Hay que enfrentarlos en las calles. El Estado quiere imponernos cómo hablar: intentan prohibir el lenguaje inclusivo en la administración pública

El Gobierno vuelve a atacar las libertades. Esta vez se metió con el lenguaje inclusivo. Quieren usar el poder del Estado para imponerle a la población cómo hablar. La medida que analizan para avanzar en ese camino es empezar por la prohibición de usar el mismo en la Administración Pública.

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Así lo anunció Manuel Adorni, el vocero presidencial, este martes por la mañana. En su conferencia habitual afirmó que “no se va a poder utilizar la letra e, el @, la x y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos”. Además, dijo que “el lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos en la lengua castellana, es el español. No veo por qué haya que tener estructuras y no vamos a participar en un debate sobre eso porque consideramos que las perspectivas de género se utilizaron también como negocio de la política”.

Las reaccionarias declaraciones son parte de una estrategia política destinada a polarizar por derecha contra valores ligados al progresismo o a la izquierda. Al mismo tiempo son parte de un ataque político-ideológico al movimiento de mujeres y a la diversidad sexual. Encarnan el ideario de esta derecha retrógrada que considera “natural” al patriarcado y a las diversas formas de opresión que existen.

Esta operación política-ideológica acompaña el ajuste feroz que está llevando adelante el Gobierno de Milei. Apuesta a consolidar su base social más firme en una disputa de valores mientras aplica políticas que están hundiendo a millones en la miseria. Políticas ordenadas por el FMI y por los grandes empresarios que ganaron con Macri, el peronismo y siguen ganando ahora.

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Esta medida, además, va contra la Ley de Identidad de Género conquistada en el año 2012. En la misma se reconoce el derecho a autopercibir el género sin encasillarlo en el binario hombre/mujer desde una perspectiva biológica.

Adorni también afirmó que pretenden prohibir la perspectiva de género en el Estado. Apuntan así a que no se cuestionen las desigualdades que atraviesan a las mujeres y la diversidad. Esto, incluso, va contra legislación vigente. Como la Ley Micaela, que establece capacitaciones en género y sobre violencia contra las mujeres- Esta norma intentó ser modificada dentro de la Ley Ómnibus, cuestión que terminó no ocurriendo por la derrota política de la norma.

Hay que enfrentar estos ataques. Es necesario preparar una gran movilización hacia el 8 de Marzo. Las calles tienen que ser el lugar donde responder este intento de quitar derechos, de atacar libertades y de imponer a través del Estado cómo se tiene que hablar. Esa pelea es inseparable de la lucha contra el ajuste salvaje que se viene imponiendo contra el pueblo trabajador, con devaluación, recortes del gasto público, ajuste de jubilaciones y salarios o cierre de dependencias.