Esta semana se conmemoran 5 años de la revuelta del 2019 y los partidos tradicionales y sus intelectuales buscan acomodar la historia a sus intereses. Los resultados de las últimas encuestas apuntan a igualar octubre a algo malo o que es rechazado por la población, pero la verdad es que más allá de la impresión coyuntural que pueda existir del 2019, las causas estructurales (salud, educación, pensiones, etc) que provocaron dicho evento siguen vigentes y mientras ello no se resuelva, el intento por criminalizar la movilización será solo temporal.
Lunes 14 de octubre
La escritura de la historia siempre ha sido un campo de batalla y como en cualquier batalla, la verdad será escrita por los vencedores. Ambas sentencias son válidas para hechos remotos o recientes y sin dudas hoy hay un combate por la memoria de la revuelta del 2019.
Los partidos tradicionales y la derecha llevan años intentando igualar la revuelta a violencia y delincuencia. Los más conspiranoicos atribuyen la movilización a extranjeros infiltrados para organizar un golpe de Estado orquestado por Venezuela y la izquierda radical.
Lejos quedó ese discurso cubierto de miedo y una cínica culpa de "compartir privilegios" que tenían desde Cecilia Morel hasta Luksic, quien decidió subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos en el holding Quiñenco como gesto ante la terrible desigualdad que se vivía -y vive- en el país.
Los intelectuales del sector “no la vieron venir” o abrieron reflexiones sobre el malestar provocado por las promesas incumplidas de la democracia y la movilidad social.
Ambos grupos acuerdan en que la revuelta solo fue perjudicial para el país. En un intento de imponer un balance negativo del proceso y sus resultados, y de paso volver un tabú la movilización social ya que tras esta operación está el profundo miedo de la derecha y los empresarios a la entrada en la escena política los millones de trabajadores, jóvenes y mujeres que se volcaron a las calles a exigir soluciones para sus pesares frente a un Estado que respondió con represión, muerte y tortura a las exigencias de igualdad.
Mientras la derecha escupía espuma por la boca, la ex Concertación intentó recuperar algo de su ethos fundacional, pero tras 30 años de administración neoliberal, ello ya no tiene cabida. Sus partidos, sumidos en la peor crisis de su historia se dividió en un sector que giró a la derecha y que terminó formando nuevos partidos (Demócratas, Amarillos, etc) y otro que, presionado por la realidad buscó recuperar parte de su legitimidad haciendo eco de las demandas sociales, pero quienes han pasado por la escuela de administrar la herencia de la dictadura no hay vuelta atrás. Estos partidos, desde la DC hasta el PS son partidos empresariales, que hicieron hasta lo imposible por apagar el incendio. Esto se reflejó en la salida que dieron a través del “Acuerdo por la paz y Nueva Constitución" que vino posteriormente.
Sin caer en lo más burdo de la derecha, este sector también quiere escribir una historia a su medida, una donde algunas demandas eran válidas (en la medida que no impliquen cambios radicales en el modelo) pero se rechaza totalmente el método de la protesta social.
Estos son los que hablaron de cambio constitucional pero después hicieron lo imposible para que ello no ocurriera.
Despues esta el sector del gobierno (FA y PC) que de forma camaleónica se montaron sobre la ola de la movilización pero jugaron desde el primer dia, un rol de conciliación e intentaron frenar la radicalización, fuera en la política como en los métodos (no es la forma decian).
Sus dirigentes, como útiles hijos de la concertación (en muchos casos esto es literal) se transformaron rápidamente en preservadores del modelo. El principal referente de esta línea fue el propio Boric que, contra la voluntad de su propio partido, firmó el Acuerdo por la Paz, la herramienta que elaboraron la derecha y la concertación con el visto bueno de los empresarios, para dar una salida pactada a la crisis. Esto solo días después del paro del 12 de noviembre que puso sobre la escena la enorme fuerza que tiene la clase obrera y los sectores populares cuando, con los métodos de la lucha de clases, muestra su voluntad de lucha para la conquista de sus demandas.
El gobierno y su sector se encuentra dividido entre reivindicar el proceso como un cuestionamiento a lo más rancio del neoliberalismo, pero queriendo descartar la violencia y la movilización popular.
Quieren borrar la imagen de Boric y Winter increpando militares, quieren borrar del imaginario colectivo al Negro Matapacos, la Plaza Dignidad, la primera línea, las brigadas de salud y tantos espacios que surgieron durante el proceso. Quieren una historia higienizada, digerible para el relato oficial, condenando las violaciones a los derechos humanos, pero felicitando y rindiendo honores a policías y militares.
Lejos de estas lecturas, desde este espacio creemos que es deber de quienes aspiramos a terminar con este sistema capitalista, combatir estos intentos de instalar una historia oficial, donde el cambio radical es imposible y solo se puede aspirar a reformas donde somos espectadores mientras son otros los que deciden por nosotros.
Batallar por una historia y memoria para sacar lecciones para el presente es necesario y urgente. Defender el derecho a la movilización, a la protesta, a que seamos los trabajadores y el pueblo quienes seamos decidamos sobre nuestras vidas, es elemental.
La violencia y movilización que rechazan desde el gobierno y la oposición burguesa, es la expresión inevitable de años de humillaciones, de condena a la miseria y la explotación, para que un puñado de empresarios se hicieran ricos mientras no existe el derecho a la salud y educación, al derecho a jubilar sin caer a la pobreza. Demandas que siguen vigentes y por las que sigue siendo necesario combatir.
