El 8 de diciembre de 2024, cuatro niños desaparecieron en Guayaquil, Ecuador, tras ser aprehendidos por una patrulla militar. Diecisiete días después, el 25 de diciembre, en un giro trágico del caso, fueron hallados cuerpos incinerados en una zona rural de Taura. Los familiares se enfrentan a la posibilidad de que sus hijos hayan sido no solo desaparecidos sino también ejecutados y sus cuerpos destruidos en un intento de encubrimiento. Se apunta a las Fuerzas Armadas y las consecuencias de la política de militarización del presidente Noboa.
Sábado 28 de diciembre de 2024 11:42
El 8 de diciembre de 2024, cuatro niños desaparecieron en Guayaquil, Ecuador, tras ser aprehendidos por una patrulla militar. Los menores, identificados como Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), habían salido a jugar fútbol en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Diecisiete días después, el 25 de diciembre, en un giro trágico del caso, fueron hallados cuerpos incinerados en una zona rural de Taura, cantón Naranjal. Los familiares acudieron a la morgue para iniciar los procedimientos de identificación, enfrentándose a la posibilidad de que sus hijos hayan sido no solo desaparecidos sino también ejecutados y sus cuerpos destruidos en un aparente intento de encubrimiento. El caso ha generado conmoción nacional e internacional, atrayendo la atención de organismos como la ONU y la CIDH.
Comunicados oficiales y contradicciones
El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, confirmó inicialmente que los niños fueron aprehendidos por una patrulla militar de la base de Taura, alegando su supuesta participación en un robo. Posteriormente, el ministro amplió su declaración indicando que "los niños fueron trasladados hasta la Base Aérea de Taura" y que, "al no contar con la denuncia del supuesto robo, sin indicios de un hecho grave ni armas, los uniformados optaron por abandonar a los niños en Taura." Esta versión ha quedado severamente cuestionada tras el hallazgo de los cuerpos incinerados.
El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en un comunicado emitido el 23 de diciembre, dos semanas después de los hechos, justificó su tardía respuesta: "Dada la naturaleza del caso, y velando por el bienestar de las familias, decidimos abordarlo de manera reservada." Añadieron que "hemos activado de manera inmediata los servicios de protección integral, brindando asistencia legal, psicológica y social a las víctimas indirectas." La superficialidad de estas declaraciones contrasta dramáticamente con la brutal realidad descubierta el 25 de diciembre.
El presidente Daniel Noboa ha generado controversia con sus declaraciones sobre el caso de los Cuatro de Las Malvinas. El mandatario se negó a calificar el hecho como una desaparición forzada, argumentando que "aún no es el momento" y que debe existir "un análisis técnico" por parte de la Fiscalía. En lugar de abordar la responsabilidad estatal, Noboa propuso que "los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la desaparición y anunció que "continuará monitoreando las acciones del Estado para la búsqueda de los niños y la investigación de los hechos." Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió recomendaciones urgentes al Estado ecuatoriano el 24 de diciembre, horas antes del macabro hallazgo de los cuerpos cerca de la zona donde los militares implicados mencionan que soltaron a los niños.
El Estado encubriendo a las Fuerzas Armadas
La gestión del caso por parte de las autoridades ha levantado serias dudas sobre un posible encubrimiento institucional. La Fiscalía General del Estado ha solicitado formular cargos contra 16 militares implicados en el caso. El hallazgo de los cuerpos incinerados en la zona de Taura ha transformado el caso de desaparición forzada a una probable ejecución extrajudicial. La demora en las respuestas oficiales y las contradicciones en los comunicados institucionales han profundizado las sospechas de encubrimiento sistemático.
El médico forense ha informado que, debido al estado severamente incinerado de los cuerpos, la identificación mediante huellas dactilares ha sido descartada. Las autoridades han iniciado un proceso de identificación en dos fases que podría extenderse entre 30 y 40 días.
Un paralelismo histórico: Pedro Restrepo y el Gobierno de Febres Cordero
El reciente fallecimiento de Pedro Restrepo, el padre de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, desaparecidos en 1988 durante el gobierno autoritario de León Febres Cordero (PSC), resalta un patrón histórico de violencia e impunidad en Ecuador. Restrepo dedicó su vida a buscar justicia por sus hijos, quienes fueron víctimas de desaparición forzada a manos de agentes policiales. Durante el gobierno de Febres Cordero, caracterizado por su autoritarismo y políticas de militarización, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y desapariciones. Este caso emblemático marcó un precedente en la lucha por los derechos humanos en el país y expuso la violencia sistemática ejercida por los partidos de derecha en el manejo del Estado.
Consecuencias de la militarización y el control social
La militarización como respuesta a los problemas de inseguridad y economía en Ecuador ha demostrado su verdadero rostro, especialmente para los trabajadores y los pueblos originarios. La desaparición forzada en el caso de los Cuatro menores de Las Malvinas representa un punto de inflexión en la historia reciente de Ecuador. Este caso revela las consecuencias fatales de la militarización como política de Estado y evidencia la profunda descomposición estatal y degradación capitalista que vive Ecuador.
Debemos levantar las banderas por la desmilitarización inmediata del país y por la disolución de todos los cuerpos represivos. El Estado, como organización coercitiva de la clase dominante, utiliza la militarización para perpetuar su dominio y no es más que una manera de mantener el control ante momentos que se pueden volver más convulsos si se agudizan la crisis económica y los ataques contra las y los trabajadores.
El caso de los Cuatro de Las Malvinas, al igual que el caso Restrepo décadas atrás, debe servir como un llamado a la acción. Exigimos el esclarecimiento del caso y los debidos juzgamientos a los implicados, no más impunidad. Hay que hacer un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, a organizaciones de derechos humanos a construir un movimiento amplio, democrático, combativo contra toda esta política del gobierno de mayor militarización que incrementa la violación en masa de derechos fundamentales y fortalece el control social.
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