El president de la Generalitat, Pere Aragonès, exige explicaciones para no retirar su apoyo parlamentario. Pero una vez más, ante un escándalo mayúsculo como es el caso de espionaje masivo, el Govern no modifica su hoja de ruta autonomista ni abandona la mesa de diálogo. El Gobierno “progresista” cierra filas ante las acusaciones.
Miércoles 20 de abril de 2022
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una imagen de archivo.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido "transparencia" y "asunción de responsabilidades" al Gobierno de Pedro Sánchez para "restablecer la confianza" tras conocerse el espionaje masivo a líderes y activistas independentistas. Si no es así, Aragonès, que ha apuntado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha amenazado con dejar de dar estabilidad parlamentaria al Ejecutivo: "Si no existe una asunción de responsabilidad será muy difícil mantener la estabilidad parlamentaria del Gobierno".
En una entrevista este miércoles en RAC1, Aragonès ha exigido una investigación interna "con supervisión independiente" que explique "quién ha ordenado" el espionaje, "cuál ha sido su alcance" más allá de los 60 casos que se conocen, dando a entender que pueden ser más, "qué datos se han capturado" y "cómo se han utilizado".
El president considera como "una evidencia palmaria" que el CNI está detrás de este espionaje, porque, según ha dicho, tiene el programa Pegasus con el que se han realizado las infiltraciones en los móviles y que solo se vende a gobiernos estatales, y se ha preguntado qué otro servicio de inteligencia estaría dispuesto en gastar "millones de euros" en espiar a independentistas catalanes.
Aragonès ha explicado que se ha puesto en contacto con Sánchez por mensajería móvil y le ha hecho llegar el malestar por la situación generada pero que no han ahondado más en la cuestión. "Hay que hablarlo cara a cara", ha manifestado Aragonès, quien no ha podido confirmar si habría una reunión o no.
En cuanto a la cuestión de la autodeterminación, Aragonès, sin embargo, ha defendido el diálogo y la negociación como la mejor vía para recorrer el camino hacia un referéndum para decidir el futuro político de Catalunya pese a reconocer que el "el depósito está prácticamente a cero". Con todo, el líder catalán ha considerado que para proteger un proceso de negociación "es imprescindible juego limpio" y ha opinado que "existen aparatos del Estado activos en contra del proceso de negociación". "El compromiso con la negociación está ahí", ha insistido el president a cuyo juicio "puede que fracase" pero ha asegurado que no "tirará la toalla" hasta que no se le presente "una vía mejor".
Aragonès sigue así con la línea que expresó el propio Oriol Junqueras el martes. Este caso de espionaje masivo sirve de batería discursiva para presionar al Gobierno en términos de apoyo parlamentario, pero como no podía ser de otra manera, desde el Govern y ERC siguen su línea de gestión autonomista y delegando la cuestión democrática a una inoperante mesa de diálogo.
Por su parte, el gobierno central rechaza cualquier implicación en el espionaje, como ha declarado la ministra portavoz del ejecutivo Isabel Rodríguez. La ministra ha asegurado también que el Gobierno “colaborará al máximo” con la Justicia en la investigación de estos hechos, “si es que los tribunales nos requieren para ello”.
De hecho, en declaraciones este mismo miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ido un paso más allá, afirmando con rotundidad la inocencia del CNI en este asunto. Además Robles ha aprovechado para lanzar un dardo a los líderes independentistas que han acusado al centro de inteligencia, asegurando que estos últimos no pueden defenderse “por que estarían incumpliendo la ley”.
Unidas Podemos, por su parte, ha pedido también que los titulares de Interior y Defensa, Grande Marlaska y Margarita Robles, abran una investigación sobre el escándalo Pegasus en el Congreso de los Diputados, como si todo este caso no fuera con ellos, ni fueran también responsables como parte del Ejecutivo español.
Tanto Yolanda Díaz como Ione Barrera han defendido la calidad democrática del Estado español, asegurando que no debería “dar miedo” iniciar cualquier tipo de investigación y depurar responsabilidades. La integración de las ministras de UP al Régimen del 78 es tal, que ante el caso de espionaje a líderes políticos más grave del siglo XXI en el Estado español, tan solo se les ocurre alabar la, según ellas, la “calidad” de la democracia española y solicitar una comisión de investigación, sin ninguna garantía, donde seguramente también participarían los responsables.
La semana pasada el presidente Sánchez aludía al “espacio político de Yolanda Díaz” como posible compañero de viaje en una próxima legislatura para frenar el binomio PP-Vox. Sin duda el presidente del Ejecutivo sabe que ese “espacio” ha cedido a los intereses de las clases dominantes, ya sea en materia de migración, en materia bélica o también en asuntos relacionados con las cloacas del Estado.
Por ahora este segundo episodio del Catalan Gate se juega en los medios de comunicación y en las declaraciones cruzadas. Pero al igual que sucedió cuando se destapó el caso hace un año y medio, lo que queda meridianamente claro es que el Estado no investigará absolutamente nada. Menos sus propias actividades de control y espionaje de la disidencia política, los movimientos sociales y el periodismo independiente.
Mantener tapadas y en buen estado las cañerías permite que la corrupción y los favores entre Gobierno, Fuerzas de Seguridad, Judicatura y Monarquía, continúen fluyendo de manera eficaz. Unos mecanismos que, por otro lado, son usados por todos los agentes del Régimen para su propio beneficio y que, como se ha demostrado con este caso de espionaje, son los últimos interesados en desmontarlas.
