Mauricio Macri anunció la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. La reforma militar está diseñada bajo el “asesoramiento” del Comando Sur de los Estados Unidos.

Este lunes, flanqueado por el Ministro de Defensa Oscar Aguad y los jefes de las tres fuerzas, Macri dio a conocer su objetivo de fortalecer el aparato represivo de conjunto. Quedó implícito que se preparan para enfrentar la perspectiva de resistencia obrera y popular al saqueo nacional pactado con el FMI.

Para posibilitar esa intervención, Macri modificó el decreto 727 que en 2006 reglamentó la Ley de Defensa, limitando la intervención militar a casos en que las fuerzas de seguridad fueran sobrepasadas o hubiera una agresión militar de otro Estado. Las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo amplían la intervención de las Fuerzas Armadas ante "agresiones de origen externo" y no sólo ante "amenazas estatales" externas; apunta a incluir a las fuerzas castrenses con el pretexto de su programa de “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, y anticipa una reforma para actualizar el aparato militar de conjunto.

Una política militar para cumplir con el G-20, el FMI y el Comando Sur

La proximidad de la cumbre del G-20, que reunirá a los mandatarios de las principales potencias del mundo en noviembre en Buenos Aires, y en el marco del ajuste acordado con el FMI, aceleró las decisiones en materia militar en estrecha colaboración con Washington. Para esta cumbre el gobierno viene invirtiendo fuertes sumas en adquirir armamento.

Además, los ministros de las carteras de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, firmaron convenios con el Comando Sur para capacitar a agentes de la Policía Federal con la excusa de los preparativos de la cumbre del G-20. Será ésta una ocasión para desplegar efectivos de las tres armas “colaborando” con las fuerzas federales, mostrando nuevo equipamiento de la mano de los servicios de inteligencia imperialistas. Esto es parte de los primeros pasos en la formación, equipamiento y armamento de una Fuerza de Despliegue Rápido, compuesta por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para que cooperen con las fuerzas de seguridad interior. Obviamente, no temen tanto una invasión de ISIS a Argentina con ocasión de la Cumbre, sino a la eventualidad de protestas populares contra el ajuste, el endeudamiento externo y las secuelas del pacto entreguista con el FMI.

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De fondo, el gobierno de Cambiemos avanza nuevos pasos en la política de alineamiento diplomático y militar con Estados Unidos, recogiendo sus “recomendaciones” en la definición de las “nuevas amenazas”, que éste identifica como “terrorismo internacional, narcotráfico, ciberataques, migración descontrolada” para reordenar bajo su supervisión el papel y tareas de los ejércitos latinoamericanos y logar facilidades para el despliegue de tropas, asesores y agentes de inteligencia de Estados Unidos a bases en los distintos países de la región. El objetivo del Pentágono es que los militares latinoamericanos actúen como policías internas bajo la orientación político-militar del Comando Sur estadounidense, en función de las prioridades geopolíticas y los intereses generales de Washington en el continente.

Estados Unidos impulsa la intervención interna de las FF. AA. bajo pretexto de la “guerra contra el narcotráfico”, pero detrás está evitar la influencia china y rusa. La iniciativa de Macri es un peligroso paso en esta dirección, más cuando esta política ha fracasado y lleva a crear lazos entre los militares y los narcos, como ocurre con la Justicia y la Policía, que “regulan” el crimen organizado más que combatirlo. Brasil, Colombia y México muestran las consecuencias de la militarización. En Brasil, con pretextos similares se avanza en la militarización de Río de Janeiro, donde fue asesinada la concejala Marielle Franco por denunciar los crímenes que cometen en las favelas, militarización que está al servicio de sostener el golpe “constitucional” que derrocó a Dilma y mantiene preso a Lula. Y en México, 250 mil personas fueron asesinadas y 30 mil desaparecidas desde 2006 a la fecha, mientras que las organizaciones narco gozan de buena salud.

La defensa de los recursos estratégicos que esgrime Macri para reformar el decreto 727, cuenta con otro trágico acuerdo firmado por Bullrich y Aguad con varias agencias de seguridad de Estados Unidos; entre ellos se encuentra la instalación de una base militar en la Triple Frontera (bajo la excusa de amenazas terroristas) donde se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce del planeta: el Acuífero Guaraní, con 40 mil kilómetros cúbicos de agua potable que subyacen en la zona. Luego, el gobernador de Neuquén, con la anuencia del gobierno nacional, firmó un acuerdo con el Comando Sur para instalar una base militar muy cerca de Vaca Muerta.

Otro elemento alarmante es la insistencia en el peligro de “ciberataques”, la adquisición de equipos israelíes de última generación y el incremento de las relaciones con el Mossad y otros servicios; esto crea un alerta al poder que puedan adquirir la AFI y los espías argentinos en la inteligencia interna, en el espionaje de las redes sociales, de las organizaciones sindicales, de derechos humanos, ambientalistas, pueblos originarios, del movimiento de mujeres, juveniles y fuerzas políticas de izquierda dentro del país.

