ECONOMIA. El FMI exige una política monetaria más dura, aunque genere recesión y desempleo

En el contexto de la guerra de Ucrania, la desenfrenada carrera armamentística imperialista y la crisis inflacionaria que azota las economías nacionales con distinta intensidad, el FMI ha utilizado el encuentro anual de los bancos centrales, el pasado lunes, organizado por el BCE en la ciudad de Sintra, para lanzar un mensaje muy duro. Exigiendo que los bancos centrales endurezcan más las políticas monetarias económicamente contractivas y que “luego permanezcan (indefinidamente) en territorio restrictivo” hasta que la inflación subyacente muestre una clara tendencia al descenso. Pidiendo a los bancos centrales que preparen toda la munición necesaria para lograr el objetivo máximo del 2% de inflación.

La número dos del FMI, Gita Gopinath, abogó por continuar y profundizar la actual estrategia de los bancos centrales de subidas continuas de los tipos de interés, encareciendo los créditos con el objetivo de hacer retroceder a la inflación, aunque provoquen un freno en la economía, e incluso una recesión, con su carga correspondiente de desempleo y sufrimiento social.

Según afirmó la dirigente del FMI “la inflación está tardando demasiado en volver a su objetivo”, incidiendo en que el BCE como el resto de los bancos centrales “deben seguir comprometidos” con el objetivo de dominar las subidas de los precios, aunque todo ello suponga lastrar a la economía. Dibujó un panorama de expectativas que podrían ser desoladoras, pero a pesar de esas posibles consecuencias empujó y animó a seguir por ese camino restrictivo por encima de todo, pese a que se puedan intensificar las tensiones financieras y el proceso pueda desembocar en una crisis, en más recesión y más paro.

La dirigente del FMI pasó de puntillas sobre las consecuencias económicas y materiales demoledoras de estas medidas sobre la población trabajadora, aunque eso sí, puso sobre la mesa que en caso de que se desaten nuevas y más profundas crisis financieras, los bancos centrales tienen herramientas suficientes para inyectar liquidez a las entidades financieras que tengan problemas. Es decir, los bancos siempre serán rescatados por el dinero público, pero para la clase trabajadora y las clases populares solo hay previsto miseria y dolor.

En esta línea, Gopinath destacó que las condiciones actuales exigen un ajuste fiscal, no solo monetario, es decir, más recortes sociales por parte de los gobiernos. Planteando que esos recortes sociales facilitan la posibilidad de reducir el gasto público y, en consecuencia, la masa monetaria en circulación que eleva la inflación. Algo totalmente cínico cuando antes había destacado que el BCE cuenta con herramientas de inyección de dinero público para salvar a las entidades financieras, como de hecho se llevó a cabo durante la crisis financiera de 2008 y tras la pandemia en la que se inundó de fondos públicos al capital privado. Precisamente una de las razones, al lado del shock de oferta que se generó por los cuellos de botellas de las cadenas de valor, y junto con los beneficios empresariales desorbitados que incrementan los precios actualmente frente a unas subidas salariales muy por debajo de la inflación y totalmente raquíticas, que han provocado el actual proceso inflacionario.

La máxima dirigente del BCE, Christine Lagarde, como buena defensora de estos postulados destinados a favorecer el enriquecimiento del capital a costa de la miseria social, en su discurso como anfitriona de este foro económico, ha manifestado una absoluta sintonía con el FMI. Señalando que “ante una inflación más persistente, necesitamos llevar los tipos de interés a un territorio lo suficientemente restrictivo, y que (además) quede claro que nos mantendremos en esos niveles durante el tiempo que sea necesario para permitir que se materialice el impacto total de nuestras acciones pasadas”.

Crisis inflacionaria, “escudo social” del “Gobierno progresista y elecciones generales

