Opinión. Editorial de editoriales: la tensa calma de promesas imposibles

Guiños a dos puntas

La crisis abierta en la coalición de gobierno con el “affaire” entre el ministro de economía Martín Guzmán y el ala liderada por la vicepresidenta tuvo nuevos capítulos esta semana y es el tema privilegiado en los análisis del domingo.

En un rápido repaso, después del fallo de la Corte Suprema para empoderar a Horacio Rodríguez Larreta frente al gobierno nacional, con los elogios de la vicepresidenta a Joe Biden por twitter mediante, el miércoles llegó la “foto de la unidad”. En un acto en Ensenada, el Frente de Todos buscó mostrarse cerrando filas: con el presidente, Cristina Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa posando para las cámaras (aunque no estuvo Martín Guzmán). Desde el Senado, se lanzó una declaración de intenciones del ala kirchnerista sobre el destino de los fondos especiales del FMI para ayuda social. Horas más tarde hubo un anuncio presidencial para extender el alcance de la Tarjeta Alimentar, como un guiño a ese pedido de destinar más recursos del Estado a quienes más sufren la crisis (aunque ya fue criticado desde las propias filas oficialistas). Y Guzmán habló para insistir en la segmentación de las tarifas y que los subsidios son un esquema "pro ricos". La semana termina con el inicio de la gira europea del presidente junto al señalado Martin Guzmán. Por si hiciera falta, reafirman que el rumbo del gobierno es pagar la deuda con el FMI y el Club de París.

Ordenar, en la medida de lo posible, puertas adentro. Y ordenar hacia afuera negociando con la oposición con dos proyectos que esperan tratar esta semana en el Congreso. Formalizar el acuerdo logrado con Juntos por el Cambio para postergar las PASO al 12 de septiembre, y otro para "busca fijar parámetros objetivos y medidas sanitarias para administrar la pandemia con la fuerza de una ley" y evitar judicializaciones.

Guiños para todos y todas en la rosca. Pero de símbolos no se vive.

Cosas imposibles

A su manera, desde Clarín y La Nación señalan la debilidad presidencial, expuesta esta vez por sus propias internas. “Alberto tiene por ahora coagulado el conflicto detonado contra Guzmán. No solucionado. La precariedad constituye un karma de su gestión”, dice Eduardo Van Der Kooy.

Joaquín Morales Solá lo complementa con su clásica puntería: el problema es Alberto Fernández “que decidió que Cristina tenga la última palabra en materia económica”. El objetivo de estas afirmaciones en boca de ciertos medios de comunicación se inclina a defender el ajuste contra las mayorías populares y trabajadoras, o pedir uno mayor. Aunque la conclusión del analista de La Nación sobre una “fisiología de poder anómala” pueda ser acertada por los rasgos constitutivos de la coalición de gobierno. Morales Solá concluye que “la rendición del Presidente no significa el fin de la crisis política”. Sea o no rendición, lo que es probable es que sigan los capítulos de las internas en el oficialismo.

Ese diagnóstico es compartido también por otros análisis. Como Diego Genoud en El DiarioAr que señala que “a la familia ensamblada del Frente de Todos le resultó más sencillo hacer las paces en público, aunque nadie sabe hasta dónde aguanta el ejercicio de tolerancia interno”.

Pero en el caso de Genoud, está acompañado de otro tipo de cuestionamientos. Más allá del debate tarifario o esa aparente dicotomía entre “ajustadores” y “gastadores”, “lo que Guzmán no dice y el gobierno prefiere esconder es que ya existe un ajuste monumental en sueldos y jubilaciones que vienen perdiendo por goleada la carrera con los precios desde que asumió el Frente de Todos”.

Son datos, no opinión. Aunque muchos medios opositores y oficialistas insistan en ocultarlo.

Jonathan Raed en Tiempo Argentino lo pone en números comparando salario e inflación entre febrero de 2017 y de 2021. En ese período “el salario registrado mediano, que mide el punto medio exacto de todos los salarios, creció en un 248%” mientras que “la inflación general del país fue del 301%”. En síntesis: “La pérdida de poder adquisitivo es del 13%; se asume que al salario no registrado le va aún peor”. También cita a una investigadora que actualiza otro dato: “el año 2020 nos dejó una caída promedio de 12% en el poder de compra del ingreso familiar per cápita y este año se volverá a perder”.

Genoud muestra otras estadísticas en el mismo sentido. “Según la consultora ECO GO, en los últimos doce meses los ingresos de trabajadores y jubilados perdieron 10 puntos: aumentaron en promedio un 30% con una inflación que va al 40% interanual”.

Ahí entra un problema agudo de una de las (tantas) promesas imposibles del gobierno. El presupuesto 2021 votado sin fisuras por el Frente de Todos en la cámara de diputados y senadores, proyectó una inflación anual del 29%. Terminó actuando para bajar las expectativas de aumentos salariales y derrumbando más las condiciones de vida de las y los trabajadores. La CGT lo hizo de nuevo con su tregua eterna. Lejos quedó esa promesa de que los salarios le ganen a la inflación este año. Lejos la elección de los jubilados por encima de los bancos. Lejos la salud y la economía.

Aunque ahora se focalice el debate en las tarifas, como dice Genoud es “el último amortiguador que queda en pie ante la pulverización del salario”.

Alejandro Rebossio en El DiarioAr, parte de señalar una debilidad: “Guzmán no pudo remover a un subsecretario de su ministerio y no sólo su poder quedó herido sino también el de Alberto Fernández, que lo había apoyado”. Cuenta que el ministro de economía ya encargó esta semana a su viceministro que pise el acelerador para avanzar en la segmentación de tarifas según ingresos.

Rebossio señala que hay algunos reproches de la Casa Rosada hacia el sector de la vicepresidenta porque atacan a Guzmán pero no dicen nada de “su par de Agricultura, el cristinista Luis Basterra, que se dedica a calmar a la Mesa de Enlace, enojada por las amenazas nunca concretadas de cierres o más retenciones a las exportaciones que suelta la secretaria de Comercio Interior, Paula Español”.

Es cierto. Aunque no significa que el círculo cercano del presidente lo diga porque pretenda afectar los intereses de las grandes corporaciones empresariales formadoras de precios. A la inversa también aplica: el sector que lidera la vicepresidenta podrá lanzar discursos, declaraciones o tuits, pero no presenta una alternativa a los problemas más estructurales que atan al país.

Algo de esto expone Alfredo Zaiat en Página 12. Intentando salir del debate superficial de la interna, dice que la cuestión central es que “el sistema de concesión del servicio básico y esencial de electricidad en manos privadas es ineficiente y costoso para el fisco, la población y la estabilidad económica”. Habla del fracaso de “cada una de las promesas de la privatización” vigente hace casi 30 años. Un señalamiento interesante que debería llevar a poner en cuestión cuál es entonces la alternativa a ese fracaso. Porque para que los servicios esenciales como la luz o el gas dejen de estar guiados por el lucro empresarial, implicaría nacionalizar todo el sistema energético, en todos sus eslabones.

Pero Zaiat no parece dirigirse a esa salida. Reconoce que los ciclos neoliberales (donde incluye la dictadura, el menemismo y el gobierno de Macri) dejaron “pesadas herencias económicas que se siguen padeciendo hasta el presente”. Pero, para separar los tres gobiernos kirchneristas y el actual de Alberto Fernández, lo que destaca es que su “voluntarismo político” y “medidas estructurales consistentes” permitieron “minimizar los costos derivados de esas pesadas herencias”.

Justamente ese horizonte acotado es el que permitió que siempre se construya sobre las herencias neoliberales, pero nunca revertirlas. Es lo que explica que, si nos limitamos al objetivo ultra mínimo que identifica Zaiat, haya sido también un fracaso. Como señala Pablo Anino en Ideas de Izquierda, en 1970 la pobreza era menor al 10 %. Con el menemismo se estableció un nuevo nivel estructural de alrededor del 25% (que durante el crecimiento económico de los gobiernos de Néstor y Cristina tampoco se revirtió). Con Macri y el nuevo endeudamiento con el FMI la pobreza pegó un nuevo salto, y en el 2021 con Alberto Fernández estamos hablando de un 42% de pobreza. Bastante cerca del fantasma de la crisis del 2001 cuando alcanzó al 50 % de la población.

