POLÍTICA ESTADO ESPAÑOL. Díaz anuncia la “derogación” de la ley mordaza y el PSOE corrige: sólo una reforma parcial

Este martes Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, ha anunciado un pacto con el PSOE para presentar en el Congreso una supuesta “derogación de la ley mordaza”. Apenas unas horas después, la portavoz del Gobierno por el PSOE, Pilar Alegría ha sido preguntada al respecto para dejar claro que en realidad: “vamos a abordar la modificación de la ley mordaza pero solo la parte referida a los delitos por injurias”.

Sin duda, la propuesta de una modificación parcial de la ley, que será presentada este miércoles al Congreso y sometida a la valoración del resto de grupos parlamentarios, dista mucho de una derogación de los aspectos centrales. En concreto, el acuerdo solo afecta a la despenalización por la publicación de imágenes de los cuerpos policiales (referente al artículo 36) o la eliminación de los delitos de opinión por expresiones o publicaciones que vulneran los sentimientos religiosos, contra la corona o delitos de injurias contra diversas instituciones del Estado.

La regeneración democrática empieza con la derogación de la Ley Mordaza. pic.twitter.com/EW8vrTXQuI

— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 16, 2024

Sin sorpresas: Yolanda Díaz anuncia “derogación” y el PSOE corrige, solo modificación parcial https://t.co/GYTq1hTOPp

— Josefina L. Martinez (@josefinamar14) July 16, 2024

El propio Enrique Santiago, dirigente del PCE y diputado de Sumar, ha tenido que salir a matizar las palabras de su compañera de partido, dejando a un lado el tema de derogar la ley mordaza, que queda claro que no van a realizar, para hablar de “derogar otras leyes mordaza presentes en el código penal” en relación a las libertades de expresión.

Cualquier persona está protegida frente a las injurias o calumnias al margen de las funciones que desempeña.

Vamos a eliminar los delitos que limitaban la libertad de expresión, proteger más a los periodistas y dificultar procedimientos judiciales para dañar a figuras públicas. pic.twitter.com/3hfY5uh8Ob

— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) July 16, 2024

De esta manera, nueve años y dos gobiernos "progresistas" después, la ley mordaza sigue sin ser derogada. Desde su aplicación por el PP en 2015, la ley no ha dejado de estar vigente hasta la actualidad, sirviendo de base para la aplicación de 1.817.478 multas (según los datos recopilados hasta 2022). La cuarta parte de estas sanciones están relacionadas con la aplicación de los artículos 36.6 que sanciona la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse ante las fuerzas de seguridad, y del 37.4, que multa las faltas de respeto a la autoridad.

Casi dos millones de sanciones a las que habría que añadir las más de un millón que se realizaron en los 75 días del estado de alarma y el confinamiento impuesto por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos durante la pandemia en 2020. En menos de tres meses la ley mordaza fue aplicada un 42% más que en los tres primeros años del Gobierno del PP. El número de multas fue tal que saturó a la administración y terminaron siendo revisadas por Tribunal Constitucional.

¿Cuáles son los puntos centrales de esta ley represiva que no son cuestionados por el Gobierno?

Como hemos visto, los artículos de la ley correspondientes a las “faltas de respeto a la autoridad” y “resistencia, obediencia o negativa a identificarse” han sido los más utilizados y una parte fundamental en la ofensiva contra los derechos de manifestación y protesta. Pero también a partir de esta norma, se establecen penas aplicadas directamente para la represión de la movilización social con sanciones de entre 100 y 600 euros a personas que participen de una manifestación no comunicada previamente a la Delegación del Gobierno, incluso identificando a cualquier manifestante que lleve banderas o pancartas como organizador de la misma. Sanciones que pasan a ser consideradas graves si las movilizaciones se convocan frente al Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos, pasando las multas a ser de entre 601 a 30.000 euros.

