El discurso del presidente acerca del Estado político del país y los asuntos de la administración, en medio de la pandemia provocada por el coronavirus, deja abiertos una serie de debates, sin ninguna propuesta o medida concreta.
¿Qué salida puede construir la clase trabajadora a esta crisis sanitaria, económica y social?
Sábado 9 de mayo de 2020 14:55
El discurso del presidente acerca del Estado político del país y los asuntos de la administración, en medio de la pandemia provocada por el coronavirus, deja abiertos una serie de debates, sin ninguna propuesta o medida concreta. ¿Qué salida puede construirse la clase trabajadora a esta crisis sanitaria, económica y social?
A pesar de que con anterioridad Alvarado había señalado que presentaría el martes 2 de mayo medidas económicas para lidiar con las consecuencias de la crisis, en su discurso de informe anual no presentó ninguna medida concreta. Más allá de la falta de perspectivas claras, el gobierno presenta algunas caracterizaciones y previsiones que vale la pena desmenuzar.
Reforma del Estado y continuidad neoliberal
Uno de los elementos sobre los que el presidente volvió continuamente durante su intervención está ligado al proceso de reforma del Estado, ¿pero qué tipo de reforma apunta el gobierno de Unidad Nacional?
La pandemia del coronavirus no es un rayo que cayó en cielo sereno, todo lo contrario: la expansión del virus encontró sistemas de salud desfinanciados y desnudó cruelmente las contradicciones del sistema capitalista en decadencia en todo el mundo. La situación de países como E.E.U.U. demuestran los problemas de privilegiar las ganancias capitalistas por encima del derecho al acceso universal a la salud.
Pese a este panorama, el presidente Alvarado celebra el ambiente fiscal resultado de la imposición de la Reforma Fiscal y la entrada del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que se ha traducido en presupuestos de austeridad y recortes en instituciones como la educación superior. Por otro lado, las iniciativas para la privatización del derecho a la salud tampoco han estado ausentes durante la crisis pandémica. Las constantes referencias a la “modernización del Estado de Derecho” del gobierno del PAC y la Unidad Nacional, no van en ningún otro sentido que el de profundizar la agenda neoliberal y de ataque a las condiciones de vida del pueblo trabajador.
El desempleo
Al abordar el problema del desempleo y la enorme informalidad del trabajo en el país, el presidente apunta a una serie de obras públicas y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para desarrollarlas. Ya de por sí el 47% de las y los trabajadores están en la informalidad y el desempleo dio un enorme salto durante la cuarentena.
Sin embargo el único elemento concreto señalado por Alvarado en sus redes sociales (apenas mencionado en el informe) es la electrificación del tren. Esta medida supondrá concesión de obra pública y endeudamiento externo. En este sentido también esta política es de pura continuidad neoliberal. Además, según el propio presidente, esta iniciativa generaría como máximo 2500 empleos, muy lejos de los cientos de miles que se han perdido.
Casos como el escándalo protagonizado por Autopistas del Sol y diversos miembros del gobierno de Laura Chinchilla en el año 2013 por la concesión de la autopista San José-San Ramón o el propio caso del Cementazo en el gobierno del PAC de Luis Guillermo Solís, son muestras del problema de la corrupción como componente de la gestión de los estados capitalistas, que garantizan el beneficio de un puñado de políticos-empresarios y sus socios, muy por encima de los intereses de las grandes masas populares.
Otro destacado caso es el de la empresa Constructora Meco, una de las 10 más importantes de Latinoamérica, propiedad del empresario costarricense Carlos Cerdas Araya, investigada el año pasado por la Fiscalía Adjunta de Propiedad, Transparencia y Anticorrupción. A pesar de que Cerdas fuera uno de los imputados en la investigación de los Panama Papers, el año pasado el gobierno desembolsó más de ¢18.000 millones a la empresa por concesión de obras públicas.
Cultivo de cañamo
Otra de las posibilidades mencionadas por el presidente Alvarado, involucra el cultivo de cáñamo. El anuncio dio pie en distintos sectores sociales sobre la posibilidad de iniciar el camino de la producción legal de cannabis. Sin embargo, una vez más la falta de profundidad en la propuesta del gobierno de Unidad Nacional deja abierta la expectativa; si juzgamos por el tratamiento que el presidente hace del trabajo de la policía en la incautación de droga en el país, deja claro que el foco de la represión del Estado está sobre los jóvenes sumidos en el narcomenudeo -tráfico de dosis personales y aprovisionamiento, que representa una estrategia de subsistencia y supervivencia para la juventud sumida en territorios con alta exclusión social- muy lejos de atacar las ganancias ilícitas de la gran burguesía ilegal y de sus socios en la legalidad, ya sean políticos, empresarios o los propios cuerpos judiciales que facilitan el lavado de capitales y bienes.
