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Red Internacional
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Crisis Energética. Dos décadas a oscuras

Viernes 21 de noviembre de 2014

“Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado” (Roberto Dromi)

Los años 90 no se han ido. Los despojos de la década de las privatizaciones, el desempleo, el hundimiento de la industria nacional, la apertura del mercado son parte de la cotidianeidad en cada rincón del país. Es un relato vivo de aquella etapa la propia energía eléctrica que llega a diario a gran parte de los hogares argentinos, pero no a la totalidad (porque, por increíble que parezca, todavía persisten lugares donde la luz es un relato de forasteros).

En estricto cumplimento de la Ley 24.065, que entró en vigencia el 1° de enero de 1992 y tras la fuerte crisis energética que golpeó el fin de ciclo del gobierno de Raúl Alfonsín, se declararon sujetas a privatización total las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica. En la Capital Federal y el conurbano bonaerense, estos servicios eran realizados hasta ese momento por la empresa estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. (SEGBA), que fue fragmentada en siete unidades: cuatro generadoras de energía y tres distribuidoras.

El 14 de mayo de 1992, por la Resolución del Ministerio de Economía N° 591/92 se realizó el Concurso Público Internacional para la venta de las acciones clase "A", representativas del 51% del capital social de Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR SA.) y Empresa Distribuidora Sur SA. (EDESUR S.A.), dos de las tres empresas distribuidoras de energía eléctrica en que se dividió SEGBA.
Edenor se constituyó como sociedad el 21 de julio de 1992 mediante el decreto N° 714/92 y pasó entonces a ser controlada por Electricidad Argentina S.A. (EASA), para iniciar sus actividades el 10 de septiembre de ese mismo año. En 2001 la mayor parte de las acciones de EASA fueron adquiridas por Électricité de France Internacional S.A. para finalmente pasar a manos, entre 2005 y 2007, del Grupo Mindlin y Pampa Holding S.A., grupos económicos afines al kirchnerismo. Actualmente cuenta con una cantidad de 2.772.893 clientes.

Por su parte, Edesur fue adquirida en el 51% de sus acciones, mediante el Decreto 1507/92, al Consorcio Distrilec Inversora S.A., integrado por Pérez Companc, Chilectra, Enersis, Endesa de Chile, PSI y TAICO. El 1 de septiembre de 1992 se realizó la toma de posesión y el inicio de actividades. Entre los años 2012 y 2013 se realizó una fuerte reestructuración accionaria y, además de los propietarios mayoritarios italianos y españoles, se sumaron los grupos empresarios argentinos de las familias Miguens y Escasany, y del amigo íntimo de Macri Nicolás Caputo. A diciembre de 2013 la cantidad de clientes de la firma ascendía a 2.444.013.

La concesión a las empresas fue otorgada por un plazo de 95 años, prorrogable por un máximo adicional de 10 años. Ambas distribuidoras están sujetas al marco regulatorio dispuesto por la Ley N° 24.065 que crea el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Contrato de Concesión. Asimismo, el ENRE cuenta entre sus facultades la aprobación y control de las tarifas, el control de la calidad del servicio y producto técnico y la aplicación de sanciones por incumplimiento. En el resto del país las distribuidoras son reguladas por organismos provinciales.

Los 90 no se han ido

Con el transcurso de los años, sin embargo, comenzaron a madurar cada vez más las consecuencias de poner un servicio público en manos privadas cuyo fin último es, por definición, el lucro. El grueso de las ganancias de las firmas propietarias se generaron a partir de la especulación financiera, puesto que en varios años las subas accionarias se consolidaron entre 100 y 200% y, al tratarse en gran parte de propietarios extranjeros, gran parte de ese dinero es enviado a las casas matrices de esas empresas, sin poner un solo peso para invertir en el país. Además, el Estado desembolsa permanentemente parte de su presupuesto para sostener la actividad de las privatizadas, subsidiando tarifas, comprando energía faltante en el exterior o pagando los sueldos que las empresas dicen no llegar a cubrir. Para todo el 2013 se destinaron a tales fines nada menos que 140.000 millones de pesos de las arcas estatales.

