La policía encierra tras las rejas, los empresarios lucran. Ese es el esquema que promueve el Gobierno Lula da Silva en el marco de instituciones históricamente racistas.
Miércoles 2 de agosto de 2023 11:15
El Gobierno Lula-Alckmin anunció como una conquista de sus primeros seis meses de gobierno la "desestatización del sistema carcelario", que no es otra cosa que la privatización de las cárceles en sociedad con los gobiernos provinciales a través de sociedades público-privadas (PPP por sus siglas en portugués). El Estado pagará una diaria a estas empresas según la cantidad de presos encarcelados, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) invertirá en la construcción de nuevas cárceles y el Tesoro cederá exenciones fiscales millonarias vía decreto. Además de eso, las cárceles privadas podrán explotar la mano de obra de los presos como quieran para generar ahí también otras ganancias. Se trata de una copia del sistema estadounidense criticado por el movimiento negro y por intelectuales.
Este descalabro, defendido antes por el gobierno de Bolsonaro pero que no tuvo éxito en aplicarlo, se hace público hoy en el gobierno de Lula, y no tuvo ninguna crítica del actual ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, lo que pone de manifiesto su compromiso con las políticas oficialistas aun cuando es evidente que reforzarán el racismo.
Se trata de poner el encarcelamiento masivo como herramienta de traspaso de dinero público al sector privado, lucrar con el racismo, tan expresivo en el sistema judicial y penal de Brasil.
Más y más negros y pobres son encarcelados a cada año, una buena parte sin siquiera haber sido juzgados. Lula quiere que eso se transforme en un gran mercado para los capitalistas. Es la transformación del racismo institucional directamente en ganancias. Es decir, se trata de una privatización para que los empresarios amigos amasen ganancias con el racismo.
¿Cuánto vale la vida de un joven negro preso por día? El presidio privado de Erechim, en Rio Grande do Sul, una sociedad del gobierno provincial de Eduardo Leite (PSDB, neoliberal), que hoy tiene una licitación en la que ofrece 233 reales por cabeza presa al día.
Esta absurda empresa de Lula debe ser respondida por la izquierda con un fuerte programa de combate al racismo, levantando la liberación de todos los detenidos sin juicio, el derecho a un juicio con jurados populares con mayoría negra y pobre, como es la mayoría de los presos del país y la legalización de todas las drogas. Esa pelea debe avanzar también contra las asesinas operaciones policiales y batallones especiales, rumbo a la abolición de las policías.
