El problema de los desalojos y los desplazamientos sociales que conllevan, donde la futura ubicación de los pobladores es irrelevante para el Estado, no es un tema novedoso. Desde mitad del siglo XX en adelante la ciudad de Bs As intentó desplazar a la población de las "villas de emergencia", pero solo a partir del golpe cívico-militar del 76 lo pudieron concretar. La metodología y el procedimiento que utilizaron para tales fines creó una doctrina cuyo empleo sirvió para los próximos conflictos por tierra que se desataron las décadas siguientes y también se extiende actualmente en el accionar del gobierno provincial alrededor de las varias tomas del conurbano Bonaerense.

A partir de los años 30 los costos y valores del suelo inmobiliario de la CABA comienzan a revalorizarse producto del crecimiento demográfico debido a las olas de migración de la primera posguerra y el fortalecimiento de la Ciudad de Buenos Aires como enclave central para el desarrollo de las actividades comerciales con el resto del mundo [1]. Si a esto le sumamos el desarrollo industrial y de talleres en toda la ciudad, la demanda de mano de obra barata fue otro factor clave para el aumento de su población durante ese período. Una de las primeras "villas" importante de la ciudad de Bs As fue la del Bajo Belgrano, conocida como Barrio “Las latas” que se instaló en los años 10 y siguió creciendo [2]. Con los inicios de la crisis del 30 La villa 31 de retiro es otro caso emblemático, fundada en 1932 fue bautizada con el nombre de "Villa Desocupación". Por último traemos el caso de "ciudad oculta" en Lugano, la cual habría surgido como un barrio de obreros en 1937 cercano al Mercado de Hacienda de Mataderos, empresas ferroviarias y al Frigorífico Lisandro de la Torre, creciendo paulatinamente a través de las siguientes décadas.

La dictadura de Onganía en los años 60 y 70 ya había intentado desalojar esos asentamientos, pero la población local estaba organizada en comisiones de vecinos y sindicatos herencia de su tradición anarquista que impedían la acción directa por parte del gobierno nacional y municipal para desalojar.

Fue recién en 1976 con el golpe-cívico militar que la cuestión villera toma un giro radical. La junta militar designo como intendente de facto de la ciudad a un ex oficial de la fuerza aérea llamado Osvaldo Andrés Cacciatore que tomó cartas en el asunto para dar una "solución" al problema de la locación urbano. La construcción de las autopistas 25 de mayo y Perito Moreno, la cercanía con el mundial 78 y el aumento en el precio del suelo porteño junto con la transformación del código de planeamiento urbano haciéndolo más favorable para los grandes negocios inmobiliarios fueron algunos de los motivos por los cuales las Fuerzas Armadas definieron la erradicación masiva de las villas y asentamientos precarios en la ciudad porteña a partir de la violencia armada del Estado.

En noviembre de 1976 el intendente da una entrevista sobre el listado de problemas y prioridades futuras que se van a atender en la ciudad los temas son: vehículos, veredas, administración, espacios verdes, contaminación y, por primera vez, una referencia concreta a la cuestión de las villas de emergencia:

La política municipal forma parte de un contexto nacional para la búsqueda de soluciones para los sectores de menores recursos. La Municipalidad adoptó ya dos medidas. La primera, finalizar las obras ya iniciadas, que permitirán la erradicación de las villas. La otra, congelar las villas de emergencia, evitando así que el problema se agudice en el futuro [3].

Congelar, desalentar y erradicar

El 13 de julio de 1977 el ex Brigadier Cacciatore sancionó la ordenanza 33.652, por la cual la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV, organismo creado por Onganía en el 67) quedaba a cargo del “plan integral de erradicación” de villas. 

Dicho organismo (Conducido por Guillermo del Cioppo) se ocupó en primera instancia de la preparación de un nivel de opinión pública favorable para reforzar    la estigmatización de la población de las villas de emergencia con el objetivo de facilitar la salida violenta, como lo podemos ver en esta campaña publicitaria de 1977:

(1) Al villero le gusta vivir en la villa, una especie de "ghetto" donde "nadie entra” y donde se integra a una estructura socioeconómica particular, con leyes internas especiales. (2) Se trata de gente de muy bajo nivel laboral, generalmente extranjeros de países limítrofes, que poseen una formación cultural diferente y trasladan al ámbito urbano las pautas de sus lugares de origen. (3) Tienen medios suficientes para acceder a otras formas de vivienda, ya que muchos poseen autos, comercios, terrenos y casas. (4) Obtienen beneficios y privilegios de los que no gozan otros habitantes de la ciudad: no pagan impuestos ni servicios, explotan comercios clandestinos o forman parte de maffias organizadas. (5) Muchos de ellos son delincuentes, que encuentran en la villa cómodos aguantaderos [4].

