Perú. Del tajo a la protesta: mineros artesanales tumban al ministro de la gran minería

Miles de mineros artesanales y pequeños mineros peruanos se han movilizado desde el 18 de noviembre, acampando frente al Congreso de la República, bloqueando la carretera Panamericana Sur en puntos clave de las regiones de Trujillo, Ica y Arequipa, específicamente en Nasca y el Puente Ocoña. Su protesta busca exigir la extensión por al menos dos años del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que vence el 31 de diciembre de este año, y un marco legal que permita desarrollar sus actividades con normalidad.

Los manifestantes, provenientes de zonas rurales empobrecidas, denuncian que el tiempo otorgado por el gobierno para regularizar sus actividades es insuficiente, y argumentan que la nueva Ley MAPE, propulsada por el gobierno golpista de Boluarte, no resuelve los problemas estructurales de la informalidad minera. Estas acciones han paralizado el tránsito y afectado gravemente la conectividad, mientras el Congreso destituyó al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, en medio de la crisis, debido a cuestionamientos sobre la gestión del conflicto y la tardía propuesta de regulación de este sector.

Por consiguiente, en este escenario se viene desenvolviendo una poderosa organización de resistencia, donde los mineros artesanales y de pequeña minería se han convertido en una fuerza crítica que desafía las estructuras de poder enquistadas del capitalismo, demostrando que las organizaciones de las clases explotadas pueden confrontar las estructuras del Estado Burgués y la Gran Minería.

1. EL EJÉRCITO INDUSTRIAL DE RESERVA Y LA MINERÍA ARTESANAL

El concepto marxista del ejército industrial de reserva se convierte en una clave fundamental para entender la creciente expansión de la minería artesanal, especialmente en contextos donde las comunidades rurales han sido despojadas de sus tierras y medios de vida. La desposesión de estas comunidades no es un fenómeno aislado ni accidental, sino una manifestación de la dinámica intrínseca del capitalismo, que, al no poder integrar de manera plena y estable a la totalidad de la fuerza de trabajo, obliga a una parte significativa de la población a sobrevivir en condiciones precarias. En este sentido, el ejército industrial de reserva se forma por aquellos trabajadores desplazados, que, ante la falta de una integración formal al mercado laboral, recurren a actividades como la minería artesanal, una forma de subsistencia que, aunque de carácter marginal, se revela como necesaria para la sobrevivencia cotidiana.

Este fenómeno no puede ser entendido sin reconocer el papel estructural que desempeña el capitalismo en la consolidación de la concentración de la propiedad, especialmente en sectores estratégicos como la minería. La Gran Minería se adueña de los recursos naturales y desplaza las formas tradicionales de subsistencia. Las comunidades que anteriormente dependían de la agricultura, la pesca o el trabajo en pequeños talleres, se ven obligadas a abandonar sus formas productivas tradicionales al ser despojadas de su tierra, solo para verse forzadas a incorporarse a actividades de subsistencia, donde el trabajo es inestable y precario.

Este desplazamiento y esta forma de reserva del trabajo, sin embargo, no son contingentes, sino que son una consecuencia estructural del propio funcionamiento del capitalismo. En un sistema basado en la maximización de la tasa de ganancia, la desposesión de los recursos es fundamental para garantizar los márgenes de ganancia de una élite, a costa de la precarización de las condiciones de vida de la gran mayoría. Así, la minería artesanal, lejos de ser un accidente de la modernidad capitalista, constituye una manifestación directa de su lógica depredadora y excluyente, que reduce a vastos sectores de la población a una lucha por la supervivencia dentro de la economía informal, manteniendo al mismo tiempo la concentración de la riqueza en manos de unos pocos.

2. CRIMINALIZACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN: LA IDEOLOGÍA DEL ESTADO BURGUÉS

El Estado burgués, en su carácter de gestor de los intereses del capital, despliega a través de sus aparatos ideológicos una estrategia sistemática para estigmatizar y criminalizar la minería artesanal; este ataque, revestido de discursos sustentado sobre la formalidad, la legalidad y la sustentabilidad, conecta de manera deliberada la actividad minera artesanal con el narcotráfico, la contaminación ambiental y la trata de personas. En contraposición, el despliegue narrativo oculta la verdadera intención de la clase dominante: consolidar las condiciones para la acumulación de capital al expulsar a la clase trabajadora más vulnerables de las periferias productivas.

