Opinión. Editorial de editoriales: el gobierno entre el ajuste, las internas y el hartazgo social

Sin plan sanitario de emergencia también hay consenso

El gobierno de Alberto Fernández parece corriendo cansado detrás de los acontecimientos. El viernes por la mañana el presidente se apuró a informar sobre la nueva etapa de las restricciones por la pandemia hasta el 21 de mayo. Pero no hubo nada muy nuevo en los anuncios. La única particularidad fue el intento de corregir la polarización desatada las últimas dos semanas sobre la presencialidad en las escuelas y su posterior judicialización. Esta vez desde el oficialismo hubo una búsqueda de consensos con gobernadores y la oposición de Juntos por el Cambio. El acecho del colapso sanitario y el hartazgo de la grieta de sectores de la población, volvió a enfilar momentáneamente a las dos coaliciones tradicionales.

Como lo sintetiza Jorge Liotti en La Nación “registraron un malhumor social creciente contra la dirigencia política en general, que era muy peligroso alimentar otra vez. Por eso hubo mucha comunicación subterránea entre Nación, Provincia y Ciudad”. Bajaron varios cambios en la confrontación pública, aunque persisten los matices sobre el manejo de la pandemia. Matices acotados a cuestiones parciales que siguen obturando el debate sobre las medidas más urgentes que requiere una crítica situación sanitaria, económica y social.

El plan de vacunación con su ritmo lento, sigue empantanado. No hubo cambios: no se debate la propuesta de declarar de utilidad de pública los laboratorios privados como mAbxience ni Richmond para poner todos los recursos locales para producir y envasar la vacuna contra el Covid-19. El cuadro es dantesco. Patricia Bullrich quiere negociar con Pfizer y reconoció estar dispuesta a entregarles las Islas Malvinas (aunque después tuvo que salir a aclarar). La ministra de salud festeja como una epopeya que se aplicaron 10 millones de dosis, aunque se pronostica un enlentecimiento de la llegada de nuevas. Fuentes de la Casa Rosada reconocen que “la situación en las próximas semanas es muy complicada porque si no se concreta otro envío, en unos diez días nos quedamos sin vacunas” cuenta Liotti.

Si en algo se mantiene firme el gobierno es en no tomar medidas para producir de manera urgente la vacuna en el país (a pesar de que ya se demostró que las capacidades están). Los tiempos de la crisis sanitaria tienen director de orquesta: el negocio de los grandes laboratorios.

Unidad del Frente de Todos: se dobla pero no se rompe

El mismo día que Alberto Fernández lograba bajar un poco el tono de las virulencias de la polarización en las alturas, se le abrió otro frente de conflicto. Esta vez de fuego amigo.

En los medios de comunicación se filtraba el pedido de renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo (del ala que responde a Cristina Fernández), hecho por el Ministro de Economía Martín Guzmán. Unas horas más tarde fue desmentido y desautorizado por el propio Basualdo y el Instituto Patria liderado por la vicepresidenta. Se desataba así una crisis al interior de la coalición de gobierno.

El conflicto tiene motivos en la superficie que son el eje en los diarios del domingo. Pero hay otros más estructurales que están más velados en el debate público.

En la superficie, se explica por las diferencias sobre los aumentos en las tarifas, y su relación con los subsidios y el gasto estatal que eso implica. El Ministro Martín Guzmán está jugado en la negociación con el FMI que exige ajustes y recortes. Para mantener el nivel de subsidios energéticos estipulados en el Presupuesto del 2021, Guzmán “necesita aumentos tarifarios en el orden del 30% tanto en luz como en gas” como explica Jonathan Raed en Tiempo Argentino. El ministro presenta dos fundamentos centrales. Uno, que los subsidios a las tarifas son “emisión pura” que presiona contra el dólar y contra la inflación. Otro, que "las subvenciones a la energía en la Argentina continúan siendo pro-ricos". Esta es una de las conclusiones del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) que cita Alejandro Rebossio en El DiarioAr. Ese informe afirma también que “el 20% de los argentinos más ricos recibe más subsidios energéticos que el 20% más pobre”.

Desde el cristinismo y el Instituto Patria, con Basualdo como vocero, proponen que los aumentos de tarifas sean del 7% justificado en que el tarifazo del gobierno de Macri ya hizo un gran trabajo de saqueo al poder adquisitivo de las mayorías populares, además de que actualmente ya se vive una situación social y económica difícil. El impacto electoral de un aumento tarifario, también es una de las preocupaciones de la vicepresidenta.

Los ánimos están caldeados, y Horacio Verbistky no lo esconde para nada este domingo en El Cohete a la Luna, desde donde lanza una cruzada contra el ministro Guzmán. Lo describe como un “defensor de lo que en su gestión se denomina equilibrios macroeconómicos”, que “traducido al habla de los argentinos, quiere decir que los que menos tienen más paguen”. Verbitsky, que en columnas anteriores había reivindicado la política del ministro, ahora lo acusa de tener una “obsesión fiscal” que es elogiada por economistas de la derecha. Y termina reconociendo, que “el apretón fiscal y monetario es tan fuerte que el nivel de gasto es equivalente al del primer trimestre de 2019”. O sea, lo equipara con el último año de gobierno de Macri.

