El período electoral fue el terreno propicio para volver a instalar, a permear, una vez más, en el sentido común la idea de una reforma laboral. Los argumentos son un testimonio del pasado: recogen todas las falacias noventistas. Se dice que sin una “modernización” de las relaciones laborales el tren de la historia pasará de largo por estas pampas. Que la aplicación del desarrollo tecnológico está limitada por las arcaicas leyes actuales. Que la única forma de crear empleo es barrer con los derechos laborales. Que la desocupación y la informalidad son causadas por la protección legal que la clase trabajadora conquistó con sus luchas históricas.

Son planteos que impulsan las grandes empresas y los candidatos de la derecha. Buscan aumentar los niveles de explotación de la clase trabajadora e incrementar sus ganancias. Como una parodia del eslogan de la Revista Barcelona (una solución europea para los problemas argentinos) en la campaña electoral avanzó la idea de implementar la “mochila” austríaca en este país del sur: se trata de un sistema donde el empresario contribuye periódicamente a un fondo para atender la eventual indemnización de las trabajadoras y trabajadores despedidos.

El Gobierno del Frente de Todos se pronuncia de palabra contra la reforma laboral. No obstante, las reformas que se pretenden generalizar, de hecho, ya están implementadas en numerosas actividades y avanzan en otras. Paradójicamente (o no tanto), en el propio Estado existe el fraude laboral a gran escala: se cuentan de a miles las trabajadoras y trabajadores sin estabilidad laboral, el personal contratado como monotributista y los empleados que realizan tareas de limpieza y mantenimiento a través de empresas tercerizadas. Es decir, que el Estado no garantiza a una gran parte de su personal el derecho a la indemnización, a la sindicalización, a las vacaciones pagas ni al aguinaldo. Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fueron campeones en multiplicar los casos de fraude laboral en el empleo público.

Por otro andarivel, la gran mayoría de la juventud sufre el mismo fraude laboral en las aplicaciones de reparto, en los supermercados, en los comercios, en las fábricas. Una investigación de La Izquierda Diario expuso un presente oscuro: más del 70 % de les jóvenes trabajan en condiciones de precarización extrema. Entre los que tienen entre 14 y 29 años, la desocupación trepa al 16,1 % si son varones y al 22,4 % si son mujeres [1]. No solo eso. En todos los rangos de edades, la desocupación ronda el 10 %. Y la estructural laboral del país opera hace décadas con alrededor de un tercio de la fuerza de trabajo en la informalidad.

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La burocracia sindical de la CGT procede como el gobierno: rechaza de palabra la reforma laboral, pero avala su implementación allí donde está planteada a través de modificaciones en los convenios colectivos o por empresa. También es cómplice de dejar pasar el ataque al poder de compra del salario: desde octubre de 2015 a julio de este año se perdió el 21 % en el sector privado registrado y el 29 % en el sector público. Entre los informales, el retroceso es del 30 % desde octubre de 2016.

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Esta semana se puso en escena el obrar de las burocracias sindicales con el nuevo régimen de trabajo que Toyota pondrá en marcha desde enero en su planta de Zárate. El plan fue pactado con el mandamás del SMATA, Ricardo Pignanelli, que montó una farsa de democracia obrera para votar el nuevo régimen a mano alzada en uno de los gremios que mejor combina dosis de patoterismo y control policial sobre los trabajadores. Desde enero, los sábados se trabajará de forma obligatoria. Antes era opcional, se pagaba como horas extras y los trabajadores rechazaban trabajar porque parte de lo que cobraban como extras lo perdían en el pago del impuesto al salario. Ahora, recibirán una “compensación” con un franco semanal y rotativo, además de $ 8.000 extras por sábado trabajado para cubrir la pérdida de las horas extras. Los días en los cuales los trabajadores estén de franco serán reemplazados por “franqueros”, que actuarían como un turno más en la empresa.

Con el nuevo esquema la producción prácticamente no se detiene en toda la semana. La imposición de los sábados como obligatorios es un avance de la patronal contra los derechos de los trabajadores. Ahora Toyota podrá fabricar más modelos Hilux y SW4, lo cual, evidentemente, es más importante que la salud y las condiciones de vida de los trabajadores. Además, Toyota “prometió” efectivizar un poco más de mil empleados, algo que hasta hace no mucho era lo normal: desde el primer día se entraba a trabajar como efectivo. Eso ocurría hasta que, entre la empresa y el sindicato, aprobaron el “período de prueba”.