Este arsenal represivo armado por el PP, sumado a la presunción de veracidad de los cuerpos policiales en los procedimientos, ha permitido la persecución a activistas sociales y sindicalistas también durante el primer Gobierno de Sánchez y los dos Gobiernos “progresistas”.

Se pudo ver en la masiva represión al movimiento democrático en Catalunya, con miles de sanciones derivadas, justamente, por delitos como desobediencia, faltas a la autoridad, manifestaciones no comunicadas o resistencia a la autoridad. 100.000 multas impuestas por la ley mordaza calcula la Generalitat entre 2014 y noviembre de 2017, período que cubre la ley de amnistía, pero que todavía están pendientes de ser invalidadas y devueltas sus cuantías.

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En uno de los casos represivos más graves, el de los “Seis jóvenes antifascistas” de Zaragoza, el Supremo condenó a cuatro de ellos a 4 años y 9 meses de cárcel, y 50.000 euros de multa, por participar en protesta contra Vox. En el proceso judicial, precisamente, la base de la acusación y de la condena fueron únicamente los testimonios policiales.

Una represión que también es duramente dirigida contra las personas migrantes, que sufren cotidianamente, en cada barrio, un control y persecución policial que ha sido reforzado gracias a esta ley mordaza, que actúa de la mano de la racista ley de extranjería. Junto a esto, la norma contempla las denominadas “devoluciones en caliente” que se producen en la frontera y que vulneran sistemáticamente los derechos de las personas migrantes y en busca de asilo.

Un nuevo intento de maquillar la ley mordaza, mientras avanza la extrema derecha

Ninguno de estos elementos centrales de la ley mordaza han sido cuestionados desde la salida del Gobierno del PP en junio de 2018. Con Unidas Podemos en el Gobierno no se modificó una coma de la ley, de hecho, fue el momento de mayor uso de la misma, como veíamos. El intentó de reforma de marzo de 2023 era tan tibio que no contó con los apoyos de los socios de gobierno EH Bildu y ERC, al mantener aspectos como las devoluciones en caliente de migrantes o la utilización de balas de goma.

Ahora, la propuesta de Sumar y el PSOE todavía es más limitada que ese intento de reforma, y se prevé que, de nuevo, pueda haber socios de gobierno que no apoyen este miércoles la medida. Podría arruinarse así, este intento de maquillaje de una ley que Yolanda Díaz ha querido presentar como una “derogación” del Gobierno “progresista” y de su partido, cuando se viene del escandaloso pacto de renovación del CGPJ entre PP y PSOE, y en un momento en que la “medida estrella” de la ministra de Sumar sobre reducir la jornada laboral se mantiene estancada.

Mientras tanto la extrema derecha continúa su avance en Europa y en el Estado español, Vox sostiene un pulso al PP abandonando las coaliciones en común de gobiernos autonómicos, para tratar de no perder su espacio como alternativa de ultraderecha racista frente a los populares.

Ni un ápice de audacia muestra Sumar en este punto, actuando como mera “muleta” del PSOE y avalando reformas laborales, leyes mordaza y de extranjería, masacres en la frontera o el rearme militar y la agenda de la OTAN. Tampoco los socios del gobierno que le dan apoyo político, incluido Podemos, que viene de ocupar ministerios en la anterior legislatura, ni más ni menos.

Frente a una extrema derecha de verdad, no podemos confiar en una “izquierda” de mentira que cierra filas con el neoliberalismo imperialista, responsable de masacres como la de Melilla o cómplice de las encarcelaciones a activistas y sindicalistas como los “Seis de Zaragoza” o las “Seis de La Suiza”.

Tumbar la ley mordaza, la ley de extranjería o las reformas laborales, conseguir la reducción efectiva de la jornada laboral sin rebaja salarial y de la edad de jubilación, destinar los presupuestos militares a sanidad y educación, o la libertad de las detenidas por luchar, sólo se puede conquistar desde la lucha, con la organización y movilización desde abajo, así como levantando un partido revolucionario que defienda este programa con radical independencia política de clase de todos los partidos y gobiernos burgueses.

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