Un debate con la Agrupación Bermellón (impulsada por el Partido Obrero) a raíz de su posicionamiento respecto al trato de los presos y la “seguridad”.
Sábado 17 de febrero de 2018
La agrupación Bermellón (Partido Obrero e independientes) que conduce la Comisión Interna del Fuero Penal de Judiciales junto al kirchnerismo (agrupación Azul), pidió el jueves 8 de febrero mayor seguridad y presencia policial a la Cámara de Apelaciones.
Los hechos
En Lavalle al 1.600, pleno centro porteño, un edificio de juzgados correccionales, fue el centro de una situación particular que hizo tener al Partido Obrero una posición como mínimo polémica. Aparentemente, según el comunicado de prensa de la Comisión Interna del Fuero Penal, un detenido fue trasladado a una indagatoria en aquel edificio, llevando consigo un “arma de grueso calibre cargada”, que le habría suministrado su familia antes de ser trasladado desde la alcaldía. Luego, en el Juzgado, miembros del Servicio Penitenciario Federal le encontraron el arma y la sustrajeron.
A raíz de lo sucedido, los miembros de la comisión interna, integrada por las agrupaciones Bermellón y Azul, emitieron un comunicado expresando su preocupación, criticando las “condiciones de inseguridad y de flexibilidad laboral”.
Además elevaron el reclamo a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional solicitando “que se instale un detector de metales en la puerta del edificio, un sistema de cámaras de vigilancia y se incremente la presencia policial tanto en dicha puerta como en los pasillos del edificio”.
Cuestión de clase
Más allá de que la situación en cuestión y el posible desarrollo que hubiera tenido si el detenido usaba el arma, dan lugar a discutir las condiciones laborales de los empleados judiciales, hay un problema de amnesia en la agrupación Bermellón. El pedido de incremento de custodia policial en la puerta y los pasillos del edificio no implica otra cosa que darle más poder a una de las instituciones más reaccionarias de la sociedad y depositar confianza en ella es lo peor que pueden hacer las conducciones sindicales que se reclaman clasistas y de izquierda en un período en que los trabajadores de conjunto somos constantemente atacados.
Las fuerzas represivas no son únicamente las que se encargan de organizar o controlar los negocios como la trata, el narcotráfico y demás ramas del gran delito; de matar a jóvenes por la espalda como a Pablo Kukoc, o a quienes se niegan a robar para ellos como Luciano Arruga; o de matar a los manifestantes como a Santiago Maldonado o Rafael Nahuel (o su rol clave liberando la zona para que mataran a Mariano Ferreyra).
Son también, por su capacidad de represión, una herramienta clave del gobierno en su actualidad, afirmado incluso por Patricia Bullrich en relación a la Gendarmería, y también demostrado por el hecho de subir a escena y darle el apoyo del gobierno a Chocobar, que tiene sus manos ensangrentadas por el gatillo fácil sobre Kukoc.
Sin ir más lejos, la Policía desató una brutal represión los últimos 14 y 18 de diciembre en la votación de la reforma previsional que puso en crisis al Gobierno. Acercar a la Policía al lugar donde se deben organizar los trabajadores no puede ser una buena decisión.
También en los últimos años se ha demostrado alevosamente el interés de los gobiernos en infiltrarse en las organizaciones populares (Proyecto X de Gendarmería, o el miembro de la PFA Américo Balbuena infiltrado diez años en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh) y en las movilizaciones como las que reclamaban por Santiago Maldonado.
Otro actor clave en este entramado es el Poder Judicial. Es el encargado de judicializar a esos sectores, amenazando constantemente con encarcelar a quienes salgan a las calles, incrementando el caudal de trabajadores que transitan los pasillos de Tribunales. Ataca a sectores populares que pelean por sus derechos, a los que toman fábricas contra los despidos y cierres, a los que se oponen al robo a millones de jubilados, a los que cometen “delitos” según su interpretación. Mientras esa criminalizaciónva contra los que luchan, los empresarios amigos del Gobierno de los CEO están libres negociando en pos de su beneficio personal. La Policía y el Poder Judicial están para defender eso.
Preocupación ausente
En su desvelo por proteger a los trabajadores judiciales, la agrupación Bermellón cae en una posición política que atenta contra la población carcelaria y la población que frecuentemente es criminalizada. En lugar de sentar la discusión en base a las condiciones de vida de los presos y preguntarse por qué un preso llevaría un arma a un juzgado, terminan estigmatizando a los presos como peligrosos para los trabajadores.