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En el contexto de las elecciones en el gremio de la alimentación, medios de comunicación adelantaron que Rodolfo Daer (quien fuera secretario general en la CGT noventista) se propone negociar un nuevo convenio adecuado a los “cambios tecnológicos”. Durante la pandemia, la industria de la alimentación innovó con los trabajadores y trabajadoras “prestados” por McDonald’s, Burger King y Starbucks que la multinacional Mondelez tomó por tiempo de contratación, sin miras a efectivizarlos, y sin las mismas condiciones que tienen los trabajadores de la planta. En la planta Pacheco de esa multinacional los “cambios tecnológicos” tienen repercusión hace varios años: la empresa implementó la robotización de algunas áreas con lo que logró un aumento de la producción, pero también logró que el colectivo de trabajadores esté en peores condiciones.

Esta línea de “actualización” de los convenios había sido anticipada en el Primer Congreso de la Producción y el Trabajo realizado a fines de agosto bajo el impulso del Gobierno de Alberto Fernández. El diario El Cronista relataba que “consultado sobre una posible reforma laboral, el gremialista contestó que ’hay que adecuar los convenios colectivos; el mío es de 1975, pero debe ser acordado en cada actividad’", la respuesta correspondía a Antonio Calo, el titular de la UOM [2].

La “mochila” que facilita el despido

Horacio Rodríguez Larreta cambió su monotonía en el tramo final de la campaña de las PASO para hablar de un cambio en las indemnizaciones. Y ya existen al menos cuatro proyectos para impulsar la “mochila”: uno corresponde al diputado fueguino del PRO, Héctor Antonio Stefani; otro al senador radical y exministro de CFK, Martín Lousteau; el tercero es del dueño de TN Platex, el empresario Teddy Karagozian; y un cuarto proyecto fue elaborado por IPA, una asociación de Industriales PYME.

Como se dijo, la “mochila” consiste en que el empresario contribuye periódicamente a un fondo para atender la eventual indemnización de las trabajadoras y trabajadores despedidos. El proyecto de Karagozian comprende un aporte que va desde un 2% a un 8,33% del salario mensual. El Fondo de Cese Laboral que impulsa Lousteau comprende un aporte del empleador equivalente al 12 % de las remuneraciones durante el primer año y del 8 % los años siguientes. Las estimaciones de los especialistas es que en ningún caso permitiría cubrir el equivalente a lo que actualmente corresponde como indemnización. No solo eso. Además, se elimina el preaviso en el despido, entre otros agravios a los derechos laborales.

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En el blog El Confidencial del Estado Español se analiza este mecanismo porque el Banco Central de ese país también lo impulsa. Allí se explica que les permitiría a las empresas estabilizar sus finanzas en momentos de crisis en el caso de que tengan que recurrir a despidos masivos. Otro beneficio para las empresas es que ya no deberían utilizar el “pervertido” criterio de despedir al trabajador que acumula menos indemnizaciones: todos, viejos y jóvenes, los más y los menos antiguos, estarían sometidos a la misma ruleta rusa que los podría arrojar a la calle. Es decir, toda la clase trabajadora está a prueba a toda hora.

También hay fabulosos beneficios para los trabajadores. Uno de ellos es llevarse su “mochila” (o mochilita, más precisamente) de plata acumulada en el fondo en el momento que decide cambiar de empresa si su talento no es retribuido adecuadamente en el actual trabajo. El otro beneficio es para quienes se jubilan: se pueden embolsar, además del haber jubilatorio, el capital acumulado en el fondo indemnizatorio. Una suerte de “bonus track” para derrochar dinero junto a los nietos. Para que la “promoción” no pueda ser rechazada, el proyecto del fueguino Stefani también plantea que el fondo sea hereditario.