Así presentado pareciera que es una disputa entre “ajustadores” (Guzmán) y “defensores del bolsillo trabajador” (Basualdo y el kirchnerismo). Algo bastante alejado de la realidad.

Como explica Esteban Mercatante en Ideas de Izquierda “la discusión por los subsidios, que no encierra en lo inmediato una urgencia presupuestaria, apunta centralmente a quién define los lineamientos centrales de la política económica”. Muestra cómo en los primeros tres meses del 2021 hubo una recaudación del Estado 150 % mayor que en el primer trimestre de 2020 por las exportaciones (con precio récord de la soja). Es más del doble de lo que aumentaron los subsidios a empresas de energía y red de transportes. La cuestión es en dónde terminan esos dólares… En la deuda fraudulenta y criminal con el FMI. Un factor que ata y condiciona toda la economía. Algo que no cuestiona ni el ala que responde a la vicepresidenta, ni Martin Guzmán ni nadie en el Frente de Todos. De hecho, de los dólares que se “escapan” de las arcas del Banco Central “dos tercios se explican por el pago de intereses al FMI y otros organismos internacionales, y por la compra de bonos para operar en el dólar financiero”, detalla Mercatante. Sin ir más lejos, esta semana el FMI volverá a llevarse otros 300 millones de dólares.

En los principales lineamientos económicos del Frente de Todos también terminaron cerrando filas en la modificación de la movilidad previsional a costa de millones de jubilados y jubiladas. Y en cuanto a la presión inflacionaria hay que recordar que las naftas vienen aumentando descontroladamente por decisión de YPF, presidido por Pablo González del “ala cristinista”. El ajuste de gastos covid-19 y en salud que presentó Martín Guzmán en el presupuesto 2021 también fue votado sin fisuras por el Frente de Todos en la cámara de diputados y de senadores.

Diego Genoud en El DiarioAr dice que “lo que aparece irresuelto es la discusión de fondo en una coalición que tiene el poder asignado de manera sui generis”. Porque “la dueña de la cuota más grande del paquete accionario está sentada en el Senado y los funcionarios de segunda y tercera línea que le reportan pretenden pesar más que los ministros”. Genoud marca la doble cara de esta contradicción: “el Frente de Todos no tiene más remedio que resignarse; la anomalía está en su origen como condición de posibilidad y tensar por demás sólo puede perjudicar a todos”.

En última instancia no sólo se necesitan mutuamente para sostener la gobernabilidad (y especialmente con elecciones pisando los talones). Sino que tampoco hay “proyectos de país” alternativos en su interior. Lo demuestra la definición de reconocer y pagar la deuda con el FMI, y también que en la discusión sobre las tarifas esquiven poner en cuestión que los servicios sigan en manos privadas. Así es que el esquema de subsidios y aumento de tarifas, termina atando servicios esenciales a las ganancias de un grupo de empresas. ¿Por qué la luz, el agua, el gas tienen que dar ganancias?

Cómo terminará este capítulo de la interna en el Frente de Todos aún no tiene certezas. Por el momento, un inusual Boletín Oficial anunció la noche del viernes que los incrementos para usuarios de Edesur y Edenor serán del 9% pero sin aclarar si será el único aumento del año o si habrá más.

Sobre funcionarios que renuncian o son renunciados, hay distintas hipótesis en los diarios del domingo. La que se repite en casi todos es que “Federico Basualdo está renunciado y su final formal como subsecretario de Energía será anunciado cuando la crisis palaciega haya desaparecido de las tertulias en Casa Rosada y el Instituto Patria”. La otra posibilidad sería la renuncia del ministro Guzmán, que operó dejando un mensaje claro: “Si se queda Basualdo yo no tengo nada más que hacer”.

A confesión de partes

Alfredo Zaiat en Página 12 hace una peculiar columna que tiene como destinarias a algunas de las grandes empresas alimenticias formadoras de precios.

Elige a Molinos Rio de la Plata (de la familia Perez Companc), Ledesma (de la familia Blaquier) y Arcor (de la familia Pagani), para mostrar cómo los balances del 2020 arrojan un crecimiento de sus ganancias. Uno podría utilizar esos datos para cuestionar que en el país del 42% de pobreza, desocupación y salarios recontramínimos para la clase trabajadora, hay claros ganadores. Y que son una minoría parásita que vive y se enriquece del trabajo y la pobreza ajena. Pero no es ese el objetivo de Zaiat. Ni cerca.

Su conclusión, luego de mostrar sus exorbitantes ganancias y que fueron incluso más altas que en la era Macri, es que “la actual política económica le ha permitido mejorar sustancialmente el resultado del balance”. Les dice a estas familias ricachonas que es mejor para ellas lo que sucedió el último año con Alberto Fernández y pandemia mediante, que los años de Macri.

