Opinión. Despenalización del aborto en México: un motor para la lucha por la legalización

Las recientes conquistas con la despenalización en los estados de Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Sinaloa son pasos importantes frente a las leyes antiaborto que criminalizan nuestro derecho a decidir, sin embargo, no podemos bajar la guardia, ni confiar en la “buena voluntad de las instituciones”.

Pelear por conquistar derechos como el aborto, nos pone en mejores condiciones para luchar contra la opresión y explotación a la que nos destina este sistema patriarcal y capitalista. Ese es el gran temor de los sectores de la Iglesia, la ultraderecha y conservadores, mejor conocidos como los “antiderechos”, que no quieren que las mujeres ni la diversidad transgredamos los mandatos patriarcales.

Despenalización: ¿un negocio millonario?

Previo a la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-COV-2, se registraba que las clínicas privadas eran una opción para acceder al procedimiento para interrumpir el embarazo en la capital frente al escaso funcionamiento de las clínicas ILE.

En 2019 se aseguraba que de las 13 clínicas para interrumpir legalmente el embarazo que se constituyeron con la despenalización en el 2006, en la Ciudad de México, solo se encontraban habilitadas cinco.

Existen denuncias sobre la falta de una adecuada atención en dichas clínicas, ya que se brindan fichas de forma limitada, de aspiración manual endouterina, sólo se brindan los medicamentos para que realices la interrupción en tu domicilio, sin personal médico a pesar de los riesgos, temores o las nulas condiciones para garantizar que sea seguro.

A lo anterior, se suma la acusación del desabasto de misoprostol y mifepristona. Para poder realizar los procedimientos, otorgaron “licitaciones” a diversas empresas para su abasto en clínicas públicas, como sucedió con Intelpharma Network Distribución.

Lo que orilla a miles de mujeres a buscar una clínica privada, con costos abusivos que van desde los $1,999, $3,900 hasta $7,000 en promedio, dependiendo de los servicios que contrates, por ejemplo: interrupción con pastillas, interrupción por aspiración e interrupción manual endouterina con sedación (con acompañante). En todos estos casos se promueve un equipo nuevo de primer nivel y personal capacitado que no tendrá “ningún prejuicio” en otorgar los servicios, siempre y cuando se paguen las sumas correspondientes.

Esto genera un jugoso negocio para estos servicios privados, sobre todo en tiempos de pandemia, pues con la crisis del sector salud, se ha restringido mucho más el acceso a las clínicas ILE, mientras que los embarazos no deseados se exacerbaron. Simplemente en 2020, según cifras oficiales, se hablaba de 171 mil embarazos no deseados y para este año, se ha registrado un aumento del 12%.

¿No tendríamos que poder acceder a todo esto de forma gratuita?

Muchas mujeres y personas con capacidad de gestar, que deciden interrumpir su embarazo, atraviesan por una serie de emociones encontradas, saben que no pueden decidir ser madres por su condición económica o por el miedo a perder el trabajo, pero aun así no están exentas de que la culpa las invada, ya que, aunque no sea religiosas, han crecido con los preceptos opresivos y patriarcales que las criminaliza o las llena de culpa cristiana.

Por todo esto, es que el Estado debe asumir la responsabilidad de enfrentar esta problemática como una cuestión de salud pública, que requiere de educación sexual integral en todos los niveles educativos, anticonceptivos irrestrictos para toda la población y presupuesto para garantizar, sin ningún impedimento, los procedimientos que permitan garantizar nuestro derecho a decidir, así como servicios de salud sexual y reproductiva.

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Luchemos incansablemente para que sea ley

Necesitamos unir fuerzas para desarrollar el movimiento de mujeres e imponer por medio de la movilización independiente nuestras demandas.

No podemos alentar por ningún motivo la perspectiva de que nuestros derechos se conquistarán por medio de acciones legislativas de los partidos del régimen, ni depositando expectativas en sus instituciones que son omisas, negligentes e impunes ante los feminicidios y la precarización que vivimos millones. Mismas que un día, conforme a sus intereses, votan la inconstitucionalidad de la penalización del aborto y al día siguiente le ponen candados aprobando la objeción de conciencia.

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Sabemos que la derecha y la Iglesia no cesarán, se atrevieron a llamar a matar a las mujeres que abortan, en el país de los feminicidios. Con estas criminales declaraciones queda claro quiénes también son responsables de propagar el odio hacia nosotras y la diversidad, si no aceptamos ser máquinas reproductivas.

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Redoblemos fuerzas para conquistar el aborto legal y gratuito en todo el país, no hay tregua, cada negativa que nos imponen los partidos del régimen en alianza con la ultraderecha y sectores conservadores es contra las mujeres trabajadoras y pobres a quienes destinan a morir por abortos clandestino o a enfrentar secuelas. Solo con la legalización podemos garantizar que no se haga negocio con nuestro derecho a decidir y el acceso gratuitamente en todos los hospitales.

¡Salgamos a las calles con nuestros pañuelos verdes en alto este 28 de septiembre!