En rechazo a los proyectos de cambios en las indemnizaciones, la candidata a diputada nacional, Myriam Bregman, señaló que en la legislación argentina existe el derecho al trabajo, pero no existe el derecho al despido. Por lo cual constituye un acto ilícito que la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo penalizan con una indemnización. Ahora las patronales y la derecha pampeana quieren más libertad para la explotación obrera.

Si tus peligros son tan sensatos

Esa libertad de llevar su talento por distintas empresas y la posibilidad de una jubilación feliz la gozan en la actualidad los obreros de la construcción bajo convenio de la UOCRA. Tienen un sistema similar al de la “mochila” y viven en un paraíso de empleo no registrado y son hojas al viento de la desocupación en momentos de crisis. No solo eso. El convenio UOCRA incluso es utilizado por numerosas patronales para tercerizar tareas con menor costo. Es lo que ocurre con trabajadores de EMA que realizaban tareas para EDESUR y fueron despedidos por reclamar el pase a planta.

El abogado y coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, escribió un hilo en Twitter en el que refuta la idea de que reemplazar la indemnización por un seguro similar a la libreta de desempleo de la industria de la construcción implique generar condiciones para crear mayor empleo formal. Campos explica que en los últimos trece años la industria de la construcción no creó más empleos que el resto de las actividades. Hasta antes de la pandemia venían relativamente parejos, pero después de la pandemia la construcción quedó rezagada. Por lo tanto, la existencia de un esquema flexible de terminación del contrato de trabajo no condujo a un crecimiento diferencial del empleo registrado. En realidad, el despido libre permite que los empleadores ajusten rápidamente a la baja en contextos de crisis económica. La velocidad de la destrucción del empleo en la construcción fue mucho más rápida que en el resto de las ramas durante las crisis de 2009, 2012, 2016 y 2019/20.

La facilidad para despedir tampoco contribuyó a que aumente el nivel de registro laboral. Según un estudio del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), del Ministerio de Desarrollo Productivo, el 67,8% de los trabajadores no está registrado en el sector de la construcción. Se trata de uno de los niveles más altos junto al que se observa en el servicio doméstico y en la agricultura.

Juan Graña es Doctor en Economía, docente de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) e investigador del CONICET en el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED). En una entrevista que fue publicada en el suplemento Ideas y Universidad dejó varias definiciones importantes: que menos indemnizaciones o contribuciones patronales no generan más empleo; que el crecimiento del empleo está atado al ciclo económico; que en los noventa con retroceso de derechos no hubo generación sustancial de empleo, el que se creó fue precario y derivó en desempleo masivo hacia 2001; que el crecimiento posterior del empleo desde 2003 por el ciclo económico fue con las leyes actuales (claro ya contenían dosis importantes de lo heredado de los noventa).

A su vez, explica Graña, no son segmentos absolutamente separados el formal y el informal. No solo porque el informal amortigua la caída en momentos de crisis económica, como en los últimos diez años, sino porque además las empresas se aprovechan de los informales a través de la subcontratación. Por último, en tanto que se mantiene la brecha de ingresos entre ambos segmentos, los informales logran mantener el ritmo de ingresos de los formales, pero si les quitan derechos a los formales cae la capacidad de defensa de los ingresos del conjunto de la clase trabajadora.

El economista llama la atención sobre que tanto eje por parte del gran capital en la quita de la indemnización se explica por un país con una situación económica inestable. La indemnización, justamente, tiene el rol de sostener el empleo en épocas de crisis, mientras que el nuevo criterio que se va imponiendo es que el trabajador tenga algo de plata para tirar cuando lo despiden.

Por otro lado, la "mochila" consiste en un aporte mensual a un fondo indemnizatorio, lo cual implica, en los términos empresariales, un aumento del costo laboral que es lo que, supuestamente, se quiere reducir. En este punto, el nuevo esquema incluso podría desincentivar la contratación. No obstante, Graña explica que muchas empresas hacen previsiones contables para posibles despidos, por lo cual es un costo que está relativamente incorporado en la ecuación de ganancias. Además, no se puede descartar de ninguna manera que el costo de la “mochila” se descargue sobre el trabajador acortando los salarios.

De toda esta reflexión se desprende que uno de los objetivos centrales de hacer descartables a los trabajadores con el cambio en la indemnización es debilitar su capacidad de organización, imponer mayor disciplinamiento.

