El ministro de Justicia anticipó que mandará un proyecto al Congreso para bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos como robo o hurto. El mismo gobierno que amplifica la miseria y precarización de la vida de millones de pibes y pibas, plantea la cárcel como “destino” para quienes quedan a merced del gran delito amparado por policías y funcionarios.
Daniel Satur @saturnetroc
Lunes 15 de enero 15:26
Este domingo el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona fue entrevistado por la oficialista Radio Rivadavia. Allí habló de diversos temas y anunció su intención de enviar al Congreso, durante este año, un proyecto de modificación de la Ley 22.278, que hoy establece en 16 años el piso etario de imputabilidad. Según expresó, el gobierno de La Libertad Avanza quiere que ese piso baje a 14 años.
Para fundamentar su idea, afirmó que quienes tienen esa edad ya “muestran una personalidad que merece la atención y la sanción”. En ese marco, dijo que le “gusta” bajar la imputabilidad a 14 años “para todos los delitos”. Incluso afirmó que ése es el límite de edad “que sostienen casi los 30 proyectos” que supuestamente tiene “arriba del escritorio” y hasta hoy “no han tenido acogida legislativa”.
El ministro no especificó autorías de esa treintena de proyectos aludidos. Quizás entre ellos esté el del excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien hace años se ha declarado admirador (como Javier Milei) del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y también brega por la baja de la edad de imputabilidad, entre otras medidas de mano dura (como la incursión militar en los barrios populares para “combatir al narco”).
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Cuando Libarona dice “todos los delitos”, curiosamente no menciona hechos de sangre (como suelen hacer los sectores manoduristas cuando se produce un asesinato, por ejemplo) sino hechos como “un hurto o robo”. Es decir conductas contra la propiedad material, mayoritariamente relacionadas con las condiciones socioeconómicas de quienes roban o hurtan.
Generalmente, las motivaciones de un joven para robar o hurtar son pocas: comer, tener algún bien “legalmente” inaccesible para sus bolsillos o bien, como en muchísimos casos, “trabajar” para un tranza o para un comisario. El caso de Luciano Arruga, en La Matanza, es emblemático de esto último. En 2009, con 16 años, se negó a robar para la Policía Bonaerense y terminó desaparecido y muerto.
Sabiendo de esas condiciones socioeconómicas, Libarona se ataja y dice que él lo que quiere es garantizar “la reinserción social” y el “acceso a la educación” de las y los menores de edad que serán condenados si su proyecto prospera. Si no, agrega, el sistema penal “no sirve”. Por eso propone para esa franja poblacional, penalizada tras cometer un robo, “cuidado, atención, reeducación, trabajo y formación”.
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Lo contradictorio o, mejor dicho, la falacia de lo que dice Cúneo Libarona es que, precisamente, él integra un gobierno que desde hace un mes ejecuta un feroz ataque a las condiciones de cuidado, atención, educación y trabajo de millones de niñas, niños y adolescentes. Tanto con el “caputazo” como con el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus, La Libertad Avanza demostró su intención de quitarle cada vez más ingresos a los sectores empobrecidos de la sociedad y, a la vez, garantizarles más pingües negocios al poder económico.
Si el gobierno del Frente de Todos dejó cifras catastróficas en términos de pobreza e indigencia infantojuvenil, las consecuencias de las políticas libertarianas serán de una aún mayor ultraprecarización de la vida de la juventud trabajadora y pobre. Y frente a los efectos más violentos y degradantes de esas políticas, los “cerebros” jurídicos del Gobierno proponen más balas, más rejas y más inhumanidad.
Cúneo Libarona disfraza sus motivaciones de clase con eufemismos. Dice que debería haber un “tribunal especializado” para las y los destinatarios de su proyecto penalizador, “con asistencia y defensa al menor, cuidado tutelar al imputado y a la víctima, y debe tener un sistema mucho más rápido que el juicio de mayores”. Por otro lado, asegura: “No me sirve que el menor vaya a una cárcel donde hay capacidad para 200 chicos, pero se alojan 350. Salen peor que como entraron y después pasan al régimen de mayores. Es espantoso”.
Su carga de cinismo es muy alta. Constata que en las cárceles hay niveles de superpoblación extremos, pero propone seguir llenándolas de presos. Habla de asistencia y defensa del menor, pero justifica las medidas que fuera de la cárcel dejan a esos mismos menores a la deriva y los llevan a integrar las redes de negocios ilegales (manejadas por “mayores” que el mismo Estado protege). Y por si fuera poco, reconoce que de las cárceles “salen pero que como entraron”, pero a la vez reivindica al mismo sistema penitenciario que, justamente, empeora todo.
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Libarona se muestra sensibilizado con aquellos que “tienen la posibilidad que tal vez otros no tuvieron de poder volver a reinsertarse en la sociedad adecuadamente”. Una definición rayana con la perversión. ¿Quiénes serían, según él, los “otros” que no tuvieron la posibilidad de “reinsertarse” de forma “adecuada”? ¿Serán quienes hoy, ya mayores, pueblan las cárceles (en muchos casos sin condena) y que hace diez o quince años tenían la corta edad que hoy “le gusta” al ministro para fijar como piso de imputabilidad? La Hipocresía Avanza.
“No creo en la sanción”, dice el millonario abogado devenido en funcionario del Estado capitalista. “Tenemos que darles herramientas para poder reinsertarse en la sociedad”, vocifera por Radio Rivadavia. “Démosle otra oportunidad, no hagamos como con el mayor de 50 que ya tiene su personalidad formada y entra en la cárcel así nomás”, agrega en un nuevo giro provocador.
Una vez más, como ya se vivió en 2004 con el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg (a quien el kirchnerismo “honró” con leyes de mano dura) o en otros tantos momentos de la historia reciente, afloran los “profetas” de la panelización y el encierro. Los mismos que justifican con sus palabras y acciones las políticas socioeconómicas que hunden a millones de personas en la miseria y degradan las relaciones sociales, dejando servidos en bandeja para las redes de los negocios ilegales a miles de niñas, niños y adolescentes.
No por trillado y efectista lo de Cúneo Libarona deja de ser peligroso. Además de ser ministro de un Gobierno que no reconoce “límites” institucionales para intentar imponer sus políticas, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad podría encontrar muchos adeptos en el Congreso, sean peronistas, radicales, del PRO o “federales”. Sólo el Frente de Izquierda se niega a sancionar leyes que profundicen aún más el control policíaco-militar y la represión contra las mayorías sociales.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).