Por otro lado, la tecnocracia socialdemócrata, actuando como correas de transmisión del capital, refuerza este relato mediante un formalismo legalista que perpetúa la dicotomía entre lo formal e informal, lo legal e ilegal. Esta perspectiva presenta las relaciones sociales de producción como entidades abstractas y desconectadas de las contradicciones del sistema capitalista. Así, se desestima el papel de las movilizaciones populares, reduciéndolas a acusaciones de “lobby minero” que trivializan las luchas legítimas de los trabajadores y refuerzan las estructuras de poder que perpetúan su explotación.

En consecuencia, presentar a los mineros artesanales y pequeños mineros exclusivamente como agentes de destrucción ambiental es una manifestación de la economía vulgar, que ignora las contradicciones intrínsecas del modo de producción capitalista. Lejos de ser agentes autónomos, estos trabajadores representan una fracción del ejército industrial de reserva, empujados a la precariedad por la dinámica expansiva del capital. Su actividad no constituye la causa primaria de la degradación ambiental, sino una expresión concreta de la ruptura metabólica inherente al modo de producción capitalista; entonces, ignorar esta relación dialéctica entre explotación del trabajador y la destrucción de la naturaleza es ocultar el papel central del capital.

Además, este análisis simplista silencia las desigualdades internas de la minería artesanal y la pequeña minería, donde coexisten pequeños grupos adinerados con una mayoría que enfrenta condiciones de pobreza extrema y explotación. Al no matizar estas realidades, se refuerza la narrativa de su desaparición como clase trabajadora, debilitando la posibilidad de una lucha unificada en defensa de sus derechos laborales y ambientales.

En contraposición, la Gran Minería –máxima expresión de la acumulación capitalista– goza de un manto de invisibilidad que oculta la devastación ambiental y social que provoca. La criminalización de los mineros artesanales no es, por tanto, un hecho aislado, sino parte de una estrategia para justificar políticas represivas y burocráticas que promuevan la “formalización” del sector, una formalización que no es más que el sometimiento completo de estos trabajadores a las exigencias del capital, en detrimento de sus condiciones de vida y de los ecosistemas que habitan.

3. LA CAÍDA DEL MINISTRO RÓMULO MUCHO: UNA VICTORIA PARCIAL

La destitución de un ministro del gobierno golpista de Boluarte, como Rómulo Mucho, no es un hecho aislado, sino la expresión concreta de la fuerza que las clases explotadas pueden ejercer contra el aparato político burgués cuando se movilizan con determinación. Mucho, representante directo de los intereses de la Gran Minería y estrechamente ligado a gobiernos neoliberales como el de Alejandro Toledo, encarnaba la subordinación del Estado a los designios del capital; por consiguiente, su remoción expone no solo la fragilidad de los gestores del poder burgués, sino también la potencialidad latente en la acción colectiva de las clases explotadas.

Las protestas encabezadas por los mineros artesanales y pequeños mineros se erigen como una lección histórica de la lucha de clases: han desenmascarado las intrincadas conexiones entre el Estado y su Burguesía, cuya hipocresía se exhibe en los lamentos por la censura de Rómulo Mucho en la Conferencia Anual de Ejecutivos que tiene lugar en Arequipa. Mientras algunos sectores de la burguesía, e incluso socialdemócratas, redactan sendos comunicados por su censura, estas movilizaciones han demostrado que una resistencia democrática, amplia y pública, puede no solo desafiar al orden establecido, sino también arrancar victorias significativas.

4. ORGANIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA LUCHA

Las experiencias de los mineros artesanales y pequeños mineros, así como comuneros, que han asumido la gestión de recursos en áreas donde la Gran Minería ha fracasado o abandonado sus operaciones, constituyen un testimonio viviente de la capacidad de la clase trabajadora para autodeterminarse y romper con la dependencia del capital extranjero.

Así pues, estas experiencias no solo desmienten la falacia neoliberal de la superioridad inherente a la inversión extranjera, sino que también revelan que los trabajadores, organizados democráticamente, pueden convertirse en el núcleo de un modelo alternativo de gestión económica. En este modelo, el trabajo se erige como el verdadero motor de la riqueza, superando el papel subordinado que el capital le asigna como mero apéndice de su reproducción.

Además, las movilizaciones se han distinguido por una deliberación con carácter democrático, participativo y público en cada base, rasgos que las apartan de las tradiciones conspirativas, militaristas y del uso individualizado de la violencia, todavía latentes en ciertos sectores de la izquierda peruana. La organización horizontal y la deliberación colectiva, lejos de ser meras tácticas, se elevan en este contexto como anticipaciones concretas de nuevas formas de relaciones sociales emancipadoras, en oposición directa a las estructuras opresivas del presente.

