En el día de ayer se comenzaron a discutir en comisiones de la legislatura cordobesa dos proyectos de ley reaccionarios que buscan prohibir la protesta social.
Viernes 14 de octubre de 2022 09:52
El PJ cordobés, para ponerse a tono de los pésimos indicadores sociales que hacen que hoy Córdoba lidere los rankings de pobreza y desocupación, busca prohibir la protesta social reformando una vieja herramienta como es el código contravencional (lo que se conocía antes como el famoso código de faltas con el que encerraban cientos de pibes al mes).
La propuesta la hicieron desde la banca del legislador Juan Manuel Cid, quien en su proyecto busca crear diferente multas para quienes se movilicen (con incrementos tales como duplicar las multa para quienes "escupan" ) o realicen cortes de calles en la ciudad de Córdoba. Incluso llegando a la posibilidad de plantear días de arresto o trabajo comunitario.
En sus declaraciones en comisiones dejó en claro que el objetivo es sacar las movilizaciones de lugares visibles, diciendo lo siguiente: "Si alguien necesita peticionar, no puede cortar Colón y General Paz porque se ven afectadas 50 líneas de colectivos" . Resulta que por Colón y General Paz pasan todas, o casi todas, las movilizaciones sociales y de reclamo (desde siempre, hasta el Cordobazo tránsito esa esquina) JUSTAMENTE por qué es la esquina de mayor visibilidad, el absurdo de Cid lleva al punto que el gobierno decida en dónde se pueda protestar, para que no se escuchen los reclamos.
El proyecto establece lo siguiente: “Cualquier motivo o invocación, sin autorización de la autoridad competente que altere, interrumpa el normal tránsito de las vías de circulación de las personas, será sancionado”. Las sanciones tendrían el límite de una falta equivalente a 12 UM, o sea 65.460 pesos, con la posibilidad de seis días de trabajo comunitario o hasta tres de arresto. Al decir cualquier motivo o invocación que ellos no autoricen abre la puerta a sancionar cualquier reclamo contra el gobierno ¿Se animará el PJ a meter presos a los docentes cuando corten Colón y General Paz, cómo hicieron hace poco, reclamando por el salario de miseria que ganan? ¿O a los familiares de víctimas de gatillo fácil que mata la policía cordobesa, cómo los familiares de Blas Correa, o de los demás jóvenes asesinados, que también eligieron esa esquina en alguna oportunidad para reclamar ? O quizás a las mujeres, cuando salen a reclamar por sus derechos o contra los femicidios que cada vez aumentan más sin que el gobierno provincial haga nada.
Pero el objetivo de esta medida efectista, para las cámaras de televisión y las encuestas electorales, es en realidad ir contra los movimientos sociales y trabajadores que reclamen por su sueldo. O al menos eso dejaron ver los legisladores al hablar de los "acampes" y marchas a lo largo del debate. Basta ver los números a nivel nacional para entender por qué son tantas las movilizaciones en una provincia que ha aumentado su desigualdad social (es cabeza en pobreza y desocupación) sin dar ninguna respuesta mientras sigue asegurando los beneficios al campo y a las empresas.
A esto se sumó todo el resto de la oposición que recibió con entusiasmo y propuestas propias la posibilidad de prohibir las movilizaciones. Así lo hicieron saber los radicales en boca de los legisladores Rossi y Garade Panetta buscando estables un proyecto que prohibía las movilizaciones "entre las arterias Marcelo T. de Alvear- Figueroa Alcorta, Humberto Primero-Sarmiento, Maipú-Chacabuco e Illia-San Juan" es decir, en todo el centro de Córdoba. Y a su vez establecen que hay que avisar 48 hs antes sin excepción sobre las movilizaciones, de nuevo al absurdo, si cualquier hecho social importante sucede, hay que esperar 48 hs y una autorización para marchar, un ridículo absoluto.
Detrás de todo esto se esconde la noción de los principales partidos patronales de que el ajuste en curso de todos los gobiernos, desde el nacional, los provinciales y municipales va a traer respuesta en las calles y ya se preparan con estos gestos para querer regimentar la calle y la posibilidad de que trabajadores, movimientos sociales, la juventud o el movimiento de mujeres se pueda expresar, ya lo habían intentado con el protocolo anti piquetes de Patricia Bullrich que no duró nada. Los proyectos presentados son inconstitucionales, y tanto el PJ cómo los radicales lo saben, por qué limitarían el derecho a protestar y peticionar (estableciendo que solo se puede hacer en determinados lugares y en determinados plazos).
Ningún proyecto de ley puede tapar el descontento cada vez más grande con la situación económica y social de la cual el gobierno de Schiaretti es responsable y que ninguna de las figuritas de la oposición desde los radicales o Luis Juez, están dispuestas a modificar en absolutamente nada, mostrando que la primer respuesta que se les ocurre es limitar derechos y aumentar el control social.
