La muerte de un niño mbyá, este último martes en Posadas, muestra que el Gobierno provincial no tiene ningún plan para sacar de situación de calle a las comunidades indígenas.
Jueves 18 de marzo de 2021 19:41
Un niño mbyá de 9 años de la Comunidad Tekoa Porá de Puerto Leoni que vendía limones en la calle, fue atropellado por un colectivo urbano falleciendo al instante. Él y su familia acampan junto con otros miembros de esta comunidad desde hace varios meses cerca de la terminal de ómnibus donde ocurrió el accidente.
Vinieron a la gran ciudad por una necesidad económica, a vender sus artesanías y se vieron obligados a pedir en la calle para poder subsistir. La marginalidad en la que se encuentran no es una novedad para el pueblo misionero, así como tampoco resulta novedoso que se encuentren viviendo en las calles, en otras partes de la ciudad, historia que se repite hace varios años debido a que el Gobierno renovador provincial no les garantiza ningún derecho a las comunidades indígenas.
La responsabilidad una vez más es del Estado que dirige el Gobernador Oscar Herrera Ahuad y es el resultado de la línea que en casi veinte años Arnulfo Verón le imprimió a la Dirección de Asuntos Guaraníes.
Pero, ¿por qué deben dejar sus tierras natales y dirigirse a la ciudad?
Los propios representantes de la pastoral aborigen, que trabajan con las comunidades originarias afirman: “hay dos cuestiones, una de las razones es la escasez de agua que tienen en sus territorios debido a las altas temperaturas y a los largos períodos de sequías, y segundo y más importante los miembros de estas comunidades sufren cada vez que los bosques ubicados dentro de sus territorios son desmontados para obtener la madera (...)"
Te puede interesar: Gobierno de Misiones no cumple el fallo que frena el desmonte sobre tierras originarias
Te puede interesar: Gobierno de Misiones no cumple el fallo que frena el desmonte sobre tierras originarias
Las comunidades mbya guaraní tienen demandas históricas, una de ellas son sus territorios, que deben ser aptos y suficientes para vivir con dignidad. Son pueblos preexistentes al Estado provincial y así deben ser reconocidos.
En la presentación del presupuesto provincial (19/08/2020) la ministra de derechos humanos de la provincia, Graciela leyes - esposa del ex director de asuntos guaraníes Arnulfo Verón- dijo en su discurso: “Nos abocamos además a la distribución de tarjetas de ayuda en complemento alimentario a las familias originarias. Hay 4311 beneficiarios que tienen acceso al consumo de leche, carnes, frutas y verduras. El Ministerio busca la promoción de la paridad de género en cargos educativos, sanitarios y propios de la cultura mbyá guaraní y la recuperación y fortalecimiento del rol de la mujer desde la cosmovisión guaraní”.
Palabras que sólo son discurso. Los hechos demuestran que cientos de integrantes de distintas comunidades se ven obligados a vivir en la ciudad de manera indigente y las mínimas ayudas que pueden recibir no solucionan sus problemas de fondo.
Es necesaria una lucha para que las empresas terminen con el desmonte del hábitat natural de estas comunidades y que el Estado provincial les garantice salud, vivienda y trabajo.