Si “minimizar los costos” de la herencia neoliberal tiene como “logro” un país con 20 millones de pobres, hay dos opciones. O lo que Zaiat presenta como un triunfo político de ciertos gobiernos en verdad es un fracaso. O la intención es “acostumbrar” a la población a soportar umbrales altos de pobreza y conformar con discursos y símbolos. También pueden ser las dos cosas.

Lo que se va despejando al calor de estos debates es que el problema central es que la frazada es corta, porque no se toca la deuda con el FMI. Ni las empresas privatizadas de servicios. Ni las extraordinarias ganancias del complejo agroindustrial con precios internacionales récord. Ni a ninguna de las grandes empresas que empujan la inflación y la devaluación. O los bancos. Y que el peronismo ha comenzado una tarea de ajuste que está pagando el pueblo trabajador. Podrá tener diferencias ahora sobre cuál es el techo de ese ajuste porque se acerca la disputa electoral, pero ya viene legitimando un piso alto de lo perdido con el macrismo (y más también).

El futuro no está dicho, y la pelea central no se libra en los palacios ni despachos. Sino en los conflictos y procesos que ya están emergiendo desde abajo. El personal de salud de Neuquén. Precarizados de las empresas de energía, del transporte, la docencia. Los trabajadores del citrus de Tucumán, o los vitivinícolas de Mendoza. Los movimientos de desocupados, los que pelean por tierra y toman tierras. La izquierda apuesta a la organización y unidad de los sectores que salen a la lucha, y darle fuerza a una salida a favor de las mayorías. Ahí están también los referentes del Frente de Izquierda apoyando cada uno de estos reclamos. Muestran una persistente oleada de conflictos y necesidades urgentes, que están gestando alianzas sociales que pueden abrir camino a otra alternativa a la crisis y la continuidad de tantas herencias neoliberales.

Ahora, la opinión pública es dirigida a poner todas las miradas en la interna de la coalición de gobierno. Muchos plantean como posibilidad que Martín Guzmán se termine yendo de Economía, y algunos temen que ese lugar sea ocupado por el ala kirchnerista. Algo que no pareciera encajar en la ubicación de “silencio guionado de Cristina” como dice Diego Genoud. En un área tan determinante y de más exposición para el ajuste en curso, es más cómodo mostrarse condicionando en algunos aspectos parciales del rumbo económico, o criticando "desde afuera", antes que poner la cara directamente. En la división de roles del Frente de Todos, también es funcional mostrar públicamente ciertas diferencias (cada uno se debe a su base social), aunque hay unidad en puntos fundamentales.

El fuego amigo de los movimientos sociales

El anuncio presidencial del viernes sobre nuevos alcances de la Tarjeta Alimentar ya tiene detractores del propio Frente de Todos. Esta vez de los movimientos sociales que son parte de la coalición.

La medida de Alberto Fernández implica extenderla a casi 2 millones de familias, y con montos más altos según la composición familiar. Alberto Fernández la presentó como una política que demostraría que el gobierno sí invierte recursos estatales en los sectores más afectados por la crisis. Pero esta semana que pasó se realizó un nuevo pago al FMI de U$S 298 millones. Esa suma equivale al doble de lo que el Gobierno destinó para el “bono” de 15 mil pesos para titulares de Asignaciones por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares de monotributistas A y B en el AMBA.

La crítica de los movimientos sociales oficialistas, igualmente, viene por otro lado. El primero en salir públicamente a cuestionar la medida fue Emilio Pérsico del Movimiento Evita. Este sábado, a través de un video en redes sociales, cuestionó que “El gasto en ayuda directa, la tarjeta Alimentar, nos incluye como consumidores, pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación, porque se la come la inflación. La tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana”.

Se sumó también Juan Grabois de la CTEP, en una columna publicada este domingo en El DiarioAr.

Arranca diciendo que “nadie puede estar en contra de los anuncios sociales del viernes” pero…. “vemos con tristeza como nuestro gobierno comete errores permanentes por una incomprensible ceguera”. Califica la ampliación de la Tarjeta Alimentar como “política estúpida”, como una forma de decir que entiende que no hay mala intención sino “un enorme desconocimiento de la realidad”. Su argumento central es que “masificar el asistencialismo” es una política de “cuño neoliberal porque no consagra derechos permanentes, no crea puesto de trabajo”. Deslizando otras críticas (que acusan de cierto “duranbarbismo” al gobierno por priorizar los focus groups y la comunicación política) Grabois se centra en marcar que la Tarjeta Alimentar activa los mecanismos de concentración económica. “Va derechito a manos de empresas monopólicas y actores financieros” dice, y agrega que encima “el estado paga comisiones multimillonarias a intermediarios financieros en los pagos electrónicos”. Sobre este punto, Nancy Pazos en Infobae cuenta que el ANSES acordó que “los bancos se quedan con el 0,6% de las transferencias por la tarjeta Alimentar”.