Asimismo, una de las principales cartas de funcionamiento de Edesur y Edenor es una de las piedras fundacionales del neoliberalismo, la precarización laboral. En los años 80, cuando la distribución estaba a cargo de SEGBA, eran alrededor de 30.000 trabajadores efectivos en las zonas que hoy competen a Edesur y a Edenor.

Actualmente, entre ambas empresas no suman más de 7.000 empleados efectivos y a ellos se suman unos 10.000 tercerizados y cuadrillas de emergencia en las contingencias que se arman con electricistas matriculados domiciliarios que no conocen los trabajos en redes de media tensión.

Esta combinación de elementos sumados a la histórica falta de inversión en las instalaciones por parte de las distribuidoras ha llevado a una agudización cada vez mayor de la crisis y a interrupciones del servicio y apagones cada vez más reiterados y prolongados. La resolución de reclamos también resulta ineficiente, ya que los call center tanto de las empresas como del ENRE se encuentran colapsados y con malas condiciones laborales y las cuadrillas pésimamente equipadas.

Las excusas son diversas pero ninguna llega hasta estos trasfondos del problema. En la mayoría de los casos se responsabiliza a los diversos factores climáticos y al crecimiento del consumo (que es una consecuencia lógica del crecimiento de la población y la urbanización) por parte de los usuarios. También se expone como motivo el mantenimiento de las tarifas bajas, lo cual impediría el ingreso suficiente de fondos para inversiones, pero callando las ganancias multimillonarias que se llevaron hasta este año las compañías a partir de la especulación financiera, a pesar de que en el último año hayan presentado pérdidas en términos operativos.

Durante los terribles cortes del último verano, la primer tentativa justificatoria por parte del Gobierno Nacional fue también apuntar al excesivo consumo, tapando de esta manera el sol con la mano, puesto que el crecimiento de la generación eléctrica no alcanza en los últimos años ni a la cuarta parte de la expansión que tuvo la economía.

Entre 2003 y 2012 la economía nacional creció en un 82%. Es notable el contraste con la suba de apenas 16% en la potencia instalada para generar energía eléctrica. El resultado de la escasa inversión es una mayor carga de generación sobre una potencia que crece en forma excesivamente lenta.

La búsqueda incesante de un aumento tarifario por parte de las distribuidoras busca justificarse a partir de solicitadas al Estado para cubrir salarios y, la novedad de este año, con la presentación de balances comerciales negativos según indica la Bolsa de Comercio (dejando por fuera, una vez más, las cuantiosas ganancias especulativas). En el 2014, tanto Edesur como Edenor pasaron a tener por primera vez un patrimonio neto negativo acumulando hasta septiembre una pérdida de 3.462,7 millones de pesos.

Mientras miles de familias pasan días y hasta semanas sin electricidad, sin agua y desechando sus alimentos y medicamentos, lejos de ejecutar un plan de emergencia y asistencia, las distribuidoras cierran sus locales y el gobierno, por su parte, envía a la Gendarmería para custodiar las propiedades de Edesur y Edenor de la bronca vecinal. Se adjudica el problema al exceso de consumo, señalando con el dedo a quien enciende un aire acondicionado, pero se mantiene el derroche energético en la iluminación de monumentos y edificios públicos, de bingos, casinos, hoteles de lujo, shoppings y barrios cerrados.

Los sucesivos gobiernos no hacen más que mantener incólume el modelo privatizador menemista. En tanto esta situación perdure, los apagones no van a cesar y la década del 90 permanecerá aquí, más presente que nunca en la distribución eléctrica a la población, sin luz, sin agua y sin salida. Mientras somos los mismos usuarios y los trabajadores de esas compañías, también en su doble rol de usuarios, los únicos verdaderamente interesados en que la generación de energía y su distribución lleguen hasta el último poblador de este país.