El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Esta reducción de jornada, de aprobarse en el Congreso, se realizará, según el anteproyecto, sin recorte salarial.
Miércoles 5 de febrero
El anteproyecto de ley fue firmado el 20 de diciembre por el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT, sin el acuerdo de la patronal, que abandonó las negociaciones en el último momento. Se trata de una reducción irrisoria y sin incremento de los salarios, que no garantiza que los trabajadores puedan prescindir del recurso a las horas extra para complementar sus ingresos.
La reducción de la jornada todavía no se ha aprobado, sino que tiene que pasar por el Congreso. El Ejecutivo lo sabe y reconoce que tendrá dificultades para sacar este proyecto de ley adelante. La ajustada aritmética parlamentaria es probable que impida su aprobación y, por tanto, su entrada en vigor. Así lo han planteado Pilar Alegría y Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Los ministros han afirmado que el Ejecutivo “no es ingenuo” y es “consciente” de su situación de “minoría parlamentaria”. Las dificultades para aprobar esta propuesta de ley, en realidad, no pueden dejar de causar alivio en el PSOE, que trata de oponerse a toda discusión que plantee una reducción de jornada. Pero también desenmascara que la propuesta de Yolanda Diaz apenas se propone resolver el problema de unas jornadas de trabajo extenuantes.
La iniciativa de la reducción de jornada procede del Ministerio de Trabajo, y es resultado de 11 meses de negociaciones entre CCOO, UGT y la CEOE. Se trata de una medida que afectaría, principalmente, a los sectores más precarios de los trabajadores de comercio, hostelería e industria manufacturera, que sumarían un total de 12,5 millones de trabajadores. Esta medida, sin embargo, no deja de ser altamente insuficiente, no sólo porque su elaboración se sabe condicionada por un acuerdo parlamentario incierto, sino porque reducir la jornada a 37,5 reduce únicamente en 2,5 horas las horas de trabajo semanales. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los trabajadores ya tienen jornadas inferiores a las 40 semanales, en realidad, la reducción de la jornada se limitará a una reducción de 48 minutos semanales. Esto es, una reducción de la jornada promedio de apenas el 2,1%,
Esta reducción no deja de contrastar con el incremento de la productividad del trabajo por hora trabajada que desde 1983 se ha incrementado en un 53%. Asimismo, desde ese año los salarios reales, medidos según el deflactor del PIB, no han hecho más que retroceder. Esto último es así incluso con los últimos incrementos del SMI, que en ningún momento han sido superiores al efecto combinado que ha tenido sobre la capacidad de compra de los trabajadores el aumento de la inflación y el aumento de los alquileres. Con únicamente pensar en el aumento de los precios del alquiler no hace falta ilustrar con cifras que el incremento del SMI se encuentra muy por debajo de las necesidades de los sectores de la clase trabajadora con salarios más bajos.
Para Yolanda Diaz esta reducción horaria “mejorará sustancialmente la productividad, reducirá el absentismo y democratizará los beneficios [de las compañías]”. Lo primero puede ser cierto únicamente si la reducción de jornada conduce a un incremento de la intensidad del trabajo en menos tiempo, a ritmos más rápidos y reducción de descansos. Lo cual es posible si la patronal, ante esta reducción irrisoria, responde de forma aún más acentuada mediante un mayor control de los trabajadores. En este sentido, el anteproyecto de ley contempla en su apartado de “registro de jornada”, un mayor registro de las horas trabajadas que aún tiene que verse cómo es aplicado en la práctica, pero cuyo diseño, si recae en manos de los empresarios, será empleado por la patronal para recuperar “con una mano” los 48 minutos perdidos que se ve obligado a dar con la otra.
En cuanto a lo que Díaz plantea como un problema, el “absentismo”, en realidad es un término ambiguo que emplea de forma instrumental la patronal para referirse a diversas situaciones. La principal causa del mentado “absentismo” en el Estado español son las incapacidades temporales, esto es, las enfermedades comunes o los accidentes no laborales. No hay motivos para pensar que un incremento de los ritmos del trabajo vaya a reducir esta situación, sino, en todo caso, a aumentar los problemas de salud y estrés. Y en realidad, más allá de esto, hay que desmentir que en el Estado español haya un problema de absentismo entendido como “faltas injustificadas”, entre otras cosas porque éstas son motivo de despido.
