Declaración. El capitalismo destruye el planeta, destruyamos el capitalismo: ¡Basta del agronegocio que lucra con los incendios!

Hoy, en medio de una crisis climática y ecológica, vemos nuestros bosques y pastizales arder y, junto a ellos, los animales que pierden su hábitat y hasta sus vidas. Las comunidades indígenas lo van perdiendo todo con el paso de las llamas. Las personas con enfermedades pulmonares se ven cada vez más afectadas y en las ciudades, desde Bogotá hasta Montevideo, se lidia con densas humaredas e incluso lluvia negra como resultado del fuego.

Este ecocidio tiene responsables inconfundibles: la burguesía pecuaria y agroindustrial [1], el gobierno que la alimenta y defiende su impunidad y los partidos que la fomentan. Esto viene desde las dictaduras militares y gobiernos neoliberales, hoy bajo los rótulos de Creemos y Comunidad Ciudadana. Sin mencionar a la burguesía internacional y la irracionalidad capitalista que impulsa la crisis climática con sequías, que sirven de escenario para esta catástrofe.

Si hoy se puede decir que América Latina arde, es por el gran capital internacional, que alienta el extractivismo como forma de apropiarse de materias primas en países como Bolivia. Los regímenes políticos latinoamericanos entregan nuestros ecosistemas a las potencias imperialistas. Los consorcios internacionales están en una carrera de velocidades para explotar nuestros bienes comunes naturales, profundizando nuestra dependencia y subordinación al lucro capitalista.

Progresistas y neoliberales gobiernan para la agroindustria

Aunque Brasil y Bolivia son los países más afectados, los incendios también se extienden por causas similares en otros 11 países sudamericanos. No importa quién esté en el gobierno, Lula en Brasil, Santiago Peña en Paraguay, Luis Arce en Bolivia o Javier Milei en Argentina, todos se ponen la camiseta del agronegocio.

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La burguesía pecuaria y agroindustrial ansiosa de ganancias, empuja el desmonte a tasas que posiciona a Bolivia entre los primeros en deforestación a nivel mundial, promoviendo los incendios y el acaparamiento de tierras. La acción directa del agronegocio y la ganadería, con la complicidad del Estado, están destruyendo con total impunidad la Amazonía, El Chaco y otras regiones.

Por eso decimos: ¡No es el fuego, es el capitalismo!

Antes Evo, luego Áñez, hoy Arce, pero también los pseudo-ambientalistas, responsables del golpe de Estado, como Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y otras variantes abiertamente patronales y pro-imperialistas más allá de sus matices, no solo han otorgado sistemáticamente enormes concesiones y licencias a la agroindustria y ganadería, sino que además no están dispuestos a afectar los intereses del agronegocio pirómano y ecocida.

A fines del mes de agosto, Fundación Tierra, ya estimaba que los incendios habrían arrasado con más de 4 millones de hectáreas. Cada año, la magnitud de la deforestación supera al que le precede, acelerando la degradación ecológica continental y planetaria, mientras avanza la frontera agrícola en beneficio del agronegocio. Según datos de cicatriz de quema publicados por el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) y el MMAyA (Ministerio de Medio Ambiente y Aguas), el 45% de todos los incendios entre 2019 y 2024, ocurrieron en propiedades empresariales. Este tipo de datos, muestra no sólo dónde han ocurrido incendios, sino dónde ocurren de manera recurrente. De igual manera, el periodista de datos y economista ambiental, Stanislaw Czaplicki Cabezas, denuncia en diferentes estudios que la deforestación está impulsada, en su enorme mayoría, por empresas soyeras, ganaderas y azucareras alimentadas económicamente y favorecidas legalmente por el gobierno [2]. ¡Que arda la burguesía agroindustrial! ¡Que arda el Estado servil a los intereses del imperialismo extractivista!

