El derrumbe ocurrió el día 13 de noviembre mientras trabajadores llevaban a cabo labores de estabilización y muestreo para establecer la viabilidad de la explotación de una vieja mina de El Potrero de Tepaca, localidad Tameapa, del municipio de Badiraguato.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 15 de noviembre
La información hasta ahora es limitada: el gobierno de Sinaloa ha dicho que son dos los trabajadores muertos, uno de 37 años y otro de 50. Tres más están atrapados; no se sabe si vivos o muertos.
El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mencionó que la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sinaloa está atendiendo el derrumbe en la mina en Potrero de Tepaca.
Por parte del gobierno federal, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Arzúa, desde Sabinas, Coahuila ─donde se encontraba supervisando las labores de rescate de los cuerpos de los mineros que están atrapados en la mina de Sabinas, tras un crimen patronal similar al actual en Sinaloa, ocurrido en agosto de 2022- se limitó a decir que
se reporta el derrumbe de una mina, en la zona el Potrero de Tepeaca, esto en el municipio de Badiraguato, por el momento se desconocen las causas y de manera preliminar podría mencionar que hay cinco mineros atrapados.
No ha circulado información respecto a cuál empresa es la responsable de este crimen patronal. El propio gobierno estatal, ha omitido mencionar este detalle. La falta de un señalamiento público hacia los dueños de la mina abona al enrarecimiento y la impunidad en este caso.
Precisamente, las empresas mineras en Sinaloa, como en el resto del país, gozan de gran impunidad; para el caso sinaloense han acaparado el 30.13% del territorio de la entidad, según informó el medio Sin Embargo en 2018.
Por su parte, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y el Center of Investment & Trade Sinaloa, ha expuesto que son trece las regiones mineras de la entidad en donde se ha venido desarrollando con mayor grado la actividad minera.
Como en todo México, evidentemente se trata de un gremio empresarial y patronal sumamente poderoso y violento: en el contexto de Sinaloa, como en otras partes, tienen colusión con grupos paramilitares ─entrenados y liderados por exmilitares y expolicías- que operan en las regiones serranas ─por ejemplo en Choix, donde han agredido a ejidatarios pobres- y que trabajan lo mismo para estructuras del crimen organizado que para transnacionales.
Incluso, investigadores del rubro minero en la región hablan de que ni los enfrentamientos en las zonas serranas desde que inició la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón “detuvieron la liberación de permisos para la explotación de minerales, ya que el crecimiento se potenció a partir de 2009”. No es casual.
Desde entonces muchas pequeñas poblaciones han quedado desoladas, ha habido desplazamiento forzado. Por su parte, las mineras continúan explotando los recursos, contaminando el medio ambiente con total impunidad e imponiendo condiciones sumamente precarias a los trabajadores que laboran en sus minas y provocando la muerte de ellos, como en este caso.
