¿Cuál es la propuesta del Gobierno de Córdoba para los estudiantes más desfavorecidos?

Hace unos días el Consejo de Calidad de la Educación recomendaba al Ministerio de Educación de la Nación "no condenar a la repetición, a la estigmatización o a la deserción a aquellas y aquellos que han tenido dificultades de distinto tipo para seguir el ritmo de las clases". Parece algo bastante razonable. Veamos lo que resolvió el gobierno provincial.

Una resolución contra los estudiantes pobres

El 14 de septiembre el ministro de educación de la provincia, Walter Grahovac firmó la resolución 343. En ella se dispone sobre la acreditación y promoción de los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

Tal vez lo más escandaloso sea el último párrafo del artículo 2: “Aquellos estudiantes que por diversas razones no establecieron vínculo alguno con una institución escolar o lo hicieron de manera insuficiente y no lograron superar el treinta por ciento (30%) de las actividades y/o aprendizajes propuestos, se les reconocerá el último grado/año acreditado como punto de partida para la continuidad de su trayectoria escolar”.

Como muestra de cinismo es excelente. El gobierno que no ha brindado a los niños, niñas y adolescentes las condiciones para vivir y aprender, que ha llegado a discontinuar incluso la ayuda alimentaria en semejante crisis, pone la responsabilidad de la realización de las actividades escolares en los estudiantes y sus familias.

Hay que recordar que ni siquiera se han cubierto las vacantes en miles de cargos y horas de cátedra, con lo cual se ha dejado sin docentes a miles de niños mientras se sobrecargó de trabajo a cientos de docentes, y se dejó a miles de docentes en la calle. Está claro que hay una responsabilidad estatal que ha sido eludida por parte de un gobierno que incluso ha evitado invertir en educación el dinero que ya había presupuestado. Para Schiaretti el ahorro consiste en derechos sacrificados.

A los estudiantes que no tuvieron la posibilidad de alcanzar el referido 30%, “se les reconocerá el último grado/año acreditado como punto de partida para la continuidad de su trayectoria escolar”. O sea, repiten. Les da apuro decirlo, pero no tienen ningún problema en castigar con la repitencia a quienes no tuvieron las condiciones humanas y pedagógicas mínimas para estudiar. Que no son pocos.

Según el Observatorio de la Deuda Social la pobreza en Argentina se ubicaría en un 44.7% y la indigencia en el 10.3%. UNICEF Argentina ha proyectado que a fin de año el 62.9% de los chicos será pobre. No se han publicado números oficiales, pero desde la cartera educativa de la provincia se habría admitido ante la Legislatura que un 20% de los niños tienen problemas para acceder a la educación remota.

Las palabras y el ajuste

El 9 de septiembre el gobierno prometió licitar computadoras, mientras tanto los chicos siguen sin acceso a una alimentación adecuada, sin conectividad y, por el momento, sin acceso a dispositivos. Cada vez más chicos quedan fuera del sistema educativo. La situación viene empeorando y todas las proyecciones apuntan a un agravamiento de la situación social. Qué va a pasar con los chicos que viven hacinados, que tienen que trabajar o que no tienen wifi. El ministerio sólo habla de condiciones de acreditación, como si la educación quedase reducida a una planilla de excel, y como si todos tuviesen las mismas posibilidades.

Está clara la política antipopular del gobierno del peronismo de Córdoba. También es cierto que las y los docentes que sostienen la educación cotidianamente sí están interesados en que los chicos no repitan. Y están organizados en un sindicato con personería gremial, que es la UEPC. Que, como se adivina, tiene una responsabilidad respecto de la defensa de la educación. ¿Qué hizo a este respecto?

Sacó una declaración denunciando que “para que haya promoción y acreditación, los alumnos deben tener docentes”. Cabe esperar que tales palabras, aun cuando son limitadas a un estrecho corporativismo, se traduzcan en alguna lucha real. Sin embargo, tal vez por haber extendido la familia de la lista Celeste a todo el Ministerio de Educación, tal vez por compartir la orientación política del peronismo en Córdoba, tal vez por entender que los sindicatos deben estar integrados al Estado, quizá por todo ello no han movido un dedo para que sean garantizados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ni para que haya nombramientos de personal docente, o para que se respete a las compañeras de limpieza y de Paicor.

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Organizar la fuerza social para frenar este ataque

Las vidas precarizadas son centenares de miles en esta provincia, una de las más ricas del país. Son docentes que no accedieron a su trabajo, o que están con situaciones de inestabilidad laboral, compañeras de limpieza o camareras del P.A.I.Cor que cobran una miseria y no tienen elementos adecuados para cuidar su salud, estudiantes y familias que se han empobrecido en estos meses de pandemia y cuarentena. Son los verdaderos interesados en defender la educación pública, el derecho a la educación, para que ninguno quede excluido.

Todos dicen que la educación es una prioridad, que es el futuro, y frases por el estilo. Hay que ver qué hacen. El gobierno tiene que dejar de hacer pagar el ajuste en educación a los sectores pobres. Es urgente que se ejecute la totalidad del presupuesto destinado a educación, y que se amplíe para sostener las nuevas demandas que la imposibilidad de la presencialidad en las escuelas ha impuesto.

Para que estas peleas se den con fuerza, y obliguen a la conducción de los sindicatos a tomarlas en sus manos, tienen que ser articuladas desde abajo. Por eso desde Docentes D-Base y el Movimiento de Agrupaciones Clasistas ayer estuvimos en las calles acompañando a las trabajadoras de limpieza junto a la concejala por el PTS en el Frente de Izquierda Laura Vilches. Y nos sumamos a la convocatoria de la red de precarizados a la asamblea del próximo 13 de octubre, que será una oportunidad para debatir, coordinar y organizar la fuerza para que semejante crisis social no sea pagada por nosotros.