Denunciamos la hipocresía de los representantes del agronegocio que hoy se hacen pasar por “pseudo-ambientalistas”. Desde representantes del empresariado como el ex candidato a vicepresidente de Áñez, Samuel Doria Medina, hasta representantes de la centro derecha de Comunidad Ciudadana que, de la mano de Cecilia Requena y Rodrigo Paz, se ponen una careta ambientalista con el Proyecto de Ley 003 -de prevención de quemas e incendios y restauración de áreas afectadas- hasta organizaciones empresariales como FEGASACRUZ (Federación de Ganaderos de Santa Cruz) y la propia CAINCO (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz) -dirigida por la agroindustria- se suman a la campaña “Respira Bolivia”.

Esto no es casual, pues buscan que olvidemos su rol en la consolidación del latifundio agropecuario y el ingreso legal de semillas transgénicas. Quieren que pasemos por alto las tierras que se apropiaron y los créditos impagos como mecanismo de apropiación de fondos públicos mediante el desfalco al Banco Agrícola. Hecho en el que está involucrado José Luis Camacho Parada, padre de Luis Fernando Camacho.

La apropiación extractivista de tierras en la Amazonía, el Chaco y la Chiquitanía por el capital agropecuario comenzó con la expansión imperialista a finales del s.XIX, se intensificó con los gobiernos de facto y neoliberales desde 1964 y se consolidó con los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) y con el golpe de Añez. La masacre de Kuruyuki en el Chaco o el cobarde asesinato de Zárate Wilka, son huellas en sangre de este primer momento de acumulación capitalista. Por eso, resulta hipócrita ver cómo el MAS reivindica estas figuras, mientras entrega en bandeja de plata nuestros ecosistemas a esta misma burguesía. También resulta pertinente recordar, por ejemplo, que el gobierno de Goni (aliado de Carlos Mesa) estableció la Ley neoliberal de Bosques (Ley N° 1700) y que los gobiernos del MAS la mantienen hasta hoy. Sin mencionar que son estos mismos sectores que acaparan tierras, desplazando comunidades indígenas y promoviendo incendios, los que sostuvieron el golpe de Estado agroindustrial del 2019 y que, actualmente, son beneficiarios de grandes ventajas estatales, como subsidios, créditos y perdonazos. A estos les decimos, ¡No se lavarán la cara de toda la sangre que derramaron, ni las manos de toda la tierra que se robaron!

Por lo mismo, también denunciamos al MAS que, como parte de su estrategia y política de conciliación de clases y negociación con la oligarquía agroindustrial, mantuvo la legislación neoliberal e incluso legalizó el latifundio. Durante su gobierno, se estableció un límite a la propiedad terrateniente de 5000 hectáreas, pudiendo éstas agregarse en casos empresariales, además de mantenerse intacta la propiedad terrateniente y latifundista obtenida antes de la promulgación de la Constitución del 2009, pactada con la burguesía y dando la espalda a la lucha obrera, campesina, indígena y popular acumulada hasta entonces.

La oligarquía cruceña se benefició con tierras y legislación a la medida de sus intereses gracias a la política del MAS, parte de ella reflejada en muchas de las llamadas “leyes incendiarias”. Si bien este sector tuvo que ceder en varias medidas “inclusivas” y “democráticas”, como resultado de la relación de fuerzas que se había impuesto desde las calles durante el ciclo de lucha de clases 2000-2005, logró conservar la mayoría de sus propiedades y ser el principal beneficiario de los negocios en China y del Modelo de Desarrollo Social Comunitario y Productivo. Medidas ecocidas, e incluso inconstitucionales que solo profundizan la mercantilización y alienación de los ecosistemas, como la exportación de carne y soya a China, la producción de biocombustibles en base a transgénicos, la producción en monocultivo de aceite de palma africana o la venta de bonos de carbono sirven para engordar el lucro de este sector, en desmedro del bienestar humano y ecológico.

Durante el 2008 mientras en las calles los sectores populares luchaban, la cúpula del MAS en las salas de negociación constitucionalizaba el latifundio y profundizaba el modelo ya existente. Justificándose en la Seguridad y Soberanía Alimentaria autorizaron amplios desmontes (Ley 741), permitieron las quemas en Santa Cruz y Beni (Decreto Supremo 3973) y hoy tenemos un 45% de los incendios bajo las manos de los agroindustriales, quienes además poseen el 16% de las tierras (INRA y Ministerio de Medio Ambiente y Agua).