En este sentido la política del gobierno, que nunca había tenido la legalización de cannabis como eje, parece una maniobra para mantener una apariencia progresista en medio del avance neoliberal, la profundización de la deuda, crecimiento de la informalidad y el desempleo, acompañado del avance de la derecha religiosa de la mano del PAC en la Legislativa, el permanente rechazo a los derechos de las mujeres, profundización de la xenofobia contra los migrantes nicaragüenses, aumento extraordinario del presupuesto para fuerzas represivas enfocadas centralmente en la represión de sectores populares, etc.
¿“Repartir la carga”? ¿quién paga la crisis?
Las cifras sobre el trabajo informal en el país hacen eco de las condiciones de vida de cientos de familias. Por otro lado, empresarios como Rodolfo Jiménez Borbón -FIFCO, Grupo Nación y representante legal de la Hacienda Juan Viñas- generan ingresos mayores a los $1.500 millones (más de ¢875.000 millones), al año según datos de la revista Forbes.
La pobreza en Costa Rica antes de la pandemia, ya apuntaba más de 1 millón de personas con problemas para solventar necesidades básicas como la comida o la vivienda, mientras que la ONU apunta que se doblará el número de personas que padecen hambre en el mundo (265 millones de personas para el final del 2020). Frente a este perspectiva, el gobierno no tuvo ningún retraso para aprobar leyes de disminución de salarios y jornadas laborales, profundizando la precarización del trabajo de miles de personas, sin que esto se traduzca en un freno a los despidos masivos en sectores como turismo y cadenas de restaurantes. Los llamados de las cámaras empresariales por levantar las medidas de cuarentena y garantizar sus ingresos a costa de la salud de trabajadores y trabajadoras de todo el país tampoco se ha hecho esperar. Sin embargo las ganancias de empresarios como el mencionado Jiménez Borbón o Carlos Cerdas, se mantienen intactas.
La verdadera cara de la Unidad Nacional
Durantes los últimos 2 años, el mundo ha sido testigo de un regreso de la lucha de clases al centro del escenario político. Costa Rica no es la excepción, el gobierno de Carlos Alvarado ha enfrentado movilizaciones históricas de la clase trabajadora y una verdadera rebelión estudiantil el año anterior. La popularidad del gobierno central y la del presidente caían en picada al tiempo que el descontento con la situación económica y el desempeño del gobierno aumentaban según el estudio de opinión sociopolítica del año pasado, realizado por el Centro Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP). Sin embargo, la coyuntura de la pandemia ha sido favorable para que el gobierno de Unidad Nacional se proyecte con mucha más seguridad hacia la población.
El prestigio con el que es representado el país internacionalmente en el manejo de las medidas para atender la pandemia funciona como una herramienta para legitimar a las autoridades gubernamentales, abriendo portillos para facilitar medidas de ataque contra la clase trabajadora (como lo han sido las medidas de ataque al salario y la expulsión de los sectores más empobrecidos de universidades públicas). Sin embargo, el derecho al acceso universal al agua aún no cubre barrios populares en zonas como Hatillo o Desamparados, afectados por el racionamiento del recurso; las zonas francas mantienen sus millonarias ganancias sin un colón de impuestos; y el refuerzo de la policía se ha traducido en una profundización de la persecución y discriminación de la población migrante en el país.
La mención del presidente sobre el uso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), para “gobernar con la ciencia y los datos”, da una muestra de cómo la legitimidad que logre adjudicarse el gobierno, puede traducirse en un uso legítimo de diversas formas de represión y control político de la clase trabajadora, partiendo del hecho de que la propia UPAD es una base de datos confidenciales de la población para uso discrecional del presidente que ya en los hechos había sido puesta en funcionamiento para reprimir trabajadores durante la huelga del 2018.
La elección del reaccionario Eduardo Cruickshank del PRN en la presidencia de la Asamblea Legislativa muestra la naturaleza de la Unidad Nacional del gobierno: la unidad de los explotadores contra la clase trabajadora, los derechos de las mujeres y la juventud. Una Unidad Nacional que se extiende tanto a los partidos conservadores, como a la oposición del PLN -incluida ahora en el Ministerio de la Presidencia.
Esta Unidad Nacional, es construida sobre la exigencia que hacen los explotadores por recargar la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. Es necesario poner en pie una salida independiente de los grandes empresarios y los gobiernos que les representan, una salida que le permita a trabajadores y trabajadoras tomar en sus manos su propio destino. Para quienes reivindicamos el derecho de las grandes masas a “una vida que merezca vivirse”, es necesario poner en pie una gran organización de izquierda que coloque en pie un plan para que la crisis la paguen los capitalistas.
