Por amplia mayoría, el poder legislativo local votó tres proyectos en contra de la pelea que vienen llevando las familias en el barrio “La Movediza” y cuestionó que las tierras tomadas estén en el RENABAP, lo que impide el desalojo. Las voces desde adentro y una reflexión necesaria.
Martes 29 de octubre 12:39
En la sesión legislativa local se solicitó una revisión de la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana (RENABAP) que incluye a las tierras ocupadas por las familias en el barrio “La movediza” dentro del Registro Nacional de Barrios populares para excluirlas del registro y mandató al Gobierno Municipal los debates correspondientes con la Subsecretaría. Además se solicitó al gobierno provincial la creación de una nueva sede policial.
El reciente pronunciamiento del Concejo Deliberante en contra de la toma de tierras en La Movediza, a excepción del concejal Nicolás Carrillo, evidencia una postura que no sólo ignora las causas profundas de este fenómeno, sino que también perpetúa la estigmatización de las familias que habitan en el lugar y busca salidas en el marco de problemas de “seguridad” a problemas sociales profundos como la pobreza y la dificultad para poder acceder a la vivienda.
En un contexto de crisis habitacional, muchas familias se ven forzadas a buscar soluciones por sus propios medios, enfrentándose no solo a la falta de políticas públicas, sino también a la indiferencia y la inercia del intendente Miguel Lunghi.
La situación de las familias en La Movediza es crítica. La Izquierda Diario conversó con Natalia, referente de la toma, quien afirma que aunque "fuese una toma que está judicializada, el Estado no nos puede rechazar el pedido de la luz, tanto como el de agua. Son capaces de manejar y manipular, siempre tenés que tener una estrategia diferente", lo que refleja la urgencia de los reclamos de acceso a servicios básicos, algo que debería ser un derecho garantizado para todos.
Natalia también señaló la confusión en torno a la propiedad de los terrenos, afirmando que el predio "está hace 10 años para el municipio. El supuesto dueño, Moauro, no tiene ningún papel legal que indique que es el dueño de estos terrenos que ocupamos". La falta de claridad en la situación de la tierra, junto con el respaldo del RENABAP en los censos realizados, demuestra la fragilidad de los argumentos en contra de las familias. A la mayoría de los miembros del Concejo Deliberante parece no importarle.
La organización comunitaria es un pilar fundamental en esta lucha. "Armamos un grupo de WhatsApp para coordinar asambleas y propuestas, siempre todo en conjunto" contó Natalia, y remarcó la necesidad de terminar un comedor comunitario y cómo, a pesar de las dificultades, la comunidad se ha movilizado para recaudar fondos: "Hemos estado haciendo torneos de fútbol para conseguir el dinero para los cables, y aún así enfrentamos el corte de luz cada semana, la Usina aparece con la policía actuando como matones".
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La estigmatización que sufren las familias es palpable. "Mucha gente dice que esto es un basural, un aguantadero de chorros. Pero acá hay familias que se levantan a las 5 de la mañana para salir a trabajar", menciona Natalia, recordando que son 128 familias dispuestas a pagar en un plan de financiación por su casa propia.
Finalmente, Natalia concluye: "Hay que empezar otra vez a mover, porque esta resolución que quieren hacer ellos no nos acompaña. Queremos que la gente vea que si El Eco (diario local) tiene que venir aquí a sacar fotos todos los días, que venga. Hemos salido a juntar firmas y hasta la gente de Villa Italia nos apoya".
La enorme especulación inmobiliaria en Tandil ha exacerbado la crisis habitacional, convirtiendo el acceso a la vivienda en un lujo inalcanzable para muchas familias. Con precios de alquiler y venta que escalan sin control, los sectores más vulnerables se ven empujados a situaciones inesperadas como las ocupaciones de terrenos.
Es repudiable esta votación del Concejo Deliberante y las políticas del intendente Miguel Angel Lunghi. Rodear de solidaridad a quienes pelean por tierra para vivir es un compromiso que debemos asumir quienes peleamos por defender nuestros derechos. Es un paso muy importante que la interclaustro de la UNICEN en lucha haya impulsado un espacio de coordinación intersectorial y problematizado la situación de los barrios y en particular de quienes sostienen la toma.
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La toma de tierras en La Movediza es una manifestación de la crisis habitacional que requiere soluciones reales. En lugar de promover un desarrollo urbano inclusivo, las políticas actuales favorecen los intereses de unos pocos, mientras que cientos de familias luchan por su derecho a un hogar digno.
