenzó a sentirse con fuerza (en la coyuntura, a través de múltiples tarifazos) y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal estaba en el ojo de la tormenta del cuestionamiento público por la denuncia de los “aportantes truchos” a la campaña electoral y por el crimen social que produjo dos muertes en una explosión en una escuela de Moreno.

Políticamente, el escándalo también es altamente funcional a las necesidades del macrismo para un nuevo intento de polarizar el escenario con el kirchnerismo en general y Cristina Fernández en particular, como herramienta de temprana campaña electoral ante la debacle del programa económico y el descenso irremontable en las encuestas.

Judicialmente, las peripecias de la causa tienen demasiadas zonas grises: Bonadio incorporó arbitrariamente los nuevos hechos a un expediente relacionado con el pago de sobreprecios por gas importado, en una práctica que se conoce como forum shopping y que se aplica para evitar el sorteo aleatorio de un nuevo juzgado; en los allanamientos en la casa de Centeno y en otros domicilios indicados por él, no se encontraron los originales de los cuadernos hasta que el chofer “recordó” que los había quemado, por lo tanto, no se pueden realizar las pericias correspondientes para verificar si fueron redactados cuando Centeno relata; a la cabeza de la investigación y del expediente están un juez “de la servilleta” menemista (Bonadio) y un fiscal (Stornelli) muy cercano a Macri, a tal punto que en 2007 integró la Comisión de Seguridad de Boca Juniors impulsada por el actual presidente cuando conducía el club, junto al juez Ariel Lijo, los fiscales Raúl Plée y Gerardo Pollicita (todos representantes de la derecha del “partido judicial”) y por Guillermo Montenegro, hoy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el bloque PRO, en ese entonces secretario de Seguridad del Gobierno porteño. Ambos funcionarios judiciales son hombres muy cercanos y con asiduas visitas a la Embajada de EE.UU. y según la crónica periodística, Bonadio fue la “estrella” en los festejos en la sede diplomática el pasado 4 de julio, Día de la Independencia norteamericana. Por último, quienes ofrecieron las principales pruebas son un exoficial de Arsenales del Ejército (Centeno) que oficiaba de chofer de Baratta, pero al parecer tenía acceso a las máximas instancias de decisión y fue tan meticuloso para anotar cada detalle en el pasado, como desmemoriado para precisar el destino de los cuadernos en el presente, y un exsargento de la Policía Federal Argentina (Jorge José Bacigalupo) que conocía a Centeno y tuvo acceso momentáneo a los cuadernos (que, por otra casualidad, acercó al periodista de La Nación Diego Cabot, quien los entregó a la Justicia) y manifestó una clara animosidad política. En el año 2011, en comentario de un blog de militares retirados que reivindican desde el genocidio argentino de la última dictadura militar hasta el Termidor francés de la Gran Revolución (el portal se llama “Termidorianos”), Bacigalupo se enfurecía con aquellos que quieren “instaurar ‘la patria socialista’ de Marx, o ‘el nuevo orden’ que pregonara Gramsci (y) en el campo de batalla fueron derrotados”.

Demasiados prontuarios juntos y amontonados en el mismo lodo, como para erigirse en los portavoces y héroes del honestismo y las manos limpias.

La pista china

Pero la ofensiva es demasiado densa como para reducirla a las ansias de justicia de dos de los más impresentables referentes del “partido judicial” y a la audacia periodística del diario de la derecha criolla.

La cercanía de Bonadio y Stornelli a la Embajada y el peso de los encarcelados (por primera vez caen empresarios relativamente importantes) convierten en verosímil la hipótesis que deslizaron algunos analistas (entre ellos, Carlos Pagni) sobre la disputa geopolítica internacional que cruza el turbio entramado que protagonizan expolicías y militares de pluma fluida y precisión milimétrica y los peores representantes del poder judicial: la posible mano invisible de los intereses norteamericanos (incluso con participación de la CIA) preocupados por el avance de los capitales chinos en el mundo en general y en Sudamérica y Argentina en particular.

