Propone ampliarlo de 13 a 17 miembros, dándole más poder a jueces, abogados y académicos. En el 2006 Cristina Fernández de Kirchner había reducido su número de 20 a 13. Idas y vueltas para que nada cambie en el antidemocrático y autoritario poder judicial.
Lunes 6 de diciembre de 2021 21:23
Luego de perder la mayoría en el Senado, y con un esquema mucho más complejo para sancionar sus iniciativas en la Cámara de Diputados, el Gobierno enviará un nuevo proyecto de ley al Congreso impulsando modificaciones en el Consejo de la Magistratura.
La propuesta oficialista, anunciada por Gabriela Cerruti, contempla modificar el organismo encargado de elegir, evaluar y sancionar a los jueces, al otorgarle mayor peso en su composición a estos últimos, que pasarían de 3 a 4 representantantes, a los abogados de la matrícula federal que pasarían de 2 a 4 y a los académicos que pasarían a tener 2 representantes en vez de 1. De esta manera, en proporción y manteniendo su número actual de 6 integrantes, quedaría un menor peso proporcional del poder legislativo en la composición del Consejo, del que también es parte el Poder Ejecutivo Nacional. Además, el proyecto contempla incluir la paridad de género, debiendo ser mujeres al menos 8 de los 17 representantes.
En el proyecto habrían colaborado la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, el ministro de Justicia, Martín Soria y su Vice Juan Martín Mena, el representante del gobierno en el mismo Consejo, Gerónimo Ustarroz, y el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos. Soria, justamente, visitará mañana por primera vez a los miembros de la Corte Suprema, presumiblemente para abordar este tema.
Según distintos medios, el sorpresivo anuncio de la reforma habría tenido lugar para anticiparse a un posible fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional la composición actual. Más allá de las distintas versiones, esta composición había sido impulsada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en su momento como senadora apostó por la reducción de los miembros del mismo consejo y un mayor peso a los miembros del poder legislativo en el mismo.
El Consejo de la Magistratura viene siendo históricamente un terreno de disputa entre el oficialismo y la oposición, un lugar de verdadera rosca para acomodar jueces afines a uno u otro sector y ante eventuales acusaciones a un lado u otro de la grieta.
Estas modificaciones propuestas para el Consejo de la Magistratura en nada modifican el carácter profundamente corrupto del poder judicial, siempre ligado a los poderes de turno. Un poder que se jacta de ser “contramayoritario”, ajeno a la influencia de la voluntad popular, para juzgar y decidir en función de preservar siempre los intereses de una minoría privilegiada por este sistema social.
La necesidad de que jueces y fiscales sean electos por el voto popular y sean revocables, así como terminar con sus sueldos y jubilaciones de privilegio, que los juicios sean definidos por jurados, son algunas medidas elementales que podrían avanzar en terminar con los privilegios de esta verdadera casta parasitaria. El Frente de Izquierda-Unidad pelea por esta perspectiva.