El hecho de que el salario se vaya a mantener, sin incrementarse, no garantiza, sin embargo, que una parte importante de la clase trabajadora tenga que continuar recurriendo a las horas extra para complementar su salario. Este es un verdadero problema en el Estado Español. Hay que recordar que el máximo de horas extra anuales se sitúa en 80 horas, algo que, en realidad, se suma sobre la actual jornada de 40 horas semanales. El recurso a las horas extra, lejos de ser una parte menor del tiempo de trabajo de los trabajadores españoles, supone un problema estructural, siendo los trabajadores españoles unos de los trabajadores de la UE que más horas extras realizan, solo en 2021 se registraron un total de 320 millones de horas realizadas por fuera de la jornada laboral. Pero son muchas más, una buena parte no remuneradas, algo que es ilegal.
Los sindicatos, lejos de oponerse a las horas extra, durante las negociaciones de la reducción de jornada han planteado en varias ocasiones la necesidad de aumentar el máximo de las mismas a 150 horas anuales. Algo que afectaría, no solo a los trabajadores que trabajen más de las 37,5 horas, sino a toda la clase trabajadora. Un sencillo cálculo muestra que 150 horas extra entre 48 semanas que tiene el año (descontando las 4 de vacaciones), da a 3,12 horas extra por semana, muy por encima de los 48 minutos de reducción de jornada. Asimismo, las negociaciones de la jornada han sido en simultaneo al incremento de la edad de jubilación, lo cual supone un aumento de las horas trabajadas a lo largo de la vida de los trabajadores. De hecho, en la actualidad, dos de cada tres españoles trabajan hasta los 64 años, más que durante la burbuja del ladrillo.
Frente a esta reducción de la jornada, que es probable que no pase la prueba del Congreso, y que, en caso de aplicarse, no suponga un cambio sustantivo. Es preciso pelear en los centros de trabajo por el incremento de los salarios por encima de la inflación, mediante cláusulas de revisión salarial de acuerdo con el IPC y al precio de los alquileres. Asimismo, para reducir las horas de trabajo lo que hay que hacer es reducir la jornada laboral a 6 horas semanales, con incrementos salariales que permitan acrecentar los salarios por encima de los ingresos complementarios que se obtendrían recurriendo a las horas extras. De este modo, además se podrían generar nuevos puestos de trabajo para terminar con el paro, cuyas cifras son cada vez mas preocupantes en parámetros sociales y continúan doblando la media de los países de la UE en un marco de precariedad y bajos salarios.
También hay que terminar con la subcontratación y prohibir las externalizaciones, para que las empresas no puedan compensar la reducción de jornada con la contratación de más cantidad de trabajadores por salarios inferiores. La regulación de la jornada de trabajo y de los ritmos de trabajo que acompañe a una reducción de la jornada de estas características tiene que recaer sobre comités de trabajadores electos democráticamente por sus compañeras y compañeros de trabajo, para que la reducción de horas no redunde en una intensificación de los ritmos y reducción de descansos.
Para imponer este programa no hace falta pedir por favor a Yolanda Diaz, ni al PSOE, ni llegar a ningún acuerdo con Junts. La jornada de 8 horas se conquistó en 1919. ¿Cuántos diputados obreros había en las Cortes de la Restauración? Solamente seis, del PSOE. La causa principal de haber logrado esa conquista histórica fue la fuerza de la heroica huelga de la Canadiense, que obligó al Gobierno a adoptar la jornada de 8 horas. Una gesta de la que este martes 4 se cumplieron 106 años.
Hay que retomar esa tradición de lucha e impulsar hoy la movilización en los centros de trabajo para imponer a los sindicatos mayoritarios la lucha por una verdadera reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial.