Podemos ver como aparecen en el discurso personajes como parte del asiduo elenco de estereotipos clásicos del residente de las villas: el intruso foráneo, el ocupante ilegal, el vago sin oficio, el vividor de no pagar impuestos o el “marginal voluntario” generando la construcción de un “enemigo interno” con el motivo de justificar el desalojo de más de 200 mil habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

El plan “deshabitacional” se materializó en la   Ordenanza 33.652/77, la cual planificó los 3 pasos a seguir por parte del gobierno militar de la Ciudad de Buenos Aires: 1) congelamiento: nada ni nadie puede entrar a vivir o llevar mercadería, 2) desaliento: la mayoría de los negocios de la periferia de los asentamientos como farmacias, kioscos o almacenes eran clausurados o acosados por los funcionarios municipales,  3) erradicación: con camiones del ejército y de basura se mudaban las personas y sus pertenencias, topadora mediante.

Es en este marco la CMV le hizo a los residentes de la villa una oferta que no podían rechazar: 1) si eran extranjeros se los repatriaba; 2) si eran de otras provincias se les pagaba el traslado; 3) si estaban dispuestos a mudarse al conurbano el estado les daba un lote de tierra (cuestión que solo en pocos casos terminó efectivizándose.

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Los planes del gobierno militar no siguieron un orden simultáneo, sino que estuvieron ligados a otros objetivos relacionados a la planificación urbana. Los primeros asentamientos en ser erradicados fueron la villa del Bajo Belgrano y luego Colegiales y Villa 31 por la cercanía al estadio Monumental y el inicio del mundial 78.

En algunos casos fueron trasladados transitoriamente a barrios periféricos de la CABA (como Lugano y el bajo flores) aunque finalmente más del 95 % de la población villera fue expulsada con rumbo alejado de la avenida General Paz.

Como conclusión de este proceso la población villera de la CABA se redujo de 224.885 en 1976 a 16 mil en el año 1980. Según los propios informes de la CMV, el 86 % de la población se mantuvo en asentamientos precarios del AMBA.

El éxodo al conurbano se dividió de la siguiente forma: La Matanza fue el partido que captó el mayor porcentaje (21 %) de las familias erradicadas “con terreno". Le siguieron Lomas de Zamora (9,6 %), Merlo (8 %), Moreno (7 %) y Quilmes, Gral. Sarmiento y Florencio Varela (6 %). Entre los partidos que menos familias absorbieron se cuentan Vicente López (0,2 %), San Isidro y San Fernando (0,3 %) [5].

La población de las villas se instaló siempre cerca de sus fuentes de trabajo. La Matanza fue el lugar predilecto para este fin debido a que poseía vastos territorios rurales y de quintas que además estaban próximos al ferrocarril. González Catán, Laferrere e Isidro Casanova fueron las zonas donde más desplazados se instalaron.

Para finales de los años 80 la población de las villas porteñas se redujo al 5%, pero desde el retorno “democrático” la tasa de crecimiento de las villas miseria en CABA se mantuvo constante llegando en actualidad a estar cerca de igualar la población de 1976. Muchos de los pobladores desplazados volvieron a vivir próximos a sus lugares de trabajo sumado a nuevos habitantes provenientes esencialmente de países limítrofes (principalmente de zonas rurales o semi-rurales empobrecidas) en busca de algún tipo de oportunidad laboral [6].

Con la llegada de la democracia, la dictadura había dejado extendido el problema habitacional de las villas hacia el conurbano. 

Los desalojos “democráticos”

Con el retorno “democrático”, el repoblamiento de las villas se transformó en una variable constante que se intensificó también en el conurbano bonaerense, tendencia explicada por los aumentos de desocupación, la pérdida de   capacidad adquisitiva (esencialmente de los grandes sectores implicados en el trabajo informal) y altos niveles migratorios en los países limítrofes donde la políticas neoliberales (hasta de gobiernos denominados como progresistas) mantuvieron y profundizaron determinadas condiciones de vida infrahumanas [7].

