El Ministerio de Trabajo de PBA de Walter Correa pidió el acuerdo. Se empieza por citar las necesidades del Gobierno Nacional. Una verdadera “unidad nacional” contra la clase trabajadora y sus derechos.
Lunes 19 de septiembre de 2022 21:03
Como venimos informando en La Izquierda Diario los trabajadores y las trabajadoras de la planta de Mondelez Pacheco están siendo atacadas por la patronal. La multinacional quiere imponer mayores condiciones de precarización laboral, imponiendo que trabajadores de distintos sectores cubran tareas que no les corresponden, luego de que la empresa despidiera, en el último periodo, a casi 300 trabajadores contratados. Si se cuenta a más largo plazo, son cerca de 1.000 trabajadores los que fueron despedido.
Frente a ese ataque, la bronca obrera se hizo sentir de inmediato en muchos lugares de la empresa. Como informamos en este medio, el rechazo a la propuesta fue inmediato y contundente, en asambleas de los tres turnos. Allí, durante la discusión, se propusieron medidas de lucha y planes de acción en contra de este intento flexibilizador.
En particular hay muchísima bronca contra la Comisión Interna, que está dirigida por la agrupación Celeste y Blanca, que está integrada por militantes del PCR (Partido Comunista Revolucionario-CCC).
Ahora empezó a circular el acta acordada entre la empresa, Rodolfo Daer del STIA y Mondelez que llevaron al Ministerio de Trabajo y que aún no dieron a conocer a los trabajadores. Un acta donde están las firmas de los representantes de la patronal, de la conducción del sindicato de la alimentación y de la Comisión Interna.
El acta implica un ataque ilegal contra las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la planta. Violando abiertamente la Ley de Contratos de Trabajo (20.744), intenta imponer cambios en las tareas de los trabajadores sin el consentimiento de los mismos.
El acta dice, entre otras cosas, que el personal de la planta “llevará a cabo indistintamente, las tareas que la EMPRESA determine según necesidades operativas en los sectores de envasado y elaboración”.
Pero el intento de flexibilización no termina ahí. También dice que “las velocidades de las líneas de producción podrán ser reguladas, sin que genere problemas operativos, a discreción de la compañía en función de las necesidades operativas correspondientes. Las velocidades se ajustan al correcto funcionamiento de las líneas de producción”.
El acta habla de tomar en cuenta “la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras”. ¿Pero quién va a controlar eso? ¿La misma Comisión Interna que está firmando el cambio de tareas ilegal?
En el mismo sentido de imponer mayores condiciones de flexibilización, el acta también dice que la patronal busca “poder trabajar activamente con la representación sindical en buscar soluciones tendientes a la reducción del ausentismo”.
Los fundamentos en los que se basa son un verdadero engaño. Se usan argumentos realmente absurdos. Por ejemplo, se habla de que “en el complejo escenario económico y social (…) la industria de la alimentación (…) ocupa un rol clave en el proceso de recuperación económica” y que, en función de eso, debe ser parte de los que garanticen “el pleno abastecimiento de la cadena productiva, para que no se registren faltantes de alimentos”.
Pero en la Argentina no hay “desabastecimiento” ni “faltante de alimentos” por problemas de la cadena productiva. Lo que hay es, muchísimas veces, desabastecimiento causado por las maniobras que hacen las grandes empresas para garantizarse aumentos de los precios de sus productos. De hecho, Mondelez está entre las empresas del sector de alimentos que más vienen ganando, junto con Arcor y Molinos.
Al permitir esta acta, el Ministerio de Trabajo avalaría un acuerdo que flexibiliza condiciones laborales para cumplir los pedidos de las patronales.
El acuerdo es ilegal. La patronal, la conducción de Rodolfo Daer y la Comisión Interna que dirige la Celeste y Blanca (CCC-PCR) lo saben. Por eso incluyen en el acta acuerdo algo que presentan como una “compensación económica”. Por un lado, una suma no remunerativa de $ 30.000 que se va a pagar en tres cuotas. Por otro lado, un voucher de $ 23.000 para canjear en la proveeduría de la planta.
Pero el acta dice que eso “se encuentra supeditado a que el personal (…) lleve a cabo lo contemplado en las cláusulas precedentes desde la firma de la presente acta y para lograr el mejor desarrollo operativo de la Planta”.
O sea, dicho más fácil. Es una extorsión, un chantaje contra los trabajadores para que acepten el cambio de condiciones laborales.
Pero acá también hay otra trampa contra los trabajadores y las trabajadoras. Porque lo que hace el acta es cambiar las condiciones laborales hacia el futuro de manera permanente. No es que el cambio es por plazo determinado de tiempo o hasta que se “solucione” el desabastecimiento que el acta dice que hay. No. Es un cambio de condiciones que queda hacia el futuro.
Ahora, incluso ni no estuviera violando el artículo 66 de la Ley de Contratos de Trabajo, en este tema la patronal también estaría aumentando la precarización laboral. Porque a cambio de imponerles mayores tareas u otras que no se corresponden, solo les está otorgando un monto por única vez. El acta no implica aumentos salariales, sino una suma que se pagará por única vez.
Por último. El acta consigna que “LAS PARTES asumen el compromiso de mantener la paz social a todos los efectos y la normalidad de los procesos productivos”. Es decir, Daer y la CCC-PCR garantizan que los trabajadores y las trabajadoras no puedan pelear mientras le permite a las empresas atacarlos, intentando flexibilizar aún más condiciones laborales.
Este intento es una verdadera avanzada contra los derechos adquiridos y los de convenio. Aplicar la flexibilización laboral por fábrica, como avanzaron en Toyota o en petroleros, es el plan del Gobierno nacional de CFK, Massa y Alberto. En el caso de Mondelez, este intento se hace bajo la órbita del ultra-kirchnerista Walter Correa, actual ministro de Trabajo del Gobierno de Axel Kicilloff.
El sistema de precarización de trabajo en Mondelez, donde durante 6/8 meses tienen contratados a 300 jóvenes (en su mayoría familiares de los trabajadores) para luego echarlos a la calle y que esos puestos sean cubiertos de forma indistinta por los trabajadores efectivos es un plan realmente siniestro que es resistido y genera bronca y hasta odio en los trabajadores. Por eso la lucha contra este ataque sigue y sectores de los trabajadores se siguen organizando para enfrentarlo.
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Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