El enfrentamiento entre EE.UU. y China se produce a cielo abierto a escala internacional, pero el 28 de julio pasado el periódico The New York Time publicó un extensísimo artículo a propósito de la construcción de una estación espacial china en la Patagonia en el que se afirma: “La base solitaria es uno de los símbolos más impactantes de la estrategia que Pekín lleva implementando desde hace tiempo para transformar Latinoamérica y dar forma al futuro de la región, a menudo a través de maniobras que socavan directamente el poder político, económico y estratégico de Estados Unidos en ésta”. Además, la nota relata las preocupaciones estadounidenses por la considerable expansión del comercio chino en la región, el rescate a Gobiernos por parte de Pekín, la construcción de grandes proyectos de infraestructura y el fortalecimiento de los lazos militares, entre otras cuestiones que preocupan a EE.UU..

Uno de los detenidos por Bonadio, Carlos Wagner, propietario de la constructora Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción logró numerosas adjudicaciones de obras bajo el kirchnerismo y también construyó la famosa estación espacial en Neuquén (la empresa de Wagner fue subcontratada por la firma estatal China Harbour Engineering Company). Gerardo Ferreyra de Electroingeniería (otro de los encarcelados) obtuvo -junto a un consorcio compuesto por capitales chinos- la adjudicación en 2014 para la construcción y operación de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic a la vera del río Santa Cruz. Según algunas versiones, Macri intentó dar marcha atrás con esos acuerdos, pero la -en ese momento canciller- Susana Malcorra le recomendó la continuidad de los proyectos para evitar malos entendidos y problemas con el gobierno chino (que además, también es financista de la Argentina).

El artículo del diario neoyorquino asegura que los Gobiernos de la década pasada en la región, a los que califica generosamente como “de izquierda” fueron muy receptivos a los pedidos chinos, pero: “A pesar de que hay lugares de América Latina que están dando un giro hacia la derecha en términos políticos, los dirigentes de la zona han adaptado sus políticas para satisfacer las demandas chinas. El dominio de Pekín en una gran parte de la región, y lo que significa para la relación con Estados Unidos, se ha vuelto cada vez más evidente”.

Más allá de los pormenores y de las sórdidas crónicas policiales que ocupan este proceso, detrás de los avances judiciales opera una salvaje disputa entre emporios empresarios (nacionales y extranjeros), que se torna más feroz y sin límite al calor de la aguda crisis económica.

En la mañana del sábado, el portal Infobae reveló y publicó entera la copia de uno de los cuadernos que involucra directamente a Paolo Rocca y el Grupo Techint, que había sido prolijamente protegido por La Nación y Clarín en sus informes periodísticos. Marcelo Bonelli había afirmado en su columna del viernes: “También fueron perseguidos aquellos que tenían concesiones previas al kirchnerismo y no aceptaron pagar coimas. Por eso, hubo pocas excepciones a la regla general. La firma Techint de Paolo Rocca se autoexcluyó de muchas licitaciones, así como Panedile de Hugo Dragonetti”. Las oficinas de holding ubicadas en la calle Carlos Della Paolera 297, en el barrio de Retiro, fueron allanadas, los investigadores se llevaron varias cajas con documentación, pero no hubo detenidos en la empresa más importante de producción de acero del país y con sucursales en varios países del mundo.

Estos elementos emparentan a la repentina denuncia y el proceso abierto por Bonadio con el operativo conocido como “Lava Jato” en Brasil. Basados en indiscutibles hechos de corrupción reales, los procesos encabezados por los miembros del “partido judicial” formados o aliados a EE.UU., apuntan a liquidar dos pájaros de un tiro: sacar de la cancha a los opositores políticos y dejar fuera del escenario a jugadores locales (o a otras potencias regionales) para allanar el camino a la penetración de sus empresas en los negocios y mercados de la región.

Todavía hay que medir las dimensiones toma la causa, pero el itinerario de los jueces, así como la línea regional en la que se enmarca, son muestra suficiente de que los intereses de fondo de este “lava jato” criollo no responden a la intención de hacer justicia.