Fantasmas noventistas

Es revelador encontrar estudios de las reformas laborales de los noventa, publicados en el ocaso de los ídolos del neoliberalismo, para ver qué se argumentaba entonces y, fundamentalmente, qué resultados se observaron. Es lo que ocurre con el Cuaderno N° 4 del CEPED, publicado en el año 2000. Allí se encuentra un artículo de elaboración coral que analiza las “Reformas Laborales y Precarización del Trabajo Asalariado (Argentina 1990-2000)”.

Se señalan varias definiciones importantes. Una de ellas es que las políticas de reformas laborales no comprenden toda la explicación del deterioro de la estructura social del trabajo. No obstante, las políticas laborales (entre ellas, la reforma laboral) “ha ocupado un lugar importante en las luchas por la definición de la agenda pública". Contra cualquier ingenuidad, el documento se encarga de señalar que las políticas económicas laborales tienen efectos distributivos e inciden en las relaciones sociales.

Pero lo central es que el paradigma neoliberal se instaló en un clima conservador de hiperinflación, ineficiencia del Estado y sucesivas crisis. A lo que se sumó el impulso de los grupos económicos y organismos internacionales (FMI, Banco Mundial) para fijar prioridades de política pública. En última instancia, fue la relación de fuerzas que se construyó y se puso en juego la que definió el resultado: “Desde esta perspectiva, cabe reconocer en el desempleo y la precariedad laboral las formas típicas bajo las cuales se expresa la mayor subordinación política y social del trabajo al capital y las posibilidades objetivadas y subjetivas de su mayor explotación”, indica el documento.

¿Qué argumentos se esgrimían a principios de los noventa para impulsar cambios en las leyes laborales? El documento del CEPED señala tres grupos de argumentos: 1) que las regulaciones y controles institucionales elevan los costos laborales, generan ineficiencias y, en última instancia, explican la informalidad, la subocupación y el sobreempleo público; 2) que la apertura económica, las nuevas tecnologías, los cambios organizacionales y en el proceso de trabajo requerían mayor calificación y más flexibilidad; por ende, la desocupación es por déficit educacional; 3) que los nuevos paradigmas productivos dejaron caducas las leyes laborales, de modo que las empresas no tenían incentivo para invertir y contratar empleo.

Los cambios en las relaciones laborales se apoyaron en dos pilares: por un lado, la descentralización de las negociaciones colectivas; por otro, la flexibilización interna y externa de las relaciones laborales. Pero lo más importante parece ser lo que operó a nivel de la relación de fuerzas. Un dato explica bien la situación: la mayoría de los cambios en la normativa laboral parecen haber ocurrido luego de que se habían aplicado en la práctica. El CEPED explica que, a excepción de la Ley Nacional de Empleo de fines de 1991 (la cual habilitó el contrato temporal por fuera de cualquier justificación en las características de las tareas o de la actividad de la empresa), el resto de los cambios en las regulaciones laborales fueron posteriores a las reformas económicas.

Las iniciativas de reformas operaron por distintos andariveles: 1) en el proceso productivo, flexibilización y reducción de costos laborales; 2) a nivel organizacional, debilitamiento político del poder sindical (reglamentación del derecho a huelga, descentralización de la negociación y quita del manejo centralizado de obras sociales); 3) privatización de la seguridad social en favor del capital financiero con las AFJP y la desregulación de las obras sociales. Hay que recordar que la “opción” de los trabajadores por las AFJP era casi obligatoria. En este contexto, señala el CEPED, el sindicalismo oficial registró una estrategia defensiva: defensa de “atribuciones corporativas y poderes” (como los fondos de las obras sociales) en detrimento de los derechos y condiciones laborales. En esos tiempos comandaba la CGT, Rodolfo Daer, quien tiene más años como burócrata sindical que años de vida en la tierra. Los hilos de continuidad se expresan, no solo en que Rodolfo sigue hoy al mando de la Alimentación, sino en que su hermano, Héctor, es el actual titular de la CGT.

