La joven de 21 años fue condenada a 50 años de prisión, es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que en dicho país se prohibió por completo el aborto.
Joss Espinosa @Joss_font
Martes 5 de julio de 2022
Un tribunal impuso la pena de 50 años de prisión a Lesli, una joven de 21 años que perdió un embarazo hace dos años. Esta sentencia fue anunciada el pasado 29 de junio por la fiscalía general y el delito por el que se le juzga es por “homicidio agravado en prejuicio de su hija recién nacida”.
Este caso nuevamente prende las alertas de las organizaciones feministas y de mujeres que han señalado la gravedad de la criminalización del aborto en El Salvador. Estas organizaciones señalan que Lesli sufrió una emergencia obstétrica, y que el caso de Lesli es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que se prohibió por completo el aborto.
La pesadilla para Lesli inició en junio de 2020 cuando entro en trabajo de parto, con la sensación de querer defecar fue al baño y expulso al producto en gestación. Al ser su primer embarazo no sabia bien que pasaba, y su familia llamó a la policía y al hospital. Según la fiscalía, Lesli tenía 5 meses de embarazo, pero las organizaciones feministas que han acompañado el caso denunciaron que ni siquiera se hizo un peritaje.
La pena a Lesli es solo la punta del iceberg de una cadena de condiciones de precariedad y vulnerabilidad que son responsabilidad del Estado. Ella vivía en un poblado rural en condiciones de pobreza, en una zona en la que ni siquiera hay acceso a agua potable o electricidad y no pudo continuar con sus estudios llegando hasta séptimo grado. A esto se suma la falta de educación sexual integral, pues cuando Lesli entro en trabajo de parto no sabia lo que estaba pasando en su cuerpo.
Por otro lado, el proceso estuvo lleno de irregularidades y que el juez no admitió pruebas para demostrar su inocencia. Tampoco se tomo en cuenta el peritaje social en el que se marca que Lesli había sido victima de violencia de género, ni el peritaje psicológico que recomendaba un estudio psiquiátrico.
El Salvador tiene un historial de cruda criminalización a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos, y el aborto no esta permitido ni siquiera cuando este sería por motivos de salud, con penas tanto para quienes se lo practican como para los profesionales que ayudan en los procesos.
Las penas usuales para quien se practican un aborto van de dos a ocho años de prisión; sin embargo, como pasa en muchos lugares, las mujeres que llegan a practicarse un aborto o incluso a tener uno espontáneo, no son juzgadas por aborto sino por delitos como “homicidio agravado por el parentesco” para aumentar las penas que van de 30 a 50 años de prisión.
El Salvador, es uno de los países de América Latina que prohíben el aborto son excepciones, al igual que en Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
La sentencia hacia Lesli lejos de ser un hecho aislado, han sido múltiples los casos de mujeres que van presas injustamente, dejando caer sobre ellas las penas más duras, como el caso de Sara Rogel quien fue liberada luego de pasar 10 años en la cárcel, o el de Teodora detenida en 2007, condenada a 30 años de prisión luego de perder a su bebé mientras estaba en el trabajo y por falta de atención ginecológica oportuna, y que fue liberada en 2018 gracias a la presión y la lucha de organizaciones de mujeres y feministas. También recordamos el caso de Manuela, condenada a prisión y murió en ella pero que el caso marco un precedente muy importante para señalar la brutalidad del Estado contra los derechos de las mujeres.
Desde México, nos sumamos a la exigencia de la libertan incondicional de Lesli, así como el cese a la criminalización de las mujeres y personas gestantes por decidir sobre sus cuerpos.
¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito! ¡libertad a las presas por abortar!
