Se trata de José Ángel Allende, integrante del secretariado nacional del gremio estatal, cercano a Andrés Rodríguez. Durante su gestión como diputado del PJ-Frente para la Victoria en Entre Ríos desvío 1,2 millones de dólares para un negocio familiar. La relación con los gobernadores del PJ y el Frente de Todos.
Viernes 6 de agosto de 2021 08:59
No es un “gremialista” cualquiera. En la foto se lo puede ver sentado junto a Andrés Rodríguez, máximo dirigente de UPCN. José Ángel Allende figura, aún hoy, como “Secretario de Interior” en el secretariado nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación. Es uno de los tres representantes de UPCN ante el Comité Central Confederal de la CGT. Hace casi 35 años que está en la comisión directiva del sindicato en Entre Ríos.
Pero el hombre utilizó además el gremio como trampolín político. En 1999 fue electo por primera vez Diputado Provincial por el Partido Justicialista. Luego fue reelegido por varios mandatos, como un hombre de peso del partido. Llegó a ser Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, en pleno kirchnerismo.
Se convirtió en un hombre de confianza de cada uno de los gobernadores. Del actual, José Bordet, y de su predecesor, José Urribarri, actual embajador argentino en Israel. Cuenta el periodista de investigación Daniel Enz, que fue el mismo Urribarri el que le recomendó que “no se entregue”. A través de Análisis Digital y un libro, Enz develó varias de las maniobras luego comprobadas por la justicia.
Pero, ¿qué hizo Allende?
Se robó al menos 1,2 millones de dólares de fondos estatales.
¿Cómo lo hizo?
A través de sus privilegios como diputado. Durante 2008 y 2011, al menos, benefició mediante 128 subsidios no reintegrables a una fundación presidida por su esposa, Adriana Satler y en la que figuraba su hija Victoria como tesorera y él mismo como secretario del Consejo de Administración.
En el juicio, las fiscales detallaron además distintas negociaciones incompatibles con su función de diputado cuando fue elegido en 1999 hasta 2016.
Por eso fue acusado de delitos de enriquecimiento Ilícito, negociaciones incompatibles, coacción y amenazas agravadas por violencia de género. Nada menos. Las dos últimas acusaciones fueron por coacciones contra el periodista Martín Carboni y por amenazas contra la ministra de Salud, Sonia Velázquez.
Para evitar la prisión propia y de familias, Allende terminó confesando. “Reconozco ser el autor de los hechos que se me imputaron”, dijo.
¿Qué pidieron los fiscales?
Solicitaron al juez una condena de 2 años y 8 meses de prisión condicional, una multa de $3.000.000 equivalente al 60% del valor enriquecido demostrado en pesos a través del decomiso de dos inmuebles tasados en total en 1.105.211 dólares: una lujosa casa ubicada en el Parque Urquiza valuada en US$720.922, y otra de 378.289 dólares.
Además quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Tranca. Eso es solo parte del enriquecimiento del hombre de confianza de Andrés Rodríguez y el Frente para la Victoria entrerriano. Además de estas propiedades, tiene otras en otras localidades, barcos, una colección de autos antiguos, un departamento en la torre Le Parc, en Puerto Madero, y hasta aseguran que posee una isla en el Paraná.
Durante tantos años en el poder, Allende cosechó una fuerte relación con otros dirigentes del PJ, empezando por los gobernadores. Trabajó muy cerca de Sergio Urribarri, actual embajador del Gobierno nacional en Israel y muy cercano a Cristina Kirchner. También a Gustavo Bordet, quien designó a su esposa en el Ministerio de Salud provincia. Allende respondió con creces, para allanar alianzas con distintos sectores del PJ y el sindicalismo.
Nada dicen los medios de cómo Allende también afectó el patrimonio de los trabajadores y trabajadoras estatales, de Entre Ríos y del país. En los últimos años de su gestión como parte del Consejo Directivo nacional perdieron cerca del 40% del poder adquisitivo.
Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, aún no hizo declaraciones al respecto.
