El decreto que prohíbe la actividad de quema de pastizales y suspende “toda autorización o permiso de quema de vegetación en la zona declarada en emergencia ambiental” durará seis meses. Mientras el extractivismo, principal causa de los incendios forestales, no cesa.
Sábado 5 de diciembre de 2020 13:16
Imagen: @AMBLUISM
La zona del Delta del Paraná en la Provincia de Buenos Aires abarca 11 distritos: San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López.
El decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof también incluye la creación de un comité interministerial de Emergencia del Delta (CIED) que articulará con organismos provinciales, nacionales y municipales y “adoptar las medidas necesarias para elaborar en forma conjunta un Plan de Manejo del Fuego para la zona del delta del Paraná en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”. Sin embargo, solo durará 180 días y no ataca a la principal causa social de destrucción de los humedales, el lucro extractivista.
Durante 2020 se quemaron más de 500.000 hectáreas del Delta del Paraná. Latifundistas y ganaderos son el sector detrás de estas quemas que persigue la explotación comercial de los terrenos naturales de los humedales. Incluso durante la ASPO por Covid-19, la producción agropecuaria fue una de las pocas actividades que el Gobierno nacional y provincial no afectó ni interrumpió y por el contrario privilegió. Según denuncian asambleístas ambientales, las fumigaciones con agrotóxicos fueron en aumento este año, y el Gobierno tiene en marcha el acuerdo de megagranjas porcinas con potencial pandémico, con el Estado chino, que implicaría escalar la producción de soja y maíz transgénicos.
En su letra, el decreto Decreto 1088 dice que "en los primeros meses del año en curso, se han detectado numerosos focos de incendio irregulares en la zona del Delta del Paraná correspondiente a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires", y habla de "un impacto negativo sobre la integridad del ecosistema, poniendo en peligro no solo los principales recursos naturales sino también la calidad de vida y la salud de la población". Pero no hace mención alguna a la identidad social de los responsables, un borramiento de todo sujeto. Parecieran ser naturales o a lo sumo individuales las causas, cuando en realidad es la mano social de empresarios lo que está detrás, la avaricia de quienes negocian al ambiente, devastan la biodiversidad del humedal y con ella las condiciones de vida para poblaciones enteras humanas, de flora y fauna. Por otra parte, lo que pudo conocerse del decreto tampoco hace mención al presupuesto destinado.
Junto a los incendios, otras consecuencias extractivistas vienen siendo la contaminación de las aguas, las inundaciones, el desplazamiento de poblaciones y graves enfermedades. Problemas para los que es imprescindible tomar medidas serias, que avancen en atacar los intereses del negocio extractivista y la especulación inmobiliaria que están en abierta oposición al ambiente y la biodiversidad de los ecosistemas. Mientras el gobierno nacional y los gobernadores buscan profundizar el extractivismo con más fraking y megagranjas, la movilización y la lucha de las organizaciones sociales, ambientales, de los trabajadores y sectores populares viene cuestionando fuertemente esta agenda.
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