A tono con el gobierno de Macri, el gobernador Alberto Weretilneck viene dando un claro giro represivo en lo que va del 2016 buscando criminalizar la protesta social y la pobreza.
Sábado 23 de julio de 2016
En los primeros meses del año detuvieron por más de 12 horas al Secretario General de ATE cuando acompañaba un reclamo contra el despido de las trabajadoras terciarizadas de limpieza de la Universidad del Comahue. Así el Poder Judicial se adelantó a los dichos posteriores del gobernador quien exigió “cárcel para los violentos” al referirse a los hechos sucedidos en Coronel Almirante Cordero, donde los municipales fueron brutalmente reprimidos por defender sus puestos de trabajo.
La justicia ni lenta ni perezosa cuando se trata de avanzar en la criminalización social, intenta cumplir el deseo al gobernador. Además de las detenciones de los que salen a luchar como la del Secretario General de ATE a principio de este año, se suma en los últimos días dos nuevos hechos. Por un lado el procesamiento en la ciudad de Cipolletti de seis trabajadoras de comedores populares (militantes del Frente Popular Darío Santillán) por pedir al gobierno municipal un aumento en las partidas de alimentos para los barrios más humildes, por otro lado, el procesamiento de tres trabajadores de ATE Comarca Andina por corte de ruta cuando se movilizaron en la histórica jornada del 24 de febrero.
Mientras avanza la política de criminalización, un informe suministrado por el Ministerio Público Fiscal señala que hay 170 causas que involucran en total a más de 300 actuales y ex funcionarios por manejo irregular de fondos, ventas de tierras, abusos de autoridad, incumplimiento de deberes, sobreprecios, entre otros, donde algunas llevan más de diez años de tramitación y corren el riesgo de prescribir y muchas encuentran miles de artimañas legales para no avanzar, como el caso del juez Bernardi y otros magistrados acusados de corrupción de menores en Viedma.
Cínicamente ante éstos hechos de corrupción de menores, bajo la excusa del “abandono y la protección” habilitaron mediante un fallo la detención de menores por parte de la policía, dando vía libre a una de las policías con mayor historial de gatillo fácil, 71 casos desde el fin de la dictadura y como avala la larga lista de asesinatos entre los que están Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en Bariloche, Pablo Vera en la ciudad de Roca, sólo por nombrar algunos. Lejos de promover políticas que hagan efectivos los derechos de educación, esparcimiento y trabajo, se busca seguir profundizando los prejuicios, la discriminación y la estigmatización hacia los jóvenes de los barrios pobres.
Mientras tanto, en la zona Andina el Consejo de Seguridad de El Bolsón busca garantizar una “buena estadía a los turistas” exigiendo “mayor seguridad” con la presencia de gendarmería para garantizar el control social y criminalizar a las comunidades de los pueblos originarios mapuches que son brutalmente reprimidos en su pelea por recuperar sus tierras de las manos de empresarios como Benetton, Lewis, Krist, Vanditmar, Breire amigos que el presidente Macri visita en sus lujosos hoteles y mansiones.
Al comienzo de una mitad de año que no avizora mejores condiciones en la economía rionegrina y sumada al pedido del gobernador a Nación de mayores recursos para la policía, claramente se preparan para profundizar el control y frenar el descontento de miles de trabajadores y el pueblo pobre que se ha quedado sin la “revolución de la alegría”, por eso es necesario la mayor unidad entre trabajadores y la exigencia de un paro activo para frenar las políticas de ajuste y represión social.