Para compensar la confesión pro empresarial, finaliza cuestionando “la concentración económica” que reconoce como problema y “puede generar márgenes adicionales que impactan en precios y en la competencia”.

Dedica apenas tres líneas a la crítica realidad de millones de familias que no llegan a fin de mes con el combo de salarios a la baja e inflación “a la alta”. Se juega a decir que “sin la efectiva estrategia de administración de precios (Cuidados y Máximos) el panorama para el presupuesto de los hogares hubiera sido todavía más complicado”. ¿Hay que recordarle a Zaiat que en marzo tuvimos la inflación más alta desde septiembre de 2019?.

Las palabras de Alberto Fernández este sábado en un acto, muestran que el plan para controlar precios está envuelto en palabras utópicas. “A los empresarios lo único que me queda por pedirles, fundamentalmente a los que producen alimentos, que tengan en cuenta que no es tiempo de subir precios (…) Los empresarios tienen que hacer un aporte, y no tienen que hacerlo porque el gobierno los reclama, lo tienen que hacer por convicción”. El mensaje del presidente le habla a un hombre de paja y se parece más a un reconocimiento de que no piensa afectar sus intereses.

Algo parecido sucede con las empresas de telecomunicaciones que anunciaron nuevos aumentos, que no fueron aprobados por el ente regulador Enacom. Telecom ya consiguió un fallo judicial que suspende el DNU que declaraba las telecomunicaciones como servicio esencial y público. Hay funcionarios que reconocen que "las empresas hacen lo que quieren", por eso también suenan bastante insólitas las apelaciones del presidente a la convicción del empresariado.

Las ganancias empresarias que describe Zaiat contrastan con los datos que repasa Diego Genoud: “los salarios están en el quinto subsuelo, vienen de caer un 25% promedio en los últimos tres años y no soportan más ajuste, como lo evidencia el incremento de la conflictividad laboral en los últimos dos meses”. Agrega otro del informe de CIFRA que se publicó esta semana “los salarios nominales quedaron 5,3% abajo de la inflación en el primer año de los Fernández en el poder”. La realidad que esconde Zaiat, es reconocida hasta en los propios simpatizantes del Frente de Todos. Como Artemio Lopez que lo “considera inédito en la historia reciente: el Frente de Todos es un gobierno peronista que tiene el salario mínimo por debajo de la línea de indigencia”.

Así cerraron el Consejo del Salario esta semana el gobierno, empresarios y dirigencia sindical. Un aumento de 35 % en siete cuotas que se terminará de cobrar en febrero de 2022, con una inflación que se calcula mayor al 40 %.

La conflictividad social que pisa fuerte

Fue una semana caliente de movilizaciones, piquetes y reclamos desde abajo, que están apuntalando al gobierno. En el caso del personal de salud de Neuquén, lo que comenzó como una rebelión contra el acuerdo firmado por ATE y UPCN, “se terminó transformando en una lucha de miles, con elementos de pueblada en localidades como Añelo, ubicada en el corazón de Vaca Muerta”. Así lo contó este sábado Marco Campos del Hospital Castro Rendon, en el acto del Frente de Izquierda Unidad por el Día Internacional de los Trabajadores. Con un enorme apoyo social extendido y de la comunidad mapuche, hicieron casi 30 cortes simultáneos durante 22 días paralizando casi toda la producción de gas y petróleo en Vaca Muerta. Significó un golpe para el gobierno provincial y nacional, que terminó cediendo al reclamo salarial, cuestionado por la fuerza social de una poderosa alianza.

La movilización al consejo del salario con la unidad de distintas luchas que están coordinando ocupados y desocupados fue otra de las postales de esta semana. Tercerizados del ferrocarril, energía, familias sin tierra, personal de salud, docentes, fábricas recuperadas, movimientos de desocupados fueron protagonistas de una jornada de protestas.

Eduardo Van Der Kooy en Clarín tomó nota y muestra su descontento. “Varios movimientos piqueteros convulsionan diariamente las calles de la Ciudad”. Es parte de un periodismo que cuestiona a ocupados y desocupados cuando no aceptan la miseria y se movilizan, pero no se le ocurre cuestionar que son los que mueven el país todos los días expuestos al contagio.

Van Der Kooy agrega que esos movimientos “no tienen representación oficial aunque mantienen vínculos con otros insertos en la estructura del Ministerio de Desarrollo Social”. Marca un alerta que es parte de los nuevos procesos de lucha que están surgiendo en el país: trabajadores autoconvocados que se organizan pasando por encima de las conducciones sindicales tradicionales subordinadas al oficialismo con su inacción y tregua. Como en Neuquén, en los protagonistas de la movilización del martes, o en los cosecheros del citrus de Tucumán que rechazan el acuerdo de Uatre y continúan con los piquetes.

El malestar social sobre el manejo de la pandemia, la falta de vacunas y el colapso sanitario, se extiende a las profundidades de millones de trabajadores y trabajadoras afectados por la crisis económica. Una crisis todo-terreno para los gobiernos que se está desarrollando, y que empieza a mostrar la potencialidad de una alianza social que unifica sus reclamos y descontentos.