×
×
Red Internacional
lid bot

Debate. Deuda, FMI y extractivismo: un debate con el programa del peronismo para la crisis

Mientras Milei aplica una brutal política de ajuste y entrega contra el pueblo trabajador, hundiendo al 55% de la población en la pobreza y empujando a la economía a una recesión, se abre un debate más que necesario sobre cuáles son las medidas indispensables para una salida a la crisis profunda que atraviesa el país, en favor de las mayorías trabajadoras.

Lucía Ortega

Lucía Ortega @OrtegaLu_

Julio Pérez @Juliomp25

Jueves 22 de agosto 20:30

Escuchá esta nota

Bajo gobiernos de distinto signo político, la economía argentina acumula más de 12 años sin crecimiento y una decadencia estructural de varias décadas. En los próximos años se encamina a enfrentar una nueva crisis de deuda por el abultado peso de los vencimientos y una economía atada a los requerimientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Ante este panorama, emerge naturalmente el interrogante acerca de las posibles salidas y programas frente a la crisis. Entre ellas, lógicamente, las que propone el peronismo.

Desde ese campo, y luego del fracaso económico y social del gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y Massa que terminó al mando de la economía, encontramos no sólo a un peronismo en crisis, sin liderazgos ni brújula, sino un vacío de propuestas claras e integradas.

Te puede interesar: Crisis del peronismo: ahora ¿un cambio cultural y generacional?

Asoman apenas distintas variantes de programas que ya fracasaron, o se anuncian como futuros fracasos. Entre quienes hablan se destacan figuras como el reaccionario Guillermo Moreno, defensor de Villarruel, que viene de encabezar una reunión con economistas cercanos a Máximo Kirchner, Axel Kiciloff y Grabois y hasta de Sergio Massa y Miguel Pichetto. Se intentan atisbos de mostrar una “unidad” por arriba, mientras por abajo, cruje.

Reconstruir un programa económico del peronismo, como tal, no es fácil, en estas líneas se propone un contrapunto con el mismo con el fin de debatir y construir una vía de salida necesaria a favor de las grandes mayorías.

1. El FMI y la deuda odiosa

El gobierno de Milei aplicó un feroz ajuste del gasto en los primeros meses a base de “motosierra” y “licuadora”, festejando que el mismo haya sido más brutal de lo que exigía el propio FMI y de haber alcanzado en los primeros meses un superávit financiero. Pero eso no sólo al organismo internacional no le es suficiente y exige más medidas (como una liberación del cepo cambiario y devaluación), sino que hunde aún más a la economía en la recesión y empeora incluso las perspectivas de poder afrontar los vencimientos de deuda que se avecinan.

Desde que asumió, Milei pagó unos U$S 13.000 millones de capital e intereses en moneda extranjera, sin embargo la deuda pública pegó un salto muy importante: pasó de U$S 371 mil millones en diciembre de 2023 a U$S 452 mil millones en julio de 2024. Es decir, aumentó un 22 %. El 56% corresponde a deuda en moneda extranjera.

En los próximos años Argentina deberá enfrentar fuertes vencimientos de deuda en dólares gracias a la reestructuración que realizó Martín Guzmán en 2020 con acreedores privados y al acuerdo alcanzado en 2022 con el FMI. En 2025 vencen U$S 13,5 mil millones; en 2026, U$S 14,4 mil millones; en 2027, U$S 18,8 mil millones. A este cronograma hay que adicionar que el Banco Central está generando nueva deuda con importadores. Se trata de cifras que la economía argentina no resiste pagar ni con el superávit comercial de años de hundimiento económico como el actual (cuando son bajas las importaciones). Por ejemplo en 2021, con el rebote económico post pandemia, el saldo comercial fue de 14.750 millones, siendo este el segundo mayor superávit de la última década.

¿Qué propone hacer el peronismo con la deuda? Ninguna de sus variantes propone algo distinto a continuar pagando (a billete limpio o con más endeudamiento) y, eventualmente, buscar nuevos acuerdos “desde una posición de fuerza”, que nunca llega. Hasta el día de hoy, Crisina Fernández sigue reivindicando haber sido “pagadora serial” de más de U$S 200.000 millones durante sus gobiernos. En la experiencia reciente del gobierno del Frente de Todos los límites de esta política se muestran a flor de piel.

A pesar de haber asumido planteando tirar abajo el ajuste de Macri, el gobierno de Alberto y Cristina no investigó la deuda contraída por el macrismo y convalidó la estafa cuando impulsó el acuerdo con el Fondo en el Congreso, con Guzmán y Massa a la cabeza.