Sin embargo, estas victorias parciales exponen las contradicciones inherentes que restringen su potencial revolucionario. En primer lugar, se evidencia una tendencia a limitar las demandas al plano estrictamente corporativo, dejando sin articular una visión más integral que permita enlazar estas luchas con una estrategia política de alcance nacional. En segundo lugar, persiste una desconexión con las resistencias populares más amplias, particularmente aquellas que enfrentan al gobierno golpista en su rol de continuidad de la dominación burguesa en su expresión más reaccionaria. Finalmente, se observa la penetración de la clase política burguesa —representada por figuras como Hernando de Soto y Rafael López Aliaga— en la dirección gremial, quienes, al erigirse como mediadores y válvulas de escape, neutralizan la movilización popular y atemperan su capacidad de encontrar soluciones reales, como la expropiación de las concesiones mineras ociosas de la Gran Minería.

La tarea histórica, por tanto, exige superar estas limitaciones mediante la articulación de una perspectiva que unifique lo particular con lo universal, transformando las luchas locales y sectoriales en bases para una ofensiva mayor contra las estructuras del capital y el Estado que perpetúan la explotación y el despojo. Este movimiento no debe limitarse a ser reflejo de la indignación, sino devenir en fuerza consciente y organizada que confronte las raíces mismas de la opresión.

5. LA FORMALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE CONTROL

El proceso de formalización, presentado por el Estado como una panacea, se revela como un instrumento diseñado para perpetuar la dominación sobre los mineros artesanales y pequeños mineros; por lo tanto, no es sino una expresión concreta de la lógica inherente al capital, que oculta, tras el ropaje de la legalidad y el progreso, un engranaje que oprime y explota.
Los estándares ambientales inalcanzables, exigidos sin consideración de las condiciones materiales en que operan los trabajadores, junto con el laberinto burocrático erigido para su implementación, no son accidentes ni errores técnicos: son manifestaciones deliberadas de un sistema que responde a los intereses de la Gran Minería.

La concentración monopólica de las concesiones mineras en manos de la Gran Minería no es un desvío ocasional de la norma, sino la expresión más pura de un Estado que, lejos de representar el interés colectivo, funciona como administrador del capital en su forma más concentrada.
Por lo tanto, la formalización, bajo esta perspectiva, se despoja de su velo ideológico y se revela como un mecanismo sofisticado para profundizar la explotación y excluir del mercado a aquellos que no pueden adaptarse a las condiciones impuestas por las clases dominantes.

En este contexto, el minero artesanal se encuentra encadenado a una doble explotación: primero, por las fuerzas del mercado, que lo subordinan a los precios impuestos por la competencia de los que concentran el capital, y segundo, por las estructuras estatales que lo relegan al margen de la legalidad para defender la propiedad del subsuelo de la Gran Minería.

De lo anterior, este fenómeno se asemeja a lo que algunos han denominado el latifundio minero, una concentración monopólica de recursos en manos de pocos, que reproduce las condiciones del antiguo latifundio agrario, donde el control del acceso a la tierra significaba el control del destino de las masas campesinas. Este "latifundio" no es solo una forma económica, sino también una expresión política del poder burgués que se enraíza en la propiedad privada de los bienes comunes naturales, perpetuando la exclusión del minero artesanal y el pequeño minero para colocarlo en la marginalidad jurídica.

El Estado burgués, con su aparato legal y coercitivo, está intrínsecamente ligado al mantenimiento de las relaciones de producción capitalistas. Por tanto, cualquier solución dentro de su marco será, en el mejor de los casos, una mera reforma que deje intacto el núcleo de la explotación. La verdadera liberación del minero artesanal y pequeño minero, y de todos los trabajadores, radica en la superación del capitalismo mismo, construyendo un orden social donde la gestión democrática de los bienes comunes naturales sustituya al dominio privado del capital sobre ellos.

6. EL CÓDIGO DE MINERÍA DE LA URSS (1923) COMO MODELO

La necesidad de transformar el modelo minero actual, centrado en la acumulación de capital y el saqueo de los bienes comunes naturales, puede encontrar inspiración en ejemplos históricos como el Código de Minería de la URSS (1923). Este documento representa un modelo revolucionario de gestión minera socialista que rompe con la lógica capitalista al priorizar el bienestar colectivo y la soberanía de las clases explotadas sobre los bienes comunes naturales.

