Bahía Blanca. Desidia patronal y precarización: murió una joven de 25 años en una agencia ilegal de taxi

Este martes se conoció la terrible noticia del fallecimiento de Camila Arias, una joven de 25 años que murió en la madrugada, mientras cumplía su jornada laboral. Durante esa noche la ciudad sufrió un gran apagón de luz producto de una falla en una subestación eléctrica, consecuencia de un sistema de abastecimiento eléctrico privatizado y deficiente. En esas condiciones, los patrones no quieren dejar pasar un solo minuto sin facturar y utilizan sistemas alternativos para proveerse de energía y continuar con las jornadas laborales.

Camila estaba trabajando en un quincho, detrás de una vivienda familiar, en un pequeño espacio que funcionaba como la central de llamadas de Taxi Ya. Una agencia ilegal y clandestina que no estaba en condiciones, ni habilitada para realizar este tipo de trabajo. Como el suministro de luz continuaba cortado la agencia estaba funcionando a base del uso de un generador a nafta.

El tío de Camila, Gerardo Arias, expresó con indignación a un medio local: “es trágico totalmente, para la familia en primer grado, y para toda la comunidad bahiense, porque las condiciones en que nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestro país, están trabajando en condiciones tan precarizadas (...) no tienen nombre”.

“Estaban con un generador eléctrico, en la parte interior del quincho de la vivienda,que un lugar pequeño, precario, dividido por durlock( …) de una vivienda familiar que no se si vive gente, pero funcionaba como central telefónica de taxi Ya en la parte posterior del inmueble donde tienen una supuesta oficina que no es tal.”

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Según lo que relató su tío, sus compañeros de trabajo, desde los taxis, entre las 3.30 y 4 am le preguntaban “¿Que pasa camilita que no hay viajes?” y ante la falta de respuesta se acercaron al lugar, donde la encontraron desvanecida. Con la llegada de defensa civil intentaron hacerle RCP, sin resultados.

En la misma publicación del medio ApepeBahía se puede escuchar al empresario, propietario de Taxi Ya, desligándose de toda responsabilidad, sosteniendo que “no hay que hacer ningún curso de nada” para capacitar a sus empleadas en el uso correcto de generadores.

Sobre la responsabilidad del patrón, también se expresó Gerardo Arias: “la persona que está a cargo de esto, Roberto de Barrenechea, sabe en qué condiciones tiene a los operarios, tiene poder adquisitivo como para poner una buena oficina y no para tener todo ilegal como lo está teniendo.”

Y señaló también algo más profundo, la indudable responsabilidad del Estado que deja correr la precarización laboral extrema, que cada vez más es la única salida laboral para millones de jóvenes:

“Acá no es solamente él el culpable, hay varios que son culpables porque nadie supervisó ¿cómo nadie supervisa dónde tiene la central? (...) La gente del municipio, quien corresponda, que tiene que supervisar cómo trabaja la gente. Tienen que haber muchos factores involucrados en este asesinato, porque la mataron, no es un accidente, es algo que se podía prevenir.”

A horas de un nuevo 8 de marzo en la ciudad, el fallecimiento de Camila muestra las pésimas condiciones de trabajo a las que está sometida la juventud, en especial las mujeres. En los Call Centers el modelo se repite a la perfección: hacinamiento, divisiones de en pequeños espacios con placas de durlock, jornadas extenuantes e inestabilidad laboral.

En limpieza y cuidado de ancianos también, no hay más que recordar que durante la pandemia salieron a la luz una enorme cantidad de geriátricos clandestinos en los que trabajan cientos de trabajadoras de la salud en pésimas condiciones. En una realidad donde la pobreza tiene rostro de mujer estamos cada vez más expuestas a este tipo de situaciones para sobrevivir, llegar a fin de mes o para poder estudiar.

Este 8M resonarán en las calles las voces contra el ajuste del gobierno en salud, educación y jubilaciones, y el presupuesto inexistente para atender situaciones de violencia hacia las mujeres mientras sigue priorizando el pago al FMI. Pero también contra la precarización laboral, la desocupación y el pluriempleo al que nos quieren acostumbrar. Los gobiernos nacional, provincial y local son responsables del actual modelo de trabajo que rifa nuestras vidas para seguir garantizando millonarias ganancias para unos pocos.