El Gobierno decidió que desde junio empezará la quita de subsidios en luz y gas para los hogares de ingresos medios y bajos. Además, las subas no tendrán más un tope atado al coeficiente de variación salarial (CVS), que publica el Indec. Una medida que afecta el bolsillo de los trabajadores y los sectores populares, mientras ganan las empresas privatizadas.
Martes 28 de mayo 20:09
El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió que desde junio empezará una quita gradual de subsidios en luz y gas para los hogares de ingresos bajos y medios. Los incrementos afectarán al sector más afectado por las medidas del gobierno. Además, las subas de las tarifas no tendrán más un tope atado al coeficiente de variación salarial (CVS), que publica el Indec. La disminución de subsidios es una medida que exige hace tiempo el FMI y el gobierno de Milei cumple.
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El Gobierno pone en marcha la Canasta Básica Energética (CBE), un esquema de subsidios más acotado. El decreto 465/2024 firmado por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo indica en el artículo 1 que se va a reestructurar el régimen de subsidios a la energía, y el artículo 2 establece que el período de transición hacia los “subsidios energéticos focalizados” se extenderá desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, con la posibilidad de ser prorrogado después por otros seis meses.
La segmentación de subsidios para usuarios residenciales que estaba vigente consideraba tres usuarios (altos ingresos (N1), los de bajos ingresos (N2) y los de ingresos medios (N3)). Los N1 no tienen subsidios mientras los N2 y N3 están subsidiados.
El Decreto 465/2024 establece una reducción en el bloque de consumo subsidiado de los N3, quienes actualmente son de entre 400 kwh y 650 kwh por mes en base a la provincia en la que se encuentren y a la estación del año. El esquema anterior señalaba que por el excedente, los usuarios paguen pleno.
En tanto, para los usuarios de ingresos bajos (N2), que en la actualidad no tienen límites de consumo subsidiado, se espera también que haya cambios y pasen a un esquema parecido al que tienen los hogares de ingresos medios (N3).
Además, el Gobierno también eliminó el tope máximo establecido para subir las facturas de luz y gas, que tenía un límite porcentual atado al coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Por ejemplo, en 2023, el CVS fue 152,7% y las subas totales de los usuarios N2 no podían ser mayor al 40% del CVS del año anterior (61,08%) y para los usuarios N3.
El Gobierno avanzó con la suba de los servicios públicos aunque tuvo que postergar los nuevos incrementos para evitar que la inflación se acelere en un contexto de caída del poder de compra, despidos y freno de la actividad económica. La contracara es el aumento de las ganancias de las empresas privatizadas que lucran con los servicios.
Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA (IIEP - CONICET), para mayo un hogar sin subsidios necesitó $118.825 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable. Mientras en enero de 2024 representaba el 6% del salario promedio del sector formal, actualmente representa el 14%.
Los servicios públicos tienen que dejar de ser un negocio porque son un derecho esencial del pueblo trabajador. Los servicios de electricidad y gas deberían ser nacionalizados en todas sus etapas (producción, transporte y distribución) bajo gestión de los trabajadores y con control de usuarios populares para brindar un servicio de calidad, sin cortes.
La izquierda propone la nacionalización de los servicios públicos bajo el control de los trabajadores y especialistas interesados en desarrollar verdaderamente planes en función de satisfacer los intereses de las necesidades populares.