Como señaló Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra “Evo hizo más que Banzer por Santa Cruz”. Colque en su artículo recuerda una entrevista a Julio Roda, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). En esa entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI), publicada el 24 de junio de 2016, Roda reconoció que Evo Morales hizo más “pese a que el General (Banzer) era un gran amigo personal” [3].

En el mismo camino, hoy, Arce busca “resolver” la crisis económica con biocombustibles, transgénicos, bonos de carbono y aceite de palma que ahondará la crisis ambiental en la que nos encontramos. Además, devolvió miles de millones de bolivianos a los agroindustriales mediante CEDEIMs (certificados de devolución de impuestos) y mantiene beneficios aduaneros y fiscales.

No solo eso, sino que el Gobierno de Arce avanza en la impunidad para los responsables de los incendios. Recientemente la Procuraduría General del Estado acordó con las federaciones de ganaderos de Santa Cruz y del Beni suspender la investigación de las propiedades donde se originaron los incendios de la gestión 2023. Al suspender estas investigaciones no solo que deja en la impunidad a los que lucran con los incendios, sino que además evitan sancionar con la reversión de tierras. Recordemos que el 2023 ya se habían quemado 3.500.000 hectáreas (ANF). El gobierno de Arce parece premiarlos con estas medidas y por eso hoy superan sus récords.

Frente a esto, exigimos que para combatir los incendios es necesario derogar, no solo las leyes “incendiarias”, sino todos los acuerdos entre el gobierno de Arce y los agroindustriales, así como anular todas las medidas que los diversos gobiernos les han otorgado. ¡Denunciamos todos los pactos del MAS con la gran agroindustria! Exigimos la aplicación efectiva e inmediata de ¡Impuestos progresivos al gran capital!¡Abrogación de beneficios impositivos, territoriales, etc.!

También advertimos que el Proyecto de Ley 003 de Comunidad Ciudadana establece multas para 5 categorías de tenencia de tierra, cuando la Ley INRA establece 6 categorías, es decir, el proyecto sorprendentemente deja de lado multas para la gran empresa agrícola. No solo eso, sino que este proyecto de ley no contempla reversiones de tierras y deja intacta la estructura capitalista de tenencia de la tierra (latifundio) y por lo tanto mantiene la causa de los criminales incendios.

Finalmente, denunciamos la funcionalización de esta crisis por parte de actores y organizaciones de la derecha golpista, que al igual que Creemos y CC, Ríos de Pie, y otros usaron los incendios para impulsar una política racista en 2019 que permitió la injerencia del imperialismo estadounidense. No perdemos de vista que Jhanisse Vaca reúne a los exponentes de la más rancia derecha latinoamericana bajo el nombre “eco-amigable” de Fundación Jucumari. Tanto ellxs, como la Iglesia y los partidos que representan a los intereses coloniales y empresariales no tienen ninguna legitimidad para embanderar esta o ninguna causa ecologista. ¡Los golpistas no son ecologistas!

¡El capitalismo destruye el planeta, destruyamos el capitalismo! ¡Que los incendios los pague el agronegocio!

Por eso luchamos por una salida anticapitalista, desde abajo, de manera independiente y sobre la base de la autoorganización, para que la crisis ecológica no la carguemos las, los y les trabajadores del campo y la ciudad mediante más deuda externa, sino que la paguen quienes la provocaron y se benefician de los incendios:

1. ¡Exigimos la anulación de los acuerdos entre Arce y empresarios que les dan ventajas fiscales, subsidios e incluso devolución de CEDEIMs!
2. ¡Eliminación de favores políticos y económicos a los agroindustriales, responsables además del golpe de Estado del 2019!
3. ¡Exigimos el pago de las deudas de la gran agroindustria con el ex Banco Agrícola, con ajuste al valor actual, más de 50 millones de USD, que debe ser un fondo inmediato de lucha contra los incendios!
4. Proponemos una agroindustria nacionalizada, al servicio de las necesidades sociales, controlada y administrada por lxs trabajