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Red Internacional
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Opinión. El MAS y su política antiobrera en el sector público y las empresas estatales

Ya se ha hecho algo cotidiano leer titulares de prensa, y en las redes sociales, sobre las permanentes disputas entre las distintas fracciones del MAS, particularmente, entre la fracción “evista” y “renovadora” (de Arce y Choquehuanca). Las disputas tienen que ver con la ya adelantada disputa electoral rumbo a las elecciones del bicentenario, es decir, una pelea por cargos pero no por divergencias en ideas ni en proyectos de gobierno. Esto se demuestra muy bien, porque a la hora de ajustar a las y los trabajadores están de acuerdo, ahí no hay grieta.

Viernes 22 de septiembre de 2023

Foto: movilización de ex trabajadores y trabajadoras de la ex SABSA, hoy NAABOL, exigiendo el pago de sus finiquitos.

Foto: movilización de ex trabajadores y trabajadoras de la ex SABSA, hoy NAABOL, exigiendo el pago de sus finiquitos.

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El Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) desarrolló, durante sus ya casi 18 años de Gobierno, políticas antiobreras en el sector de empleados públicos y de las empresas estatales al preservar y extender aspectos claves de la normativa neoliberal que flexibiliza y precariza el trabajo, como es el caso de la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público, promulgada en 1999 bajo la presidencia del fallecido ex dictador, Hugo Banzer Suárez. Por otra parte, sus medidas de gobierno han estado principalmente orientadas a beneficiar a los empresarios privados, borrando conquistas históricas de la clase trabajadora.

En los gobiernos del MAS, antes con Evo y hoy con Arce, lejos de mínimamente garantizar derechos laborales para las mayorías trabajadoras, los han venido pisoteando. Por ejemplo, en todas las empresas estatales se prohíben conformar sindicatos. Los ministros en cada área son los encargados de imponer a las y los trabajadores el estatuto del funcionario público.

En el sector de salud, la fragmentación sindical junto a la pérdida de derechos laborales, ha avanzado mucho, llegando al extremo de que los diversos sindicatos solo defienden a quiénes tienen ítem y son afines a la burocracia sindical de su sector. Miles de enfermeras, médicos y trabajadores manuales de la salud se encuentran en un estado de precarización laboral extrema. Esto pretenden repetirlo en otros sectores laborales.

Este actuar, con una política anti organización sindical, contra las y los trabajadores se traslada a las juntas vecinales y a los sectores campesinos. En las juntas vecinales la adjudicación de obras por parte del municipio y el Gobierno es utilizado como prebenda para dividir a los dirigentes por lo cual, en los distintos distritos existe una constante puja y corrupción por ese presupuesto alejados de las bases.

En los sectores campesinos, el Gobierno y los municipios hacen negocios con la producción agrícola con dirigentes campesinos afines al oficialismo y la oposición en desmedro de no atender las demandas estructurales en el campo. Dejando a las bases campesinas afectadas por los incendios forestales, la contaminación y las sequias entre otros.

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Empresarios privados y gobierno contra las y los trabajadores

Como es evidente esta política antiobrera, de ataque a las organizaciones sindicales, se extiende también al sector privado. Las quiebras y cierres fraudulentos, como el de Altifibers y otras, son realizadas para librarse de los sindicatos, y se han convertido en algo habitual en el sector fabril antes y luego de la pandemia.

Los empresarios privados usan largos procesos judiciales contra los trabajadores y trabajadoras para evitar, por ejemplo, el pago de finiquitos o en procesos de reincorporación como formas de pisotear los derechos laborales. Todo esto con la complicidad del ministerio de Trabajo que se niega a hacer cumplir los mandatos constitucionales y legales referidos a los derechos laborales básicos como el de estabilidad laboral y organización sindical, entre otros.

Un ejemplo de esta situación la vemos en la actual denuncia de lxs trabajadores de Aseo Urbano en la ciudad de La Paz donde el Gobierno, las alcaldías y los empresarios privados han impuesto la terciarización del trabajo generalizando los abusos laborales contra los trabajadores y con la complicidad de dirigentes de la COB y sus respectivas centrales departamentales.

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Otro ejemplo es cómo el Gobierno procedió a destruir los sindicatos de los aeropuertos. El ministerio de Obras Públicas llevó adelante esta medida con la creación de NAABOL (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos S.A.) que se expresó en la destrucción de una federación de más de 50 años de existencia como fue AASANA (Administración de Aeropuerto y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea). Esta cartera de Estado designaba a los gerentes o su Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) quienes promovieron la quiebra de la institución, justificado por los supuestos altos salarios de los trabajadores. La labor de este ministerio, con la colaboración de la COB, fue cooptar a los dirigentes poniéndolos en puestos de la administración, luego, jubiló a una vanguardia combativa de varios años para dar el golpe final a la organización sindical.

En SABSA (Servicio de Aeropuertos Bolivianos) de la misma manera el Gobierno designaba los gerentes que de a poco transferían las utilidades de la empresa al Tesoro General de la Nación (TGN), contradictoriamente, decían a los trabajadores y trabajadoras que la empresa empezaba a presentar déficit. Una vanguardia de trabajadores, con independencia de clase, denunciaba estas acciones del Gobierno contra los trabajadores, los 12 dirigentes sindicales fueron perseguidos con procesos penales. Es así que el ministerio de Obras Públicas logró establecer, con prebenda de por medio, un sindicato subordinado al Gobierno y con el pasar de los años de conciliación lograron destruir el sindicato.

Esta labor del Gobierno del MAS ha ampliado las condiciones para el ensanchamiento del mercado informal donde existe una alta precarización y vulneración de derechos laborales y donde los empresarios privados hacen lo que quieren. Esta política permite bajar el precio de la fuerza de trabajo arrojando a cientos de miles a condiciones de inseguridad laboral y abusos patronales.

Debido a esta situación de vulneración de derechos y super explotación a los y las trabajadoras tenemos que recuperar nuestros sindicatos para luchar y denunciar estos abusos. Debemos unir a esa inmensa cantidad de trabajadoras y trabajadores precarizados con los de planta en asambleas de base por fábricas y cada centro de trabajo con la independencia política que es la única manera de sacarnos de encima a los dirigentes vendidos al gobierno y los patrones.

También tenemos que empezar a reflexionar que los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional necesitamos una herramienta política para impulsar una Alternativa Anticapitalista de las y los Trabajadores (AAT) que sea una opción política de lucha para los miles de trabajadores y trabajadoras y movimientos sociales traicionados por el MAS. Ellos ya se volvieron ricos con la plata del Estado, ahora se portan como los patrones neoliberales y están en contra de quiénes luchamos para una vida digna para las mayorías trabajadoras del campo y la ciudad.