En el contexto electoral en que nos encontramos en el Estado español las previsiones de política monetaria y fiscal que se han anticipado por parte del FMI y el BCE, a lo que habría que agregar la vuelta a la disciplina fiscal prevista y anticipada a Bruselas recientemente por el Gobierno de Sánchez para el año que viene, auguran un futuro negro para las clases populares, más allá de quién gane las elecciones. No en balde el Gobierno acaba de anunciar desde el Consejo de Ministros que no va a prorrogar el límite del 2% de subida máxima para la renovación de los contratos de alquiler. Un duro golpe, con todas las limitaciones que tenía la medida puesto que no congelaba las subidas de las viviendas de alquiler, cuando la inflación está golpeando tan duramente a la mayoría social y no impedía que en los nuevos contratos los propietarios pudieran subir muy por encima de ese límite con la amenaza de acabar en la calle, como de hecho ha ocurrido en muchos casos. Todo ello en un contexto en el que se ha seguido produciendo un elevado número de desahucios (38.266 en 2022 según el Consejo General del Poder Judicial, casi 105 diarios) a personas y familias que en la gran mayoría no tenían alternativa habitacional. Todo esto, pese a que el Gobierno se ha hartado de decir que había prohibido los desahucios desde la pandemia.

Por otra parte, se prevé un aumento de los intereses en las hipotecas, como consecuencia de la fuerte subida de los tipos de interés (+4% en menos de un año) que va a suponer un aumento en su coste de una media de 3.000 euros para una hipoteca media de interés variable. Esa factura va a suponer un monto total de unos 19.000 millones de euros de ingresos para la banca (según cálculo del diario El País, sobre datos del Banco de España). Ese importe de 19.000 millones se añadirá a los ingentes beneficios que está obteniendo la banca, dado que, así como ha trasladado rápidamente los costes a los créditos por la elevación de los tipos de interés del BCE, se ha cuidado muy mucho de aumentar las retribuciones por los depósitos que le han dejado sus clientes. En un contexto en el que los bancos vienen de fuertes ajustes de personal y de reducción de oficinas, para lo que aprovecharon la pandemia, mientras sus beneficios se dispararon a niveles históricos en 2022 (20.850 millones de €) un 28% más que en 2021, año en el que también tuvieron colosales beneficios. El “Gobierno progresista” en el contexto de grave crisis social inflacionaria y para financiar parte del escudo social, ha planteado muy tarde y de manera temporal un gravamen especial a la banca (también a las empresas energéticas y a las grandes fortunas), pero sin abordar una reforma fiscal progresiva en profundidad que permitiera tomar medidas de calado social para las clases populares. Con apenas una incidencia sobre los beneficios del 4,8% sobre el margen de los intereses y comisiones netas de las entidades por su negocio en el Estado español. Suponiendo un ingreso total de apenas 3.000 millones de Euros, una cantidad ridícula ante los beneficios históricos de la banca española.

El incremento de los pagos de las hipotecas en muchos casos es de tal calibre que va a implicar duplicar lo que venían pagando las familias, muchas de ellas trabajadoras y con muy pocos recursos. Algo que, sin duda, lastrará el consumo, tendencia que ya se viene produciendo pese al crecimiento económico, y acabará ralentizando la economía. El conjunto de la deuda de los hogares españoles alcanza los 500.000 millones de euros en hipotecas, casi la mitad del PIB anual, y 90.000 millones en créditos al consumo. Algo que en caso de impagos masivos podría generar una crisis financiera de magnitudes colosales. Pero en cuyo caso el dinero público saldría rápidamente a auxiliar a la banca.

El escudo social interpuesto por el “Gobierno progresista” frente a la pandemia, y luego la crisis inflacionaria y la crisis energética por la Guerra de Ucrania, ha sido no de metal duro y resistente, sino de blanda mantequilla. No solo con respecto al tema de la vivienda, sino también con respecto a los salarios, muchos puntos por debajo de la inflación. El Ingreso Mínimo Vital no ha llegado ni al 40% de la población que lo necesita, mientras que los escasos recursos para educación y la salud muestran el rumbo de un gobierno que no busca tocar los intereses de los grandes capitalistas y las grandes empresas del IBEX 35. Mientras ha disparado el presupuesto militar este año hasta el 26,31% de incremento.

En las elecciones generales del 23 de julio, contra el avance de la derecha reaccionaria no podemos caer en la trampa del mal menor. Si logran la victoria el PP y Vox, será porque la derecha reaccionaria ha sido fortalecida por las políticas del “Gobierno progresista”, que no han resuelto los grandes problemas sociales y democráticos de la clase trabajadora y las clases populares. Más que nunca, es necesario levantar una alternativa de izquierda y de independencia de clase que se proponga retomar las calles junto con la clase obrera y los movimientos sociales, para hacer frente a los ataques que van a venir, independientemente de quién gane las elecciones.