Mediante la “decisión administrativa” con la cual oficializó el Presupuesto 2023 el Poder Ejecutivo dejó sin efecto modificaciones en las partidas que había realizado el Congreso al momento de su votación. Desde el comienzo del año el ajuste en asignaciones familiares y becas estudiantiles, entre otros ítems, será aún mayor al previsto. Desde el Frente de Todos no evitan utilizar ningún instrumento para cumplir con las exigencias del FMI.
Matías Hof @HofMatias
Lunes 30 de enero de 2023 21:47
Sergio Massa y Juan Manzur, principales responsables de la aplicación del Presupuesto 2023
Hace sólo unos meses, como parte de buscar disminuir el costo político de aprobar un presupuesto de ajuste que tenía como objetivo central cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional, el Frente de Todos presentó una serie de modificaciones en el Congreso para que el recorte en algunas áreas no sea tan brutal. Sin embargo, al momento de reglamentar su implementación el Gobierno optó por dejar sin efecto aquellos arreglos, afectando los fondos de distintos programas sociales, educativos y ecológicos, reduciendo el gasto en $ 327.075 millones.
La decisión administrativa N° 4 (publicada el 10 de enero en el Boletín Oficial), dejó sin efecto la ampliación del gasto en programas de suma importancia. Como detalla el informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en Políticas Alimentarias la baja en los fondos será superior a los $ 100.000 millones, en Asignaciones Familiares $ 90.000 millones, en el caso de las becas estudiantiles casi $ 60.000 millones y más de $ 30.000 millones no serán asignados para el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
A su vez, una serie de organizaciones de la sociedad civil (entre la cuales se encuentran el CELS, La Poderosa, la ACIJ, FARN) denunciaron que entre las áreas afectadas se encuentran la integración socio urbana de barrios populares, el programa nacional de tierras, viviendas y urbanismo, las acciones de reparación para niñas y niños hijos de víctimas de femicidio (Ley Brisa), el acompañamiento al egreso de jóvenes sin cuidados parentales y el plan nacional de manejo del fuego.
En el país más de mitad de los niños son pobres, pero para el Gobierno cada oportunidad de reducir la asistencia social es bienvenida con tal de cumplir con el FMI que exige que el Estado achique su déficit fiscal. La situación de la educación pública es crítica, los docentes no cuentan con los recursos básicos para dar clases y miles de estudiantes se ven obligados a dejar las aulas, pero los recursos destinados para solucionar esos problemas no son una prioridad.
Te puede interesar: Bancando la estafa macrista: el Frente de Todos le paga esta semana U$S 1.360 millones al FMI
Te puede interesar: Bancando la estafa macrista: el Frente de Todos le paga esta semana U$S 1.360 millones al FMI
El presupuesto que había sido diseñado por Sergio Massa en Washington ya preveía importantes recortes en los gastos. Si se considera la inflación promedio para el año (75,7 %), la variación en los fondos destinados a “Promoción y Asistencia Social” incluían un descenso del 1,7 %. Mientras que lo destinado a “Vivienda y urbanismo” cae en términos reales un 4,6 %.
Las jubilaciones y pensiones representan el 45% del Gasto y contienen el pago de más de 6,6 millones de jubilaciones y pensiones, y las asignaciones familiares y AUH, entre otras prestaciones de Anses. Esta partida tiene un recorte de 4,3 % para este año, que se suma al ya aplicado en 2022. De esta forma, el gobierno pretende hacerse de un “ahorro” equivalente a unos $ 600.000 millones para 2023.
En contraposición a las demás partidas, la Deuda Pública posee un aumento en los intereses de deuda que se duplicarán a $ 2.664.389 millones en 2023, frente a $ 1.333.722 millones en 2022. Por lo tanto aumentarán un 14 % en términos reales y pasarán de representar el 8% del presupuesto al 10 % en 2023. Uno de cada diez pesos del Estado Nacional se destinarán a pagos de intereses de deuda con el sector privado, incluso considerando que este año no caen los vencimientos de capital con los fondos internacionales ni el FMI.
El presupuesto ya había contado con el acompañamiento explícito de Máximo Kirchner y el espacio político referenciado en la vicepresidenta, junto a parte de la oposición de derecha, que nada dicen ahora de la profundización del ajuste que implica la última modificación. Los diputados y diputadas del Frente de Izquierda Unidad fueron los únicos que denunciaron el objetivo de hacer recaer los costos de pagar la fraudulenta deuda externa sobre las mayorías trabajadoras.
Desde la puesta en marcha del Presupuesto 2023 el Gobierno pretende seguir direccionando los recursos en favor de las grandes empresas y el capital internacional. Es cada vez más claro que poner en primer lugar “a los que menos tienen” es sólo un discurso del Frente de Todos que no se condice con sus acciones.
Te puede interesar: La verdadera vendimia: trabajadores vitivinícolas se movilizan por el salario
Te puede interesar: La verdadera vendimia: trabajadores vitivinícolas se movilizan por el salario
