Este jueves la Cámara de Diputados va a sesionar desde las 11 de la mañana: el reconocimiento a la Lengua de Señas y alcohol cero en rutas nacionales se destacan en un extenso temario de consenso entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. ¿Cuál es la otra agenda que no llega al recinto? Los reclamos de la calle y un Congreso que le da la espalda.
Jesica Calcagno @Jesi_mc
Miércoles 23 de noviembre de 2022 19:26
Cecilia Moreau, presidiendo la última sesión de la Cámara de Diputados l Foto: HCDN
Jueves: otra sesión de consenso
Este jueves la Cámara de Diputados tendrá una nueva sesión especial, convocada a las 11 de la mañana, para tratar una variedad de temas consensuados entre los bloques mayoritarios, repitiendo la dinámica luego de darle media sanción al Presupuesto 2023.
El que más se destaca es el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina (LSA) como lengua natural y originaria, que llega a la Cámara Baja luego de muchos años de lucha de las organizaciones de la comunidad sorda. Una deuda que ubica a nuestro país, junto a Guyana, entre los únicos dos de toda Sudamérica que no han dado reconocimiento oficial a la lengua de señas.
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Otro de los debates que se llevará las miradas este jueves será el proyecto de “alcohol cero” para rutas nacionales. Actualmente está permitido manejar automóviles con 500 miligramos de alcohol por litro de sangre, 200 miligramos para motos y 0 para el transporte de pasajeros y camiones. La iniciativa, reclamada por familiares de las víctimas de accidentes de tránsito, propone llevar a cero en todos los casos y tiene el apoyo transversal de los bloques. Diputados y diputadas de las provincias cuyanas que producen vino manifestaron su rechazo a la modificación, en voz de los radicales mendocinos (Julio Cobos y Jimena Latorre). Proponen mantener los límites que rigen actualmente pero aumentando las penas a quienes la incumplan.
El temario incluye dos iniciativas para el sistema de salud. Uno para procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal (entre las 22 semanas de embarazo y la primera semana de vida). El otro propone un programa de protección integral de personas con cardiopatía congénita.
Por último se tratará una modificación de la ley de residuos peligrosos (para aumentar el valor de las multas y que se actualicen de forma automática), una iniciativa sobre los feriados nacionales, y cinco transferencias de inmuebles entre jurisdicciones.
Hasta el 30 diciembre con una agenda limitada
Las sesiones ordinarias finalizan cada 20 de noviembre, por lo que la jornada de este jueves está dentro del cronograma regular. Pero este año la actividad ordinaria del Congreso va a extenderse hasta el 30 de diciembre por pedido del presidente Alberto Fernández. En el oficialismo arman un cronograma con la expectativa de convocar dos sesiones más antes del cierre del año en la Cámara de Diputados. Debido a la dinámica ajustada para lograr una mayoría propia, el Frente de Todos buscará priorizar “temas de consenso’’. En el Senado el escenario también está complicado. Entre el clima crispado tras la polémica por los miembros del Consejo de la Magistratura, y la ausencia de dos senadores oficialistas (José Mayans por problemas de salud y Sergio “Oso” Leavy que pidió licencia para viajar al mundial en Qatar), se dificulta hasta el quórum. Son factores que empujan a limitar los temas que pueden obtener media sanción o convertirse en ley en lo que resta del 2022.
Agenda esquiva
Especialmente hay tres temas de relevancia para la lucha de distintas organizaciones o que afectan las condiciones de vida de miles de personas, y que quedan por fuera de “la agenda de consenso” que buscan imponer los partidos tradicionales que actúan en el Congreso. Es el caso de la Ley de Humedales, los Hipotecados UVA y la moratoria previsional para quienes están edad de jubilarse pero no cuentan con todos los aportes debido al crecimiento del trabajo informal en nuestro país.
