En estos días se conoció la noticia de que militares estadounidenses formarán parte de la gestión de la hidrovía del Paraná. Las implicancias que tiene este acuerdo frente al sometimiento del país y el beneficio de las multinacionales yankees que operan los puertos.
Lunes 18 de marzo 19:32
La Autoridad General de Puertos (AGP) firmó un memorándum de entendimiento para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense tenga presencia en la ruta fluvial.
El acuerdo del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos implica que el ejército estadounidense se instale en la Hidrovía Paraná - Paraguay, una de las cuencas de agua dulce más grandes del mundo.
La falta de transparencia y la falta de que este tipo de acuerdos pasen por el congreso levantó críticas de distintos sectores que salieron a denunciar la pérdida de soberanía.
A decir verdad, sería un paso más en el sometimiento del país a los designios de Estados Unidos y sus multinacionales, que ahora contarán con presencia militar en la ruta fluvial más importante y estratégica de la región. Si bien medios afines al gobierno y la misma AGP, anunciaron la noticia como una “colaboración” de ingenieros militares estadounidenses, es difícil pensar que las intenciones de estos estén motivadas simplemente en colaborar, ignorando que en la hidrovía operan multinacionales yankees como ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus. Muchas de ellas poseen puertos privados, controlando la salida de la mayoría de las exportaciones del país. Son las principales empresas comercializadoras de materias primas y controlan el mercado de la soja en América Latina, presionando o directactamente pactando con los gobiernos de turno, inciden en la matriz agroexportadora del país
La hidrovía como punto estratégico geopolítico en disputa
El Paraná es la principal vía de exportación e importación de América del Sur. Constituye el segundo nodo portuario agroexportador del mundo, luego del ubicado en Nueva Orleans (Estados Unidos), según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. El interés geopolítico por la hidrovía y la triple frontera por parte del imperialismo yankee no puede desligarse de esto.
Otro punto que no se puede obviar es que el Congreso de Estados Unidos autorizó el año pasado a los ingenieros militares de su país para trabajar en temas de navegación y otras áreas, pero con el trasfondo de monitorear y evitar la presencia de China en estas regiones claves, como la hidrovía del Paraná que es una de las cuencas de agua dulce más grande del mundo y donde opera también la multinacional china COFCO.
Se trata entonces de una nueva avanzada de Estados Unidos en la incidencia en el control de la economía argentina en beneficio de las ganancias de sus multinacionales que operan en las 21 terminales portuarias del Gran Rosario, avalados por un gobierno nacional que les promete no solo cuidar de sus interés, sino la vía libre para profundizar el control y el saque de la región, ahora bajo los ojos de los “ingenieros” del ejército norteamericano.
Los intereses que ningún gobierno quiso tocar
Cuando en el 2020 se venció la concesión de la ruta fluvial, controlada desde los 90s por una empresa belga-argentina que se encargaba del dragado del río y del millonario negocio del cobro de peajes a los barcos, el gobierno de Fernandez, extendió la concesión por 90 días y cobró relevancia el tema en la agenda política nacional, ya que desde muchos sectores se planteaba en control del Estado, que Alberto amagó para luego retroceder y volver a abrir la licitación con el decreto presidencial 949/20. Licitación que aún no tuvo éxito por lo que su administración y control quedó de facto y por un plazo determinado en manos del Estado, bajo la órbita de la AGP.
Los puertos y el narcotráfico
La firma del acuerdo con los militares norteamericanos se realizó la semana pasada, aunque tuvo más repercusión en estos últimos días, justo cuando la ciudad de Rosario está siendo atormentada con la ola de asesinatos efectuados por bandas narcotraficantes. Rosario y las localidades como Puerto General San Martín o San Lorenzo, cuentan con los puertos, en su totalidad privados, de donde sale el 80% de las exportaciones, en su mayoría granos, aceite, harinas y otros productos relacionados al agro. No es una noticia nueva también que son puntos de comercio ilegal utilizado por el narcotráfico para sus negocios.
Las grandes torres de lujo, casi vacías, el control de las empresas y de lo que entra y sale de los puertos, se escapa del interés de Milei, Bullrich, Pullaro y el ahora sumado Kicillof en su combate al narcotráfico, que parecen poner la mira en los barrios más humildes y en la persecución de consumidores.
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Soberanía nacional: puertos al servicio de las grandes mayorías
Las empresas “nacionales”, que muy lejos de ser lo opuesto a sus pares multinacionales, no solo operan y forman los precios de los alimentos en pos de aumentar sus ganancias, sino que tampoco son garantía de que puedan gestionar la hidrovía y los puertos en beneficio de las grandes mayorías. Con solo buscar Vicentin en Google, se ven miles de noticias relacionadas con fraudes, estafas, lavado de dinero y con el “descubrimiento” de más 1500 kilos de cocaína en uno de sus puertos que iban, según informaron, con destino a Dubai.
La discusión sobre el carácter privado de los puertos y la hidrovía y la necesidad de la estatización bajo control de los trabajadores portuarios adquiere entonces doble relevancia. Por un lado la necesidad de controlar posiciones y vías de comercio estratégicas del país cada vez más entregadas a capitales y gobiernos extranjeros, y por otro para que exista un verdadero control de lo que entra y sale por los puertos.
Pero la estatización no se debería limitar meramente a una cuestión de control de lo que se transporte por la hidrovía y lo que salga o entre por los puertos, la estatización con control por parte de sus trabajadores implicaría que en medio de la crisis económica brutal que está atravesando el país, potenciada por el ajuste del gobierno nacional, estas grandes empresas no formen y dibujen los precios de los alimentos en pos de sus propios beneficios y ganancias, arrojando a millones al hambre en un país productor. Permitiría poder pensar racionalmente la distribución de los alimentos donde las prioridades estén invertidas. Cualquier otro esquema que no vaya en contra de las multinacionales y las empresas que controlan los puertos, en el marco de esta crisis, se vuelve utópica. La estatización de los puertos, partiendo del rechazo de la intervención yankee de la hidrovía, se muestra como la única alternativa posible.