Tanto Pérsico como Grabois reclaman que la salida es “el trabajo, remunerado y con derechos laborales” y que ese dinero podría servir para financiar planes de construcción de vivienda que creen empleo para la “economía popular”.

Es un hecho que el gobierno ha disminuido la inversión en obra pública. Lo recuerda Alejandro Bercovich en su columna semanal con los datos del informe de CIFRA que son categóricos. “En el primer trimestre fue apenas un 0,4% superior en términos reales a la del primer trimestre de 2019 -“es decir, bajo los efectos del ‘megaajuste’ tras el acuerdo con el FMI”- y muy inferior a las de los primeros trimestres de 2016, 2017 y 2018”.

La contradicción que aparece de nuevo es la frazada corta por el peso de la deuda en la economía del país. Algo que hace muy difícil “pensar creativamente” la inversión social como dice Grabois.

Estos cuestionamientos de los movimientos sociales oficialistas aparecen con luz verde en el contexto de la disputa abierta entre Guzmán y el Instituto Patria. Que también incluye “hacer valer” la cuota de poder que aporta cada sector. En los votos, en los ministerios, en el congreso, y también en el territorio.

El fantasma de Colombia

Lo de Grabois pareciera también un alerta. No es casual que incluya en su columna una referencia a lo que está pasando en Colombia, donde hay una rebelión del pueblo trabajador contra la política de ajuste de Ivan Duque.

Esta semana Fernando Rosso, en su editorial de El Círculo Rojo abordó lo que se pone en juego en las crisis, recordando que se aproximan los 20 años de las jornadas del 19 y 20 del 2001. “En nuestro país muchas veces se discute en términos de: “Bueno, la situación es mala, pero trabajemos para evitar que no estalle, que no explote, que no se radicalice, que no rompa la precaria normalidad”. Pareciera que el objetivo ya no sería evitar la crisis, simplemente porque no se puede negar, está ahí y todos los días tenemos nuevas muestras, sino que se trata de evitar las respuestas populares a la crisis”, dijo.

A propósito de la rebelión en Colombia, Claudia Cinatti hace un análisis en el semanario Ideas de Izquierda, y cita un editorial del Washington Post que tiene esa misma preocupación. Allí aconseja a “Estados Unidos y otras naciones ricas a ampliar rápidamente las medidas de alivio del Covid a América Latina y otras regiones pobres” y concluye que “si el virus no es puesto bajo control en los próximos meses, no solo Colombia sino gran parte de la región podría verse desestabilizada”. También recuerda que, al que ahora llaman “Juan Domingo Biden”, es un fanático defensor del “Plan Colombia”. Un programa de colaboración militar con la excusa del combate contra el “narco terrorismo” que implicó un grado de injerencia sin precedentes de Estados Unidos en la región.

La precarización y la informalidad laboral, la desocupación y la pobreza se repiten en la región, y Argentina no es la excepción. La realidad de millones de desocupados y precarios, que se engloban dentro de la “economía popular”, son el resultado de una herencia neoliberal sostenida por sucesivos gobiernos y agravados con la pandemia.

Si la crisis económica, sanitaria y social es un hecho, es tiempo de poner el debate en que otra alternativa es posible. Las rebeliones, paros, estallidos, levantamientos en la región ya lo está poniendo sobre la mesa. Las recetas que se cocinan en los palacios y despachos son las más temerarias, siempre buscan hacerle pagar al pueblo las crisis. Hay una política de otra clase, y que necesita superar esa división de la clase trabajadora entre ocupada y desocupada, formal e informal que sólo sirve para debilitarla. La lucha de clases que se viene desarrollando en la región demuestra que los cambios se conquistan cuando entran fuerzas sociales poderosas en acción.