Te puede interesar: Acuerdo con el FMI: el Gobierno legitima la deuda odiosa de Macri

A pesar de la retórica de “empezar por los últimos”, la primera ley importante enviada al Congreso fue la “ley de solidaridad y reactivación económica” que permitió entre otras cosas, una rebaja de las jubilaciones. De allí en adelante, todo el esquema se apoyó sobre los mismos preceptos: la “solidaridad” fue con los bonistas. En cuatro años la pobreza se incrementó en casi 10 puntos, llegando a 44,9% en el cuarto trimestre de 2023, y con niveles alarmantes de indigencia. En la campaña electoral de 2023 ninguno de sus dos candidatos, ni Massa ni Grabois, plantearon una vía que se proponga alterar realmente el orden impuesto por el FMI.

Te puede interesar: [Video] Debate con Grabois: ¿Qué hacemos con el FMI?

Desde el inicio, la izquierda advirtió que era imposible conciliar los pagos de la deuda al Fondo y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras al mismo tiempo. Un programa que no parta de este balance está destinado al fracaso.

2. La agenda extractivista y el saqueo de las multinacionales

Con la Ley Bases, y especialmente con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el gobierno de Milei busca juntar los dólares que exigen los acreedores internacionales. Al mismo tiempo da garantías obscenas, “libertad” a las grandes multinacionales extractivistas, mientras las consecuencias socioambientales son de una magnitud incalculable por los daños a mediano y largo plazo.

En campaña electoral, el candidato por el peronismo Sergio Massa, había dicho que “hay que mirar la cordillera como si fuera una torta”, mientras también afirmaba que "la obsesión del próximo presidente debe ser juntar dólares para el FMI". La aplicación presenta sin duda matices, pero se mantiene el horizonte en común de profundizar la matriz extractivista del país.

Milei logró la aprobación del RIGI con el apoyo de todos los sectores políticos patronales, incluso de Unión por la Patria que aportó algunos votos para aprobarlo en el Congreso. Y contó con el lobby de gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca, que integran la Mesa del Litio, y el de San Juan, por el negocio del cobre.

Si bien, la mayoría de los representantes del peronismo cuestionan el RIGI, lo cierto es que sus gobiernos vienen avanzado en un rumbo extractivista desde hace ya décadas. Además, ningún gobierno, incluyendo el kirchnerismo, derogó las más de 400 leyes que se instauraron durante la dictadura para dar cobertura a la entrega y el saqueo. Algunas de ellas fueron ampliadas por el menemismo. Como la Ley de Inversiones Mineras, o la resolución 167 por parte de Felipe Solá (ex secretario de Menem y ex ministro de Alberto Fernández) que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, junto con el uso de glifosato, que aún hoy continúan vigentes. En 2020 Argentina fue el primer país en aprobar el trigo transgénico.

Recientemente , los economistas ligados al kirchnerismo habían planteado un régimen legal para la construcción de la planta de licuefacción de gas, que les permite a las empresas liquidar solo el 50 % de los dólares de las exportaciones. Incluso, la propia ex vicepresidenta en su carta publicada en febrero de este año también propone un régimen especial para grandes inversiones. Durante su mandato podemos recordar el acuerdo secreto firmado con Chevron y otras petroleras que ingresaron al negocio de Vaca Muerta. Es decir, mecanismos similares al RIGI.

Te puede interesar: Vaca Muerta. Añelo, una desigualdad no convencional

Con los grandes beneficios que tienen las empresas multinacionales, tienen capacidad de veto sobre la economía e imponen sus condiciones. Este tipo de programas incluye a todos los sectores del peronismo. Incluso el propio Grabois propone un esquema de asociación con las mineras de litio a través de YPF. Con la ilusión de que si YPF, una sociedad privada con mayoría estatal, se asocia con las mineras de litio se podrá lograr cierta regulación, hacerla “menos extractivista”, y generar algún agregado de valor local y desarrollo de las comunidades.

Un argumento central para promover el extractivismo, cediendo de alguna u otra forma parte de la ya limitada soberanía, es mejorar las exportaciones para obtener más dólares. Sin embargo, si se lograra incrementar el peso de las exportaciones como porcentaje del PBI, ningún cambio significativo vendrá en materia de desarrollo, si en igual medida sube la pérdida de dólares por distintas vías, como los pagos de deuda, la fuga de capitales, y los envíos de ganancias a sus casas centrales que realizan las empresas extranjeras, tal como sucedió durante los gobiernos kirchneristas.

Te puede interesar: Rigi en debate: "Unión por la Patria lo cuestiona pero no concibe un país libre del orden del FMI y las multinacionales"

3. Garantes de la precarización: desde acordar la reforma laboral con Milei a un paliativo contra los que quedan “fuera del mercado”

En estos casi 9 meses de gobierno, Milei incrementó exponencialmente la pauperización de la vida de las mayorías. Esta semana se publicará la reglamentación de la reforma laboral incluida en la Ley Bases que avanza con la quita de derechos laborales. Esto se logró gracias a la complicidad de la CGT que, lejos de convocar a un plan de lucha serio, llamó a acciones aisladas para contener el descontento y se sentó a negociar la reforma laboral. Por su parte, Grabois evitó dar una lucha consecuente y despegarse de los burócratas sindicales.

