Magisterio. Declaración patrimonial, otra carga administrativa para los maestros

En México, la corrupción y el enriquecimiento ilícito siguen siendo delitos frecuentes. Por ejemplo, es el país peor evaluado en cuanto a corrupción, de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De ahí que el gobierno federal haya dispuesto la obligación de hacer público el patrimonio de los funcionarios, como un mecanismo que en teoría serviría para fomentar la trasparencia y la rendición de cuentas por parte del personal de la administración pública.

Sin embargo, esto no ha sucedido, ya que sigue habiendo altos funcionarios que no sólo continúan teniendo salarios muy superiores a los del común de los trabajadores, sino que además viven con lujos o tienen propiedades que sobrepasan su nivel salarial. Lo que contradice la afirmación del presidente de que se acabó la corrupción.

La exigencia para los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial, que se ha hecho extensiva a cualquier trabajador al servicio del estado, se ha convertido en un engorroso trámite administrativo que además vigila los ingresos que las y los trabajadores obtienen por fuera de su salario -como los que generan por la venta de productos de catálogo, comida, artículos variados, etc.- para obligarles a declararlos al SAT, pero que resulta una burla como mecanismo para “evitar la corrupción” y “fomentar la transparencia”. Así lo demuestra la vida de millonarios que siguen teniendo muchos líderes sindicales, como recompensa por vender nuestros derechos laborales a la patronal.

En el caso del magisterio, en los años recientes se ha forzado a los docentes a presentar nuestra declaración patrimonial, amenazándonos con el despido en caso de no hacerlo. Asimismo, se nos dice que si mentimos puede haber multas económicas.

El gobierno obliga a las maestras y maestros a realizar la declaración patrimonial con el pretexto de ser servidores públicos, que de acuerdo a la definición es ’la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, en cualquiera de sus tres Poderes, independientemente de la naturaleza de la relación laboral que lo ligue con el área a la cual presta sus servicios, obligada a apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia.’

Si bien es cierto que las maestras y maestros somos trabajadores al servicio del Estado, pues es nuestro patrón, la naturaleza social de la labor educativa que llevamos adelante nos coloca en una posición radicalmente distinta a la de cualquier funcionario. No tenemos acceso a ningún recurso público ni tampoco tenemos posibilidades de llevar a cabo actos de corrupción que generen enriquecimiento ilícito a partir de nuestras funciones. Por el contrario, la mayoría de las y los docentes, junto a madres y padres de familia, somos quienes sostenemos económicamente las escuelas y cubrimos sus carencias y mantenimiento cotidianos.

Los salarios de las y los maestros y los de los altos funcionarios

En el caso de los docentes, el salario es sumamente bajo, de acuerdo con un análisis del 2017 de la OCDE, México se ubica en la posición 10 de los países en donde los maestros ganan menos. Los docentes del nivel primaria perciben en promedio 19 mil 893 dólares al año al inicio de su carrera, mientras que en Luxemburgo tienen salarios que ascienden a los 70 mil 192 dólares, en tanto que en Alemania perciben 56 mil 535 dólares.

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Además, al revisar las declaraciones patrimoniales podemos reconocer que la gran mayoría de las y los trabajadores de la educación no contamos con propiedades, tenemos que pagar renta o pagamos a crédito y con muchos esfuerzos un departamento o una casa.

En contraste, en una nota de la revista Expansión se menciona que 13 de los 19 integrantes del gabinete federal perciben más recursos que el presidente López Obrador. Además, algunos no enlistaron inmuebles y no fueron obligados a hacerlo, pues se apegaron al ’derecho’ de no hacer públicos los bienes cuando están a nombre de su cónyuge o en copropiedad.

Personajes como Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, percibe 3.5 veces más que el titular del Ejecutivo, e incluso en su declaración menciona fondos de inversión y actividades financieras que no especificó. Marcelo Ebrard superó en sus ingresos por 1.8 veces a López Obrador. José Rafael Ojeda el secretario de la Marina también percibe más que el presidente por una diferencia de 117 mil 049 pesos.

Por su parte, la Secretaría de Educación Delfina Gómez reportó que gana 1 millón 600 mil 908 pesos anuales; lo que equivale a 133,409 pesos mensuales, lo cual significa que ella percibe en un mes lo que cualquier maestro recibe por un año de trabajo.

Esta terrible desigualdad demuestra lo irrisorio que es la obligatoriedad para las y los docentes de presentar la declaración patrimonial, que se ha convertido en un trámite burocrático y una carga administrativa más, que solo genera confusión y que incluso ha exigido que algunxs recurran al apoyo de contadores para realizar bien el trámite.

Por ello es indispensable exigir que se cancele la obligatoriedad para las maestras y maestros de presentar esta absurda declaración que, además, ni siquiera ayuda a disminuir la corrupción ni la desigualdad.

Tenemos que unirnos para exigir que cesen los privilegios de los altos funcionarios y que todos ganen lo mismo que una maestra, para que dejen de hacer del servicio público una carrera millonaria a costa del erario público o gracias a su vinculación con actividades ilegales.

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