El gobierno de coalición ha logrado aprobar su segunda reforma de las pensiones con un amplio apoyo, excepto de la derecha. La lucha por el aumento de las pensiones y por la reducción de la edad de jubilación a los 60 años, para terminar con la privatización de las pensiones y los beneficios de los grandes fondos de inversión, entre otras medidas, sigue teniendo plena vigencia.
Jueves 30 de marzo de 2023
Hoy jueves se ha aprobado por mayoría la segunda reforma de las pensiones presentada por el gobierno progresista. La medida, ya en vigor desde el pasado 16 de marzo, será tramitada por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley. Ha recibido el apoyo de los partidos del gobierno y la mayoría de los aliados parlamentarios como ERC, PNV, Más País y Compromís. PP y Cs han votado en contra y VOX se ha abstenido.
CUP y BNG votaron en contra y los cinco diputados de EH Bildu se han abstenido, aunque habiendo firmado un acuerdo previo en el que se comprometian a no obstaculizar realmente la norma.
Se presentan dos cambios sustanciales: el aumento de las pensiones mínimas de viudedad para equipararlas a las contributivas y consolidar por ley el aumento del 15% de las pensiones no contributivas, una medida que ya se aplica temporalmente y que pasará a ser estructural.
Algo que se había dado a conocer ya hace unas semanas y que ahora se aplicará efectivamente es el “régimen dual de cómputo” para los próximos 20 años, por el que se mantiene la voluntariedad de basarse en los 25 años para el cálculo de la pensión u optar por la nueva modalidad de computar los últimos 29 años, con la posibilidad de sustraer del cálculo los dos peores de ellos. Es decir, en la práctica, los futuros pensionistas podrán elegir entre un cómputo de cálculo de los 25 o 27 años últimos de su vida laboral.
Una propuesta final que, aunque diluye el golpe a los futuros pensionistas sobre la cuantía a recibir en relación con el planteamiento inicial, no deja de abrir la brecha que futuros Gobiernos podrán utilizar para futuras ampliaciones, lo que puede generar resistencia como estamos viendo hoy en Francia, además de establecer un período transitorio en el que se acabarán imponiendo más años de cotización. En cualquier caso, se están planteando unos períodos de vida laboral que para la mayoría de las mujeres y las personas jóvenes de la clase trabajadora no son más que un espejismo.
Ya el pasado 10 de marzo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, venía muy ufano de Bruselas con un acuerdo bajo el brazo sobre la reforma de las pensiones, avalado también por sus socios de gobierno de Unidas Podemos. La reforma se había convertido en un auténtico ultimátum por parte de la UE, si se quería recibir con normalidad la cuarta entrega de los Fondos Next Generation. Unos fondos vitales para el Gobierno que están sirviendo para engrasar la economía española y, sobre todo, las cuentas de resultados de las grandes empresas de IBEX35, puesto que son estas las más beneficiadas por estos fondos europeos.
Se trata de una reforma de pensiones que se las come la inflación y sin una sola medida seria para que sean justamente las empresas las que sostengan el sistema de pensiones, como sería promulgar una ley que establezca el aumento automático de las pensiones al nivel del IPC real.
Si la derecha y la patronal muestran desagrado es porque aun quieren un recorte mayor. Teniendo en cuenta, además, que el Gobierno regó con miles de millones de euros durante la pandemia de 2020 a las empresas financiando los ERTE y los préstamos blandos avalados por el propio Gobierno. Además, las empresas del IBEX 35 han tenido beneficios en 2021 históricos de más de 60.000 millones, coyuntura de maximización de beneficios que se ha prolongado durante 2022 gracias a la especulación de los precios en medio de la crisis bélica de Ucrania y que continúa durante 2023.
La reforma de pensiones del Gobierno viene a consolidar todos los ataques que se han hecho en la última década contra el derecho a una pensión pública que asegure a toda la población ingresos mínimos equivalentes a un salario mínimo de 1.500 euros. La lucha por el aumento de las pensiones y por la reducción de la edad de jubilación a los 60 años, para terminar con la privatización de las pensiones y los beneficios de los grandes fondos de inversión, entre otras medidas, sigue teniendo plena vigencia.
El movimiento de lucha de nuestras hermanas y hermanos de clase al otro lado de los Pirineos demuestra que hay un camino alternativo a la resignación, a condición de plantear una estrategia de independencia de clase para enfrentar al gobierno, la patronal y las burocracias. Porque gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