En una de sus últimas intervenciones, Cristina Fernández, citando una de las verdades peronistas, dijo “el trabajo es un derecho por la dignidad del hombre, pero también el deber de que cada argentino produzca al menos lo que consume, que encierra un poco el término de productividad, cosa que por ahí a algunos no les gusta hablar”.

La cita parece ser un guiño “productivista” a los empresarios.La ex vicepresidenta refuerza su adhesión al capitalismo desde hace tiempo. Incluso, en su última carta de febrero de este año, se mostró abierta a discutir un “ineludible plan de actualización laboral” con “obligaciones (para los trabajadores) que deben cumplirse”.

El gobierno de Alberto Fernandez y Cristina Kirchner, que había prometido “volver a llenar la heladera” y recuperar todo lo perdido con el macrismo, acentuó el deterioro de los ingresos y el salario real, especialmente de los no registrados. A las franjas de trabajadores que quedan crecientemente por fuera de un piso mínimo de condiciones de vida, los “abanderados” del sistema, les proponen algunos paliativos sin buscar atacar las cuestiones estructurales de fondo del atraso y la dependencia del capitalismo argentino, para erradicar el problema.

La propia “década ganada” se asentó sobre los pilares de la flexibilización y precarización laboral iniciadas durante la dictadura, impuestas de forma extendida durante el menemismo. A pesar del crecimiento “a tasas chinas” de la economía, aumentó el fraude del monotributo, mientras los pisos del 35% de informalidad laboral y de 25% de la población en la pobreza jamás se perforaron.

No repetir los errores: superar política y programáticamente al peronismo con una salida desde abajo

Los puntos de arriba, aunque no son los únicos, están planteados hoy como núcleos centrales del debate sobre el futuro del desarrollo económico de la Argentina. El resultado que deja planteado el programa del peronismo en cada uno de ellos permite inferir que implica un retorno a los lineamientos que, en más o en menos, dejó la fallida experiencia del gobierno del Frente de Todos, pero en peores condiciones.

Esto sucede porque no pretenden atacar los intereses de los capitalistas y por su apuesta estratégica de no buscar derrotar por completo el plan de Milei y el FMI, sino de apenas mostrar cierta oposición para buscar “volver” en una próxima contienda electoral. Esa es la base de que hayan dejado pasar parte fundamental del programa de ajuste y de reformas de la experiencia libertariana.

El norte del programa peronista no plantea en lo esencial una ruptura del marco de instituciones y relaciones queimpone el capital financiero internacional y el FMI. Esta política ya se mostró impotente, no ya para un impulso de desarrollo genuino de las fuerzas productivas, sino siquiera para lograr mejorar un poco las condiciones de vida de la clase trabajadora y revertir el saldo del macrismo.

En última instancia, este derrotero es coherente con su programa anclado a una estrategia más general de regular el capitalismo. Cristina Fernández viene planteando que “el capitalismo es el modo, la manera, o el método más eficiente para producir bienes y servicios”. Algo discutible si se atiende a las casi 1.000 millones de personas que habitan el mundo en condiciones de extrema pobreza.

La idea de que se puede regular las corporaciones capitalistas desde un estado capitalista, y más aún en un país dependiente como el argentino, es un proyecto utópico. La expulsión del FMI del país y el desconocimiento soberano de la deuda odiosa, basados en la movilización obrera y popular, constituyen un primer paso esencial para poner fin a la decadencia infinita a que somete la clase capitalista a las mayorías populares. Junto con esto, resulta fundamental el control y gestión por los trabajadores de los resortes estratégicos de la economía que hoy en día están en manos de unas pocas empresas privadas, muchas de ellas multinacionales, como los puertos, las exportaciones y los bancos.

En la actualidad los grandes empresarios se enriquecen fuertemente con Milei y se han enriquecido en los gobiernos anteriores. Hace falta atacar o afectar sus ganancias. Por ejemplo, para iniciar un camino que enfrente el flagelo creciente de la desocupación, desde el PTS en el Frente de Izquierda planteamos reducir la jornada laboral a 6 hs en las principales 12 mil grandes empresas. Así se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo genuinos, repartiendo la jornada laboral, sin afectar el salario, atacando la ganancia de estos grandes capitalistas. Con una remuneración que de mínima igual a la canasta básica familiar.

Ante la brutal política de ajuste y entrega de Milei, y la falacia del peronismo de que es posible “regular al capital” que no significa una alternativa al sometimiento al FMI y a las grandes patronales, los trabajadores necesitamos construir una perspectiva propia de superación del capitalismo. Un nuevo régimen económico y social, un proyecto socialista desde abajo, con la potencia de la clase trabajadora a la cabeza, la verdadera clase productora de la sociedad.

Te puede interesar: Manifiesto a siete meses del Gobierno de Milei. Que la crisis la paguen los grandes empresarios que ganan millones


Lucía Ortega

Economista UBA. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.

X