En el largo plazo se pueden observar dos importantes proyecciones sobre la política de erradicación del gobierno militar. En primer lugar, que el intento de desmantelar las villas por completo en CABA en función del negocio inmobiliario no fueron suficientes para hacerlo efectivo, ya que los datos del censo 2010 marcaban una tendencia a la igualación de la población previa a 1976 (antes de la erradicación) más allá de la tendencia abismal de crecimiento de la población pobre a lo largo de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires, sobre todo en la extensión del “tercer cordón”. Además de ello, está el aumento total de los asentamientos a nivel nacional que para el informe de TECHO en 2016 ya databa de que en Argentina 1 persona cada 10 vivía en dichos lugares [8]. En segundo lugar, que los métodos de desalojo violento express, donde el desplazado termina viviendo en condiciones de intemperie luego del desalojo fueron absorbidos como política estatal por parte de diferentes gobiernos democráticos, desde los neoliberales-derechistas hasta los malmenoristas-progresistas. Si bien fueron más limitados en su accionar, la relación de fuerzas impuesta desde la dictadura militar permitió el desplazamiento de la población por parte del Estado a zonas más periféricas alejadas de su actividad cotidiana o directamente al pasaje a una mayor vulnerabilidad, como por ejemplo a situación de calle.

Durante los últimos 10 años hubo 3 desalojos importantes en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Villa Lugano: el Parque Indoamericano, el Barrio Papa Francisco y el edificio del “elefante blanco”. Las ocupaciones fueron distintas a nivel temporal, en el caso del “elefante blanco” se trata de una ocupación que viene desde los años 80, en los casos del Parque Indoamericano Papa Francisco la ocupación de esos predios (abandonados en ambos casos) estaba relacionada con familias que en su mayoría sub-alquilaban cuartos en villas de emergencia aledañas [9].

En los tres casos recién mencionados la política que tuvo el estado para estos sectores posteriormente al desarrollo de los desalojos fue el subsidio, lo que fomentó un círculo inmobiliario vicioso de alquileres y sub alquileres. Este   estudio de María Cravino   muestra la consecuencia que las iguala, en los 3 casos la prebenda de negociación nunca fue vivienda, sino la mudanza provisoria a paradores de la Ciudad de Buenos Aires y subsidios, es decir un ingreso durante determinado tiempo para poder como máxima posibilidad tener acceso a algún tipo de alquiler en una zona de emergencia, lo que potencialmente desarrolla el círculo vicioso donde el aumento de la valorización del suelo urbano, a partir de diferentes negocios de la especulación inmobiliaria, muy probablemente regenere situaciones de lucha por el acceso a un techo.

Noticias de ayer para Guernica hoy

Para no envidiarle la política de desalojos al macrismo, el gobierno del “progresista” Kicillof la pone en práctica en la provincia de Buenos Aires. El caso más paradigmático resulta Guernica. Y no resulta solo paradigmático por la presencia de miles de familias sino porque expone concretamente de forma mucho más perceptible la lucha de clases frente a supuestos propietarios millonarios que hasta el oficialista Página 12 los caratula como flojos de papeles   en busca de construir countries con una zona pantanosa ideal para establecer un campo de golf.   Obviando su enfrentamiento con la casta judicial, desde el “Cuervo” Larroque, la ministra “pogresista” Frederic, hasta el carapintada Sergio Berni ya coinciden en la necesidad de acatar el fallo judicial.

En sintonía con los ejemplos anteriores, luego de los desalojos y la represión viene un supuesto “intercambio” absolutamente desigual en el que el Estado bloquea la entrega de la tierra frente a quienes las necesitan y a cambio se otorgan insumos absolutamente insuficientes para la reproducción de mínimas condiciones de vida, como subsidios o materiales para la construcción junto con vagas promesas de otorgamiento futuro de tierras, que en la mayoría de los casos nunca llegan. Es decir que desde la política estatal se anula el “tierra por tierra” siendo este el punto de partida para la intemperie de los pobladores pos-desalojo. Más allá de la intransigencia estatal la persistencia de este reclamo es fundamental, el rechazo oficial a dar una salida potencia aún más el deterioro de las condiciones de vida de quienes se encuentran luchando por un techo donde vivir contra la política del gobierno.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda venimos acompañando la lucha de la toma de Guernica conscientes de la necesidad de reforzar y amplificar su respaldo dentro de grandes sectores de trabajadores, estudiantes, mujeres y desocupados, poniendo en claro que la lucha por la tierra y la vivienda se enfrenta a un Estado que es herramienta de los grandes empresarios inmobiliarios para definir su propio modelo de ciudad y metrópolis. Guernica es solo un ejemplo de la necesidad de más de 3 millones de viviendas en todo el país.

El financiamiento en base a los impuestos progresivos a las fortunas y capitales, la expropiación de la vivienda ociosa, el no pago de la usuraria deuda externa, desarrollo de una reforma urbana integral que contemple un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores con acceso a la vivienda, salud, educación y trabajo, deben ser medidas fundamentales de un plan de conjunto para que la profunda crisis que estamos viviendo la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Solo los trabajadores, desocupados, estudiantes y los sin tierra organizados le vamos a poder dar una salida real y beneficiosa para las grandes mayorías.