EDUCACIÓN. Privatizaciones en la educación: un plan histórico que une a PSOE y PP

Las políticas de desmantelamiento de la educación pública y los procesos de privatización son una constante que viene de largo. Sólo en la Comunidad de Madrid, antes de Ayuso, Esperanza Aguirre embistió con dureza al tejido de centros públicos. Aguirre, ya en 2008, hablaba de un «monopolio» de lo público y tachaba a los docentes de vivir demasiado bien. Rápidamente comenzó una oleada de externalizaciones que han conducido a la situación actual: aulas masificadas, centros que se caen a trozos, material escolar abusivamente caro, servicios de comedor externalizados y controlados por empresas que explotan a sus trabajadores, precariedad laboral para los docentes, con cargas de trabajo excesivas, etc. No obstante, sería un error dirigir toda la crítica a los gobiernos autonómicos controlados por la derecha.

El despiece de la educación pública se inició con el RD 3186/1978 impulsado por Iñigo Cavero y Lataillade, ministro de Educación y Ciencia de la UCD. Este decreto desconcentraba las funciones en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre todo en materia de personal y contratación de obras. Según lo que decía entonces el Gobierno, se podría lograr una gran agilidad administrativa en un sector tan importante como la construcción de centros educativos, comedores escolares e impulsar en todas sus fases los trámites correspondientes para su equipamiento de mobiliario y material. Esta medida agilizó la realización de las obras al descentralizar la gestión del Ministerio de Educación a las Comunidades Autónomas, pero abrió la puerta a la realización de contrataciones a dedo, ya que el Ministerio sólo regulaba las cuantías de las obras, dejando el resto de la gestión en manos de los gobiernos regionales.

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Ya con el PSOE en el Gobierno, en 1990, y con Javier Solana Madariaga como ministro de Educación, fue cuando se inició la auténtica ofensiva contra la educación pública. Los contratos de asistencia de servicios complementarios a los centros docentes públicos no universitarios dependientes de las administraciones provinciales en materia de limpieza, vigilancia, seguridad, cocina, comedor, transporte y mantenimiento, fueron incluidos en los gastos de funcionamiento asignados a cada provincia. Esto permitía a cada Comunidad, no sólo una escueta libertad, sino una gestión completa de los servicios de los centros.

Pensemos en este caso, en uno de los servicios escolares más esenciales, sobre todo en colegios y escuelas infantiles: el servicio de comedor. La puntilla la dio Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) con la regulación de este servicio al sentenciar que su gestión podía realizarse mediante la concesión a una empresa del sector: bien contratando el suministro diario de comidas elaboradas, así como la distribución y servicio con una empresa del sector; bien a través de conciertos con otros establecimientos abiertos al público. Así la gestión del comedor ya dejó de ser sólo de los centros escolares o los ayuntamientos, en el momento además en que la estructura organizativa de cada centro escolar pasó a regirse por el Director del Centro, el Secretario y el Consejo Escolar.

De esta manera y por primera vez, para que hubiera beneficio económico para dichas empresas, ya que altruistas nunca han sido, se habla de que el coste diario del servicio de comedor será a cargo de los usuarios del mismo, excepto para aquellos que tuvieran derecho a prestación de servicio gratuito (beca).

La externalización/privatización de servicios en educación no ha parado desde entonces: las empresas de limpieza, del comedor o del mantenimiento participan en licitaciones, habiéndose creado oligopolios que impiden que pequeñas empresas de cercanía tengan opciones de ser adjudicatarias de estos servicios. La mayor parte de los comedores escolares está en manos de tan solo cuatro empresas: Serunion, Compass Group, Aramak y Ausolan, que se reparten un pastel de al menos 700 millones de euros anuales sólo en catering externo.

Para estas empresas, lo de menos es la calidad del servicio, lo importante es ganar el la contrata ofreciendo el menor precio y así la comida de los comedores escolares es de baja calidad, el mantenimiento se limita casi en exclusiva a la reparación, o la temporalidad y los salarios paupérrimos de los trabajadores son la norma. Mientras tanto obtienen pingües beneficios.

Sin embargo, las privatizaciones no se limitan al servicio. Las reformas estatales del PSOE, y que la última, la LOMLOE no revierte, han sido permisivas con privatizaciones enteras de centros o concesiones de terreno. Sin ir al pasado más remoto, a finales del 2022, Díaz Ayuso cedió gratis dos terrenos públicos valorados en 11 millones de euros para la construcción de centros privados. De igual modo, hemos visto distintas triquiñuelas para convertir capital público en privado, por ejemplo, a través de cheques de escolaridad o becas para financiar a las familias pudientes que llevan a sus hijos a la educación privada.

Otros casos particularmente sangrantes son la financiación de obras sociales por parte de los bancos y los Teacher Prize. O los conciertos tecnológicos con empresas que se cuelan y afectan a las leyes educativas, imponiendo ciertas metodologías que requieren la adquisición de sus productos o de los métodos pseudocientíficos educativas, recomendados en las aulas, creadas por y para “domesticar” a los trabajadores de empresas y ahora hacer lo mismo con los docentes y alumnos.

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Las sucesivas leyes educativas de Zapatero (LOE) o de Wert (LOMCE), han hecho nada para frenar la privatización, todo lo contrario. Tampoco la última del “Gobierno progresista” de PSOE y Unidas Podemos, la LOMLOE o conocida como Ley Celaá, ha pretendido acabar con los conciertos educativos. Lo que sigue dando alas a que la Comunidad de Madrid sea a día de hoy la que más invierte en la educación privada, seguida de Euskadi, que ya tenía el pésimo honor de haber encabezado la lista. En la actualidad se ha iniciado un nuevo proceso de externalización de los conserjes escolares, gracias a la nefasta Ley Maestra aprobada en la Asamblea de Madrid y que puede aplicarse con el beneplácito de las políticas del PSOE.

Todo va en detrimento de la calidad de la enseñanza, tanto por el deterioro físico de los Centros -que tampoco cumple las normativas de seguridad y salud en el trabajo-; como por la baja calidad nutricional de los menús dirigidos a menores que se encuentran en pleno desarrollo físico y mental y que van en contra de un enfoque agroecológico, sensible al impacto social y ambiental de los productos utilizados; como por la precarización del conjunto de los trabajadores de los centros educativos. Pero va en detrimento sobre todo porque es una cuestión de clase. La educación pública es la base del conocimiento, del pensamiento crítico y científico, pero ante todo es la escuela de la clase trabajadora. Esta debería ser la herramienta para la clase obrera, la que le permite entender, analizar, discutir y rebelarse contra un sistema capitalista que destruye los recursos naturales y nos trata de manipular a su antojo.

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Sin embargo, la realidad es bien distinta. Estamos frente a una educación a dos velocidades: la pública, donde se nos ha impuesto una metodología acientífica en la que no prima el conocimiento, sino memorizar y reproducir, dirigida a la clase obrera; y la privada, en la que no bajan sus niveles elitistas de exigencia, y donde se forma a los hijos de la burguesía para ser futuros directivos y cuadros de las empresas y del Estado. Una situación que nos remite a las dos educaciones implementadas en la etapa franquista y que ya entonces se tuvo que modificar por ser un estrépito fracaso hasta para los criterios del propio Régimen.

Esta panorámica sólo puede conducir a una conclusión: debemos oponernos a Ayuso por ser el brazo ejecutor de estas políticas neoliberales, pero también al gobierno del PSOE y Unidas Podemos y a la lógica del sistema capitalista que impregna el Estado. Una crítica limitada a la presidenta de la Comunidad de Madrid carece de profundidad estratégica, es ignorar la raíz del problema. Si vemos más lejos de Madrid, incluso más lejos de la educación, podemos ver una tendencia general en todo el Estado a las privatizaciones y desmantelamientos de los servicios públicos. Hemos visto en los últimos meses a los sanitarios salir a las calles, las incesantes huelgas de la atención primaria y de médicos, las protestas de trabajadores de limpieza y celadores. ¿Acaso no queda claro que no hablamos de ataques aislados y que hace falta un plan de coordinación de todas estas luchas? ¿Cabe alguna duda de que no se puede frenar a Ayuso sin imponer, a su vez, las exigencias de los trabajadores al Gobierno central?

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Aunque siempre hay voces que postergan la lucha a las urnas, para los trabajadores del Círculo de Educación de ID esta coordinación es una necesidad que debe debatirse y materializarse en la calle, en cada centro, en cada organización obrera y sindical. Es irrisorio creer que los mismos que preparan las leyes para acabar con la sanidad y la educación atenderán a votos de castigo y apoyos electorales. Sólo organizándonos y pensando un programa con la clase trabajadora podemos prepararnos y actuar para defender la totalidad de servicios públicos, ya sea en Madrid o en todo el Estado.

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