Corrupción y “burguesía nacional”

Toda la oscura trama de la ofensiva judicial y la disputa internacional que la atraviesa, no niegan en lo más mínimo que la corrupción acompañó como la sombra al cuerpo a los Gobiernos llamados “progresistas”. En Brasil está más que demostrado, pese a que el hecho por el que está preso el expresidente Lula no está probado en la causa y muchos de los acusadores son tan corruptos como los acusados y no son ni siquiera llamados a indagatoria.

Los bolsos de José López revoleados a un convento en una noche de furia con torpeza y desesperación de nuevo rico, fueron sólo un botón de muestra. Así como también, los millonarios subsidios pagados por Ricardo Jaime a las concesionarias de trenes o los desaguisados que terminaron en el crimen social del Once. Julio De Vido y el “devidismo” son indefendibles hasta por los más acérrimos adherentes al kirchnerismo.

Pero además de la descomposición de una parte del personal político que estaba en posiciones de responsabilidad en la gestión del Estado, este desenlace tiene una matriz en el proyecto económico-político: la apuesta a la construcción desde el Estado de una “burguesía nacional” como base de apoyo político y social. En el terreno de las empresas de medios de comunicación, hay otro ejemplo ilustrativo del fracaso de este programa: fue creada una corporación estatal y privada que benefició a empresarios “amigos” con pauta estatal (como Sergio Szpolski, entre tantos otros) que terminaron estafando por partida doble al Estado y a los empleados, dejando a miles de trabajadores de los medios en la calle.

El mito de la “burguesía nacional” sólo sirve para alimentar a funcionarios y empresarios inescrupulosos cuya única patria es el lucro.

La corrupción que hace sistema

Pese a todo, el macrismo no tiene ninguna autoridad para levantar el dedo acusatorio por la corrupción. El Grupo Macri nació de las entrañas de la “patria contratista” y debería estar primero en el estrado de cualquier “Lava Jato”. Los escándalos de los Panama Papers, la deuda del Correo o la reciente estafa por los “aportantes truchos” en la campaña electoral bonaerense de Cambiemos lo hunden en el lodo más putrefacto de la corrupción. Incluso esta causa generó un cimbronazo que llegó la propia familia de Macri. El primer arrepentido, De Goycoechea, exCEO de Isolux, estaba al frente de la empresa que le vendió a Sideco Americana (propiedad del clan Macri) seis parques eólicos licitados por el actual gobierno. Un dato que no aparece en los títulos catástrofe de la corporación mediática empoderada por la pauta estatal. En esta misma causa, está detenido Javier Sánchez Caballero, exCEO de Iecsa, la constructora que fue del primo del presidente, Ángelo Calcaterra.

El caso de los aportantes truchos, como gran parte de esta causa, ponen al desnudo la cuestión del financiamiento de la política tradicional por parte de las diferentes camarillas empresarias que, en no pocos casos, ponen un huevo en cada canasta, para luego exigir la contrapartida en acciones de Gobierno.

Pero la estafa de la corrupción de la burguesía local y sus intermediarios no va a ser “combatida” por agentes judiciales o el gobierno de Macri con este circo de “Lava Jato” que en nombre de la transparencia y honestidad, favorece a intereses más poderosos e incluso de las corporaciones imperiales.

Algunas medidas mínimas y elementales para pelear con independencia contra estas camarillas son abrir los libros de contabilidad de todas las empresas vinculadas a la obra pública para que sean investigadas por representantes elegidos por los trabajadores; el control obrero de la obra pública; la expropiación de las empresas implicadas en casos de corrupción. Que todo funcionario público o legislador cobre como una maestra y sea revocable. Y desmantelar ese antro de oportunistas que es el privilegiado poder judicial (colonizado por los servicios de inteligencia) y que los jueces sean elegidos por sufragio universal, revocables y que se instituyan los juicios por jurados elegidos por el pueblo.

Por último, no hay que desligar la corrupción de los intereses de clase a los que responde y convertir la disputa política en una lucha entre supuestos honestos de un lado y corruptos del otro. La trampa, el engaño, los pequeños negocios laterales acompañan a un negocio mayor: el ajuste y el saqueo en curso en función de la ganancia los que lo tienen todo, pero siempre quieren más.