El diagnóstico oficial de entonces indicaba que las reformas debían impulsar la inversión y el empleo. No obstante, la evaluación de la década del noventa lo desmiente. La desocupación pasó de ser el 6,3 % en 1990 a ubicarse en el 13,8 % en 1999. La subocupación se movió en el mismo sentido. El porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza, luego de bajar en 1991 al 21,5%, creció hasta el 26,7 % en 1999. La década también concluyó con mayores niveles de desigualdad en el ingreso.

Para los que quedaron con empleo, el poder de compra del salario se recuperó, pero siempre por detrás del avance de la productividad, como no podía ser de otra manera, en tanto es regla en este sistema social que las mejoras de productividad se la embolsa la clase capitalista. En realidad, el resultado de las reformas noventistas fue un aumento de la explotación obrera. Según estimó Paula Bach en un artículo [3] de hace unos años, entre 1993 y 1997, aumentó la utilidad obtenida por trabajador como porcentaje del salario promedio en las 500 grandes empresas: este indicador es una aproximación a cómo se incrementó la tasa de explotación. En 1998 y 1999 el indicador retrocedió, pero debido a otras causas: a las condiciones de agotamiento del régimen de la Convertibilidad [4].

Los efectos de las reformas noventistas también se reflejaron en las arcas públicas. En el documento del CEPED se señala que entre 1993 y 1999 existió una transferencia fiscal superior a los U$S 19.000 millones en favor de las empresas por reducción de contribuciones patronales para abaratar los “costos laborales”. Así se construyó el desfinanciamiento del sistema previsional que persiste hasta hoy. Fue el primer paso para luego declarar que el sistema previsional es insustentable y que no queda más alternativa que reformarlo. Las AFJP también fueron insustentables: mientras se llenaban de plata con las comisiones cobradas a los trabajadores, los fondos para la futura jubilación se empequeñecían. De tal modo, que fue Amado Boudou, un exmilitante de la UCeDe (el partido liberal que aportó varios funcionarios a Carlos Menem), quien impulsó la nacionalización de los recursos para anticiparse a una potencial quiebra del sistema de jubilaciones privatizado [5].

El documento del CEPED contribuye con varias observaciones importantes: las condiciones bajo las cuales se generó un “clima” favorable a las reformas laborales; una secuencia que va desde el “ordenamiento” económico al laboral; que los cambios en las leyes laborales se materializaron luego de ponerse en práctica en la realidad, en el cuerpo a cuerpo entre los trabajadores y la clase capitalista en cada lugar de trabajo. La historia no se repite. Pero sí vale tomar en cuenta las lecciones del pasado.

No son lo mismo, pero no debería evaluarse como una mera casualidad histórica que el Gobierno del Frente de Todos intenta el “ordenamiento” económico con la reestructuración de la fraudulenta de deuda con los lobos de Wall Street y se encamina a negociar un acuerdo con el FMI. En las últimas semanas anunció proyectos de ley en beneficio del agropower y del extractivismo hidrocarburífico. En simultáneo, aunque rechaza una reforma laboral, avala el avance de la “modernización” de algunos convenios colectivos o por empresa.

Hoy la derecha y el establishment económico buscan instalar la agenda de reformas laborales más amplia con argumentos calcados de los noventa. Pero no cuentan a su favor con el neoliberalismo en su esplendor en el mundo. El paraíso prometido de más inversiones y empleos es una zanahoria para imponer en el infierno terrenal mayores niveles de explotación. En la historia reciente, la clase trabajadora no carga en su “mochila” la derrota de la dictadura y el disciplinamiento de la hiperinflación que abrió camino a las contrarreformas noventistas. La relación de fuerzas se va definiendo en cada batalla, en la lucha de argumentos, pero, fundamentalmente, en la lucha de clases.

Una agenda de otra clase

En sentido opuesto a la agenda del régimen del FMI, la propuesta de la izquierda de una reducción de la jornada legal de trabajo a 6 horas y 5 días a la semana (30 horas semanales), sin rebaja salarial, implica, en los hechos, una recuperación del 33 % en el salario por hora trabajada para todos los que actualmente tienen una jornada de ocho horas diarias. Para la izquierda, la propuesta de la reducción de la jornada laboral es inseparable de la lucha por absorber a todas las trabajadoras y los trabajadores desocupados en la perspectiva de imponer el reparto de las horas de trabajo.