¿Acaso vale más la vida de los trabajadores que la de los presos que viven en paupérrimas condiciones y están constantemente expuestos a perderla? Ellos son los que soportan una de las peores facetas de este sistema que, al mismo tiempo, premia a los fugadores de capitales.
La enorme mayoría de los presos proviene de sectores empobrecidos. No son los empresarios ricos que evaden impuestos y los funcionarios corruptos los que llenan las cárceles. La unidad de todos los explotados (tanto quienes viven en mejores condiciones como los judiciales, y los desocupados) es una clave para torcer los brazos del Gobierno en sus planes antipopulares.
Quienes verdaderamente ponen en juego las condiciones de vida de los trabajadores son los mismos que impulsaron el ajuste. No los presos. Más aun teniendo en cuenta que muchos no tienen condena firme (más de la mitad en el caso de las cárceles federales).
Las fuerzas represivas hoy y la organización de los trabajadores
Es necesario detenerse profundamente en una cuestión. La situación política actual, de avanzada neoliberal con cientos de miles de despidos en los últimos años, las contrarreformas políticas del macrismo (entre ellas la previsional votada entre gases lacrimógenos y la laboral que debieron suspender por la mala imagen del Gobierno), el ataque constante al bolsillo de los trabajadores a partir de tarifazos, la política actual del Gobierno de cara a las paritarias, entre otras cuestiones, requieren seriedad y responsabilidad por parte de las conducciones políticas sindicales.
Las fuerzas represivas son concretamente el ejército con el cual el Gobierno y la clase a la representa buscan avanzar sobre los intereses de los trabajadores. Mientras la conducción de la Comisión Interna del Fuero Penal firmaba el petitorio pidiendo más policía, la Gendarmería impedía el paso de los trabajadores del Hospital Posadas para cortar Acceso Oeste en reclamo contra los 122 despidos.
Tampoco es casual que Macri reciba a un policía en la Casa Rosada para legitimar un claro abuso de poder, que los jóvenes sufren constantemente en los barrios. Desde la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, las fuerzas represivas del Estado se pusieron en una ofensiva brutal contra los sectores populares y todo tipo de reclamo.
Es en ese sentido que las conducciones sindicales deben ser precavidas, porque son las mismas que convocan a los trabajadores a manifestarse, lo cual implica la posibilidad de ser reprimidos y luego convoca a las “fuerzas del orden” a cuidar a los mismos trabajadores.
Carece de sentido por todos los ángulos si consideramos que el Partido Obrero viene de haber sido parte de las movilizaciones de diciembre contra la reforma previsional y de tener aún hoy compañeros perseguidos por el Estado como César Arakaki y Matías Ponce.
Una Comisión Interna combativa debería alertar a los trabajadores a no confiar en absoluto en el Estado y en su Policía, y marcar que ellos defienden otros intereses, los de los capitalistas, además del ataque a las conquistas de los trabajadores. No pueden ser la solución, si en realidad son el problema.
Lo que se viene
Después de las elecciones de 2017 el Gobierno se topó con muchos límites para encarar sus planes y se debilita cada vez más, perdiendo apoyo de sus propios votantes. El puntapié inicial a esa caída lo dio la reforma previsional de saqueo a millones de jubilados y pensionados, votada en una sesión entre gases lacrimógenos y balas de goma.
A eso le siguió la fuga de capitales del ministro Caputo comprobada en los Paradise Papers, el escándalo de Triaca negreando a su empleada, las puertas de posibles acuerdos internacionales que se cierran en la cara de Macri (como el pacto Mercosur- UE), la brusca caída de la imagen del Gobierno por sus medidas antipopulares, y lo más importante de todo: las luchas de los trabajadores.
Los miles de nuevos despedidos a lo largo y ancho del país, desde el Ingenio La Esperanza en Jujuy, hasta los mineros de Río Turbio, pasando por el INTI, la pueblada de Fanazul y el Hospital Posadas, por sólo nombrar algunos.
Esa es la punta de lanza con la que los trabajadores unidos daremos por tierra con los planes del Gobierno. La coordinación de las luchas en curso será arrolladora si las organizaciones de trabajadores hacen llegar la voz de esa unidad a nuevos todos los trabajadores.
Por eso hay que hacer un llamado de atención a la agrupación Bermellón. Se le puede pararle la mano al macrismo, pero de la mano de los trabajadores y no de la Policía.