FMI & Fuerzas Armadas

No es mera coincidencia que los anuncios para involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna se den al tiempo que el FMI impone un plan de ajuste y saqueo a favor del capital financiero internacional.

Se sabe que sus consecuencias habrán de provocar la bronca obrera y popular. El antecedente más próximo de cómo pueden responden las masas a las “recomendaciones” y planes de ajuste del FMI podemos verlo en Nicaragua (ante el ataque al sistema jubilatorio) y Haití (ante el aumento del precio de los combustibles).

En Argentina todavía está fresco en la memoria popular el 2001, que derribó al gobierno de la Alianza, tanto como las secuelas económicas y sociales de los anteriores saqueos en nombre del pago de la fraudulenta deuda externa. Pero tampoco han olvidado esas lecciones las élites dirigentes de la burguesía. La perspectiva de mayor crisis nacional y resistencia ante un nuevo saqueo nacional actualiza para la clase dominante la necesidad de contar con los militares, sea de manera indirecta o directa, para imponer ataques de magnitud contra las masas, que demanden “métodos de excepción” represivos en mayor escala llegado el caso de grandes revueltas provinciales (como las de los 90), jornadas revolucionaria (2001) o huelgas generales, un problema estratégico que cobra mayor actualidad para el gran capital en la perspectiva de garantizar el “cuarto saqueo”. El saqueo no se garantiza sin represión, y la represión no está garantizada sin un Ejército capaz de ejercerla cuando las fuerzas provinciales y federales no alcancen.

La reforma militar de Macri apunta a encarar, con la “ayuda” imperialista, la crisis estructural de las FF. AA., debido a lo disfuncional de la organización militar tradicional para las tareas de la etapa actual tal como las identifica la élite dirigente y el imperialismo: tiene una grave crisis operativa, por los obsoletos equipos y sistemas de armas, la reducida capacidad y bajo entrenamiento, los escándalos que las envuelven (desde el robo de armas al hundimiento del ARA San Juan), las peleas de camarillas y el estado de desmoralización interna.

No podemos abordar aquí los planes de redimensionamiento, como la fusión de armas y servicios y reconcentración de las FF. AA. para organizar una fuerza de despliegue rápido como núcleo principal y una estrecha colaboración con las fuerzas federales. Dejamos este tema para otras notas, pero sí es necesario abordar el aspecto más general del problema militar en Argentina: la crisis de carácter histórico de las FF. AA. como núcleo y pilar último del Estado capitalista, en su relación con la sociedad.

Una crisis irresuelta

Las Fuerzas Armadas argentinas están en una crisis muy profunda que les dificulta servir para tales tareas “patrióticas”, como hicieron a lo largo de su historia, desde el exterminio indígena a la masacre sangrienta del Paraguay; del aplastamiento de las huelgas de la Patagonia rebelde a la Libertadora del 55 y las dictaduras de Onganía y Videla.

El partido militar, que tenía la capacidad de hacerse del poder político, salió de la dictadura derrotado. Las Fuerzas Armadas recibieron la condena de las masas por los crímenes de la dictadura y la capitulación ante las tropas inglesas en la Guerra de Malvinas.

Desde 1983 la política de la UCR y el PJ fue la de crear una serie de normas jurídicas para recomponer a las FF. AA., pero no logró reconciliarlas con la sociedad.

El Ejército y el kirchnerismo

Después de las jornadas revolucionarias de diciembre 2001, con la caída del gobierno de la Alianza y la crisis abierta, las políticas del tipo de Alfonsín y Menem, que combinaban concesiones con pactos e indultos a los militares, quedaron cuestionadas. El gobierno de Néstor Kirchner, como parte de su política de “desvío” del 2001, permitió que se habiliten los juicios a los genocidas (salvo excepciones no abrió los archivos de la dictadura) y reglamentó la Ley de Defensa.

A la par que se abrió un espacio para los juicios a los genocidas más emblemáticos y, bajo la bandera de una política de derechos humanos, se dieron pasos en busca de una recomposición militar, esta vez con un Ejército “incorporado al Proyecto Nacional”.

Se continuó la política de participación militar en las “misiones humanitarias” bajo bandera de la ONU, como la ocupación de Haití alentada por Estados Unidos y Francia al servicio de sus intereses, y se sancionó la “Ley antiterrorista”, entre otras medidas.

