Este proyecto se presenta y aprueba en un contexto mundial donde la migración forzada se ha convertido en uno de los síntomas más visibles de la decadencia capitalista: las guerras, el genocidio en curso contra el pueblo palestino–, la devastación ambiental y las crisis económicas en América Latina, empujan a millones de personas a buscar refugio lejos de sus hogares.
Viernes 29 de noviembre
Este martes 26 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 142 votos a favor y sin contras ni abstenciones, el proyecto de ley que modifica la Ley de Migración y Extranjería (boletín 16072). Presentado por el gobierno desde el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, fue apoyado por el conjunto de los partidos del régimen.
En este contexto, mientras la derecha y la ultraderecha hacen demagogia con los prejuicios nacionalistas y xenofóbos, el gobierno de Gabriel Boric sus partidos, el Frente Amplio, el PC y la vieja Concertación, confirman las denuncias que hemos realizado, sobre su sometimiento al programa reaccionario que la derecha representa. La militarización de las fronteras, la vigencia del decreto 265 -que amplían las facultades represivas de las fuerzas armadas-, son la antesala de esta reforma.
Sin ir más lejos, en las recientes campañas municipales, se endurecieron los discursos “frente a la delincuencia”, incluyendo a la izquierda reformista y a la centro izquierda. Desde el Partido Socialista, promueven medidas extremas, como campos de concentración para migrantes y un Estado de Sitio en la Región Metropolitana, mientras que Paulina Vodanovic intentó moderarlas sugiriendo un Estado de Emergencia. Simultáneamente, Boric avanzó en políticas represivas, desplegando a las Fuerzas Armadas, aumentando controles migratorios y anunciando la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad.
Avance en la criminalización y bloqueo a la salud y educación
El proyecto amplía las causales de expulsión, rechazo y revocación de permisos de residencia. Entre estas se incluyen conductas ambiguas y de difícil determinación, como las vinculadas a “incivilidad” en artículos específicos, las cuales abarcan desde ruidos molestos hasta el comercio ambulante, careciendo de precisión jurídica, exponiéndonos a la arbitrariedad y fomentando aún más la sensación de “amenaza” y estigmatización.
Entre los cambios más notables se encuentra el aumento que dobla el período mínimo de residencia en Chile de cinco a diez años, para acceder a la nacionalidad chilena, además de la obligatoriedad de una prueba de cultura y educación cívica al estilo legislación norteamericana, las cuales demostraron que dificultan que los migrantes se puedan integrar plenamente, priorizando una visión restrictiva de la nacionalidad, es decir ampliando la segregación cultural.
Asimismo, el proyecto contempla la incorporación de datos biométricos al registro de extranjeros en situación irregular, lo que plantea un ataque a la confidencialidad, posibilitando el uso de esta información por parte de las autoridades.
Otra de las medidas criminalizadoras es la posibilidad de expulsar a migrantes con procesos judiciales pendientes por delitos menores, dejando esta decisión en manos del Subsecretario del Interior, vulnerando el principio de presunción de inocencia. También representa un retroceso significativo en la garantía de derechos laborales para los migrantes, independientemente de su estado de visación.
En pos de romper los lazos solidarios, se busca aplicar sanciones a quienes brinden asistencia a migrantes en situación irregular, desde instituciones humanitarias hasta particulares que arrienden viviendas. El proyecto también plantea restricciones graves en el acceso a derechos esenciales como la salud y la educación. En Argentina, ya se están organizando contra las reformas por parte del gobierno de Milei, en el arancelamiento en el acceso al servicio sanitario a los extranjeros (caso Chubut).
La clase obrera es una y sin fronteras
Esta profundización de las políticas xenófobas no es más que una herramienta para desviar la atención de las problemáticas estructurales que afectan a toda la clase trabajadora. Mientras se criminaliza a los migrantes, se ocultan problemas como la súper flexibilidad laboral, el trabajo precario, los precios de arriendo y la crisis habitacional. Estas medidas buscan enfrentar a la clase trabajadora chilena con los migrantes, convirtiéndonos en un chivo expiatorio de políticas que perpetúan la explotación y opresión.
Es fundamental construir un frente de migrantes con el apoyo del conjunto de la clase trabajadora chilena, para luchar contra estas políticas de explotación y discriminación. Las diversas organizaciones migrantes, de DDHH, políticas, sociales debemos plantear una campaña de repudio a esta ofensiva. Es por esto que se está impulsando una declaración de firmas, como punto inicial hacia un frente único de lucha para tirar abajo esta reforma anit-derechos.
Firmar aqui la declaración: Sobre defensa de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Chile ante el proyecto de ley misceláneo (Boletín Legislativo N° 16.072-06)
Asimismo, es urgente exigir a la CUT y a las centrales sindicales, que rompan con el silencio que han sostenido con estas políticas, para impulsar una campaña hacia la votación en el senado y por un plan de acogida internacional. Este plan debe incluir el fin de las deportaciones forzadas, garantizar el derecho al libre tránsito sin discriminación, el acceso a la residencia, a servicios de salud y educación, y al trabajo formal, el desarrollo de planes de vivienda y urbanismo, y, de manera prioritaria,y el otorgamiento inmediato de las visas de residencia definitivas.
La lucha internacionalista, debe asumir la cuestión migratoria como una prioridad central. La defensa de los derechos de los migrantes no es sólo una cuestión humanitaria, sino una tarea política fundamental para enfrentar la decadencia del capitalismo y construir un horizonte de emancipación para toda la humanidad.
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