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El problema de las jubilaciones es una constante en nuestro país, y es cada vez más crítico. Este 31 de diciembre vence el decreto presidencial que permitió la vigencia de la moratoria jubilatoria que se inició en 2014. En el Senado, el Frente de Todos impulsó una nueva moratoria que tuvo media sanción el 30 de junio de este año, que aún no prosperó en Diputados. Es que en Juntos por el Cambio no adhieren a la propuesta y en la Cámara Alta se dividieron entre el rechazo y la abstención. La coalición de la oposición de derecha defiende que en vez de jubilaciones se generalice la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que equivale al 80% de la jubilación mínima. Un régimen que impulsó el macrismo en 2016 y contó con el apoyo del peronismo para aprobarla (como gran parte de las medidas de ajuste votadas durante el gobierno de Macri).
En este debate, las y los diputados del Frente de Izquierda han presentado varios proyectos que apuntan a recuperar lo perdido por las jubilaciones en los últimos años y que sean acordes a la canasta de adultos mayores. Myriam Bregman, en el debate en comisiones, cruzó al oficialismo y a la oposición de derecha por sostener una de las herencias claves del menemismo que desfinancian y destruyen el sistema previsional desde entonces. La diputada del Frente de Izquierda cuestionó “la reducción de contribuciones patronales llevada adelante por Domingo Felipe Cavallo, que estaban en el 33%. Eso se redujo y nunca más se volvió a reponer”. Agregó que “desde el Frente de Izquierda Unidad tenemos presentado un proyecto para restituirlo al 33%”, como parte de una serie de proyectos presentados para garantizar jubilaciones que alcancen que incluyen restablecer el 82% móvil y subir el haber mínimo. Desde la bancada de izquierda también denunciaron el consenso entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Presupuesto 2023, con el sello del FMI: el ajuste incluye el recorte de $500.000 millones a jubilaciones y asignaciones.
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En cuanto a la postergada Ley de Humedales, a pesar de estar dictaminada tiene pocas chances de llegar al recinto.En el ultimo plenario de comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura y Ganadería se impuso por mayoría el proyecto impulsado por Juntos por el Cambio, aunque el de minoría del Frente de Todos tiene muchas similitudes luego de que le hagan modificaciones al proyecto original elaborado colectivamente por las organizaciones socioambientales. Los rechazos para avanzar con la ley son transversales en el oficialismo como en la oposición de derecha: en ambos lados hay diputados y diputadas que priorizan el negocio de lo más concentrado del campo y el extractivismo del litio. De hecho se pudo imponer el proyecto de Juntos por el Cambio en el plenario de comisiones por la ausencia y el boicot de los legisladores del Frente de Todos que responden a los gobernadores del Norte Grande (donde se concentra el negocio del litio). El diputado Nicolás del Caño del Frente de Izquierda reafirmó el compromiso de su bancada para redoblar y acompañar la movilización de las organizaciones. Sostuvo que “es la única manera de que podamos tener una ley que realmente sea de protección de los humedales. Que realmente les dé participación a las comunidades, a las asambleas socioambientales. Ese es el planteo que nosotros vamos a sostener en estas comisiones, en las calles y, también por supuesto, en el caso de que llegue al recinto”.
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Similar es la situación para dar una respuesta a los hipotecados UVA, también demorada y acuciante para más de 100.000 familias víctimas de una estafa del Estado y los bancos. En su caso, ni siquiera se ha avanzado con ningún dictamen. Las dos coaliciones mayoritarias siguen pateando las soluciones y se limitan a convocar nuevas reuniones. En Juntos por el Cambio, hay diputados que siguen defendiendo la usura de los créditos UVA que implementaron bajo su gobierno. Las propuestas que evalúan otros sectores de la coalición opositora y el Frente de Todos, no contempla el reclamo de las familias afectadas sobre revisar el cálculo de la deuda inicial que sigue creciendo exponencialmente por el propio mecanismo UVA.
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Jesica Calcagno
Nació en Buenos Aires en 1984. Licenciada y profesora en Sociología (UBA). Acreditada en el Congreso.