Con Cristina Kirchner comenzó a erosionarse la separación entre tareas de seguridad interior y las de defensa nacional. Desde 2011, con el argumento de “combatir el tráfico de drogas”, los Operativos Escudo Norte, Fortín I y II incluyeron en el control y vigilancia de las frontera norte a los militares. A la par, se intensificó el empleo de la gendarmería y prefectura, cuya misión formal es vigilar las fronteras, en tareas policiales y de control social urbano (bajo pretexto de la “inseguridad”) y en la represión de luchas obreras y populares (como la represiones en la Panamericana con Berni y el gendarme “carancho”).

Las inundaciones, como el caso del río Santa Cruz o la de La Plata en 2013, fueron ocasión para incrementar el papel militar en tareas de asistencia. Agustín Rossi, por entonces ministro de Defensa, afirmaba que se buscaría “mayor vinculación con el conjunto de la sociedad” estableciendo una coordinación militar para el caso de catástrofes. Fue una manera de relegitimar socialmente al Ejército, que estaba conducido por César Milani, por entonces acusado de crímenes de lesa humanidad y hoy detenido por la persistente lucha de organismos de derechos humanos independientes del Estado.

Macri, la “herencia recibida” y el “consenso de la democracia”

Desde que asumió, el gobierno de Cambiemos utilizó la “herencia recibida” en el plano militar y prorrogó el plan Escudo Norte. Ahora, sobre esa base, da un salto superior hacia el reestablecimiento de las FF. AA. como pilar del orden para ampliar los roles ya asignados por distintos decretos de Cristina Kirchner.

La política militar de los gobiernos kirchneristas no fue la misma que quiere implementar Macri, pero no son pocos los elementos de continuidad en este plano –“nuevas amenazas”, “frontera norte”, “colaboración directa con nuestras Fuerzas de Seguridad”, para emplear las palabras de CFK–, que le sirven al macrismo como punto de apoyo para buscar un salto en la reconstrucción del brazo militar del Estado; este gobierno, integrado con “negacionistas”, les dijo en Campo de Mayo a los generales: “Estoy acá porque queremos saldar la deuda con las Fuerzas Armadas de la democracia", y avanza en ello apoyándose en los elementos que recibió.

Ahora, distintas figuras del peronismo y el kirchnerismo protestan por la violación del “consenso democrático” conseguidos desde 1983 para excluir a los militares de las tareas de seguridad interna. Esa exclusión no fue una graciosa concesión de la UCR y el PJ, que habían colaborado con la dictadura militar (bueno es recordarlo), sino producto de la tenaz lucha contra las políticas de reconciliación y por memoria, verdad y justicia, de la que fueron un símbolo las madres y sobrevivientes organizados, familiares de los desaparecidos y las jóvenes generaciones militantes por los derechos humanos.

Con el “consenso de la democracia” no se derrota el proyecto militar de Cambiemos

Referentes kirchneristas cuestionaron los anuncios de Macri, mientras que desde otras voces peronistas se reclama que se discuta en el Parlamento. ¿Se puede esperar más consecuencia en este punto que respecto a otros de la “oposición”, que en tiempos preelectorales hace discursos más radicales en los actos pero produce actos mucho más moderados y hasta de franca colaboración en el Parlamento, en las gobernaciones y en las intendencias? ¿Se van a desdecir Cristina, Agustín Rossi, Nilda Garré y su bloque de lo obrado de la mano de Berni y Milani y lindezas como el “proyecto X” de espionaje interno? ¿Qué dicen de la ley antiterrorista que promulgaron por orden imperialista? ¿Se acuerdan cuando Scioli prometió blindar las fronteras con las FF. AA. en la campaña presidencial? ¿Va a hacer el peronismo algo distinto que frente al nefasto acuerdo con el FMI: discursos encendidos y epístolas a Lagarde?

Por ahora la crítica de algunos referentes peronistas y kirchneristas se centra en la defensa del “consenso democrático de no intervención militar en la seguridad interna”, lo que en primer lugar no es igual a rechazar el conjunto del plan de Macri; en segundo lugar, no se desdice de las muchas medidas de reconstrucción militar, colaboración con las fuerzas de seguridad, participación en misiones auspiciadas por el imperialismo y adecuación a sus “recomendaciones” que ha efectuado en 12 años y; en tercer lugar, se “lavan la cara” de muchas de las medidas que tomaron y en las que ahora se apoya Macri para avanzar.

Como muestra el tenor de su “oposición epistolar” al acuerdo con el FMI, no cabe esperar mucho de la oposición peronista al decreto de Macri. A fin de cuentas, muchos de los peronistas que buscan la “unidad antimacrista” a toda costa, prefieren dejar que Cambiemos haga el trabajo sucio y prepararse como recambio para 2019, mostrándose “sensatos” a ojos del gran capital y las grandes potencias.

Como decimos en otros artículos, al decreto de Macri y su reforma militar, que viene envuelta en las políticas de reconciliación con los genocidas y excusas para preparar su intervención en la represión interna, no hay otra que oponerse frontalmente.