El contexto en el que surge este Código es crucial, tras la Revolución de Octubre y en medio de la construcción del socialismo, la necesidad de expropiar a los expropiadores se extendió más allá del ámbito industrial hacia la apropiación de los bienes comunes naturales. En este sentido, el Código de Minería no es solo una legislación técnica, sino una manifestación concreta del gobierno obrero-comunitario aplicada a la gestión de los recursos mineros, donde el control de los medios de producción se extiende al subsuelo, en aras del bienestar de las clases explotadas.

Por consiguiente, este enfoque se convierte en un referente clave para articular alternativas revolucionarias en el presente. Sus principios claves fueron:

• Gestión a Nivel Nacional y Local: La dirección general de la industria minera recaía en el Consejo Supremo de Economía Popular, responsable de planificar estratégicamente la explotación de recursos y garantizar que respondiera a los intereses colectivos. A nivel local, los soviets y órganos de la Dirección Principal de la Industria Minera emitían permisos y supervisaban la ejecución de las políticas, asegurando su adecuación a las necesidades regionales.

• Control Estatal y Social: Se eliminó el monopolio privado, asignando al Estado proletario la propiedad exclusiva del subsuelo. Las concesiones eran temporales, con un enfoque en evitar la concentración de riqueza y asegurar que la explotación beneficiara al colectivo.

• Plazos y Condiciones de las Concesiones: Las concesiones de exploración se otorgaban por un período máximo de cinco años, mientras que las concesiones de explotación permanecían vigentes hasta el agotamiento del yacimiento. En caso de incumplimiento de los plazos establecidos o inacción por parte del concesionario, el Estado tenía la facultad de revocar los derechos y reasignarlos a otros operadores.
A diferencia del enfoque simplista basado en polígonos, el área concesionada se determinaba según la complejidad y los estudios detallados de la formación geológica de los recursos mineros, garantizando una delimitación más precisa y adecuada a las características de los recursos mineros.

• Transferencias Reguladas: La transferencia de concesiones requería autorización estatal, evitando su acumulación en manos de unos pocos y garantizando la equidad en su asignación.
Estos elementos demuestran que una gestión racional y socialista de los recursos mineros es posible, priorizando las necesidades sociales sobre las ganancias privadas.

7. HACIA UNA PROPUESTA REVOLUCIONARIA

Desde quienes militamos por una sociedad socialista, proponemos un nuevo modelo minero que rompa con el monopolio capitalista y la lógica de devastación ambiental impuesta por la burguesía y gestionada a través de su Estado. La minería debe transformarse en un motor para el bienestar colectivo, gestionado democráticamente por las comunidades trabajadoras y habitantes de los territorios.

En tal sentido, frente a la criminalización de los mineros artesanales y pequeños mineros y el saqueo de los bienes comunes naturales por el capital transnacional, es urgente construir una alternativa que garantice la soberanía de las clases explotadas sobre estos bienes, respetando al mismo tiempo la protección de la naturaleza y el equilibrio ambiental.

• Expropiación y Control Obrero-Comunitario: Las grandes concesiones mineras deben ser expropiadas y gestionadas por los trabajadores en conjunto con las comunidades locales, asegurando una explotación racional y sostenible de los recursos.

• Abolición de la Burocracia Ambiental Capitalista: Redefinir las normas ambientales desde un enfoque de los explotados, donde los trabajadores y las comunidades sean los principales actores en la gestión del entorno, desplazando la lógica impuesta por la burocracia burguesa.

• Solidaridad Internacionalista: Vincular las luchas de los mineros artesanales y pequeños mineros locales con las de otras latitudes del mundo, como las protestas de este sector en Colombia o la resistencia a la represión en Sudáfrica en las últimas semanas.

Estas propuestas buscan construir un modelo minero que esté al servicio de las clases explotadas y no del capital.

CONCLUSIÓN: ES VITAL ALENTAR FORMAS DE AUTOORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN

La caída de Rómulo Mucho no es un final, sino un punto de partida; representa la posibilidad de que los trabajadores organizados pueden desafiar y transformar las estructuras que los oprimen. Los mineros artesanales nos recuerdan que la verdadera democracia no reside en los ministerios, sino en la capacidad de las clases explotadas para definir su propio destino. Cada tajo de pico es un golpe contra el sistema capitalista que busca silenciarlos; cada protesta, un paso hacia la construcción de una nueva sociedad.

La lucha continúa, pero no debe limitarse a resistir: es vital alentar formas de autoorganización y coordinación entre los trabajadores y comunidades. Solo mediante la unión y la acción colectiva será posible avanzar hacia una transformación radical que no solo confronte la opresión y la explotación del presente, sino que siente las bases para un futuro donde las clases explotadas puedan gobernar sobre sus vidas y sus territorios.