Se podría crear una gran cantidad de nuevos puestos para terminar con la desocupación y garantizar trabajo genuino a quienes hoy no tienen más alternativa que recurrir a los planes sociales como forma de supervivencia. ¿Qué pasaría si la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas trabajadas se aplicaran en las grandes empresas? En lo inmediato, permitiría generar casi 900 mil nuevos puestos de trabajo. Es decir, se podría absorber casi la mitad de la desocupación, que en el segundo trimestre fue de 2 millones en todo el país. Las grandes empresas son catalogadas así por el Ministerio de Trabajo (Carlos Moroni) siguiendo la clasificación del Ministerio de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas) que observa el nivel de facturación [6].

Justamente, fueron esos dos ministros los que rechazaron la propuesta de reducción de la jornada laboral con argumentos empresariales. Kulfas dijo que el salario iba a caer. Moroni, aunque no explicitó qué cálculo hizo, afirmó que “tampoco vemos que matemáticamente la reducción de la jornada aumente el empleo”. En una entrevista con Telefé, Leandro Santoro, el candidato a diputado en la CABA por el Frente de Todos, también hizo sintonía con los ministros en el rechazo a la propuesta.

Aplicando la reducción de la jornada laboral y el reparto de horas en el resto de las empresas que no son grandes y en el empleo público se podría absorber toda la desocupación. Por ejemplo, alivianando las jornadas para el personal de salud que estuvo en la primera línea trabajando sin descanso; ampliando la provisión de tareas de cuidado; aumentando la infraestructura de guarderías, jardines de infantes. El impulso de un plan de obras públicas permitiría, no solo generar empleo, sino también construir las viviendas que se necesitan para terminar con el déficit habitacional que sufren tres millones y medio de hogares en nuestro país desde hace años. Al mismo tiempo, un plan de obras públicas permitiría desarrollar las obras de extensión de las redes de agua, cloacas, electricidad y gas, o las escuelas y hospitales necesarios, en función de una planificación urbana racional orientada a atender las necesidades sociales.

No se puede naturalizar la existencia de un ejército de desocupados crónicos e indigentes, una suerte de amenaza latente que las empresas utilizan como extorsión para que los que sí tienen empleo se vean obligados a agachar la cabeza frente a las rebajas salariales, jornadas extenuantes, mayor intensidad en el ritmo de producción u otros cambios regresivos en las condiciones laborales. No solo eso. El reparto de las horas de trabajo, incluso, permitiría incorporar en buen número a todos aquellos que, desalentados por años de retroceso económico, dejaron de buscar trabajo.

Esta iniciativa va indisolublemente ligada a otras exigencias: que nadie gane menos que lo que cuesta la canasta familiar (ATE Indec la estimó en $ 109 mil en agosto), la obligatoriedad de registración de los trabajadores, la estabilidad laboral con la incorporación a la planta permanente bajo el convenio más favorable de cada rama para terminar con toda forma de precarización y que no se impongan mayores ritmos de producción. Bajo estos requisitos, la reducción de la jornada laboral exige no solo, obviamente, una lucha organizada de la clase trabajadora, sino que incluso su conquista parcial hará necesario un control de los trabajadores en los lugares de trabajo para evitar las previsibles maniobras patronales. La conquista duradera y generalizada de la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, necesariamente, planteará la lucha por un gobierno de trabajadores.

En diciembre de 2017, la movilización en las calles le cambió la agenda de “reformismo permanente” a Mauricio Macri e impidió una reforma laboral amplia. Hoy es necesario poner en debate y luchar por una agenda opuesta a la que propone el régimen del FMI y las expresiones políticas capitalistas. La clase trabajadora tiene el desafío de establecer un debate desde las bases de los lugares de trabajo para organizar la pelea unificada contra los intentos de reforma laboral y de avance del gran capital en la quita de derechos por lugar de trabajo. La propuesta de reducción de la jornada laboral –en la perspectiva de terminar con la desocupación y establecer el reparto de las horas de trabajo– deber estar integrada en un programa que proponga el desconocimiento soberano de la deuda, la ruptura con el FMI y la reorganización de la economía en favor de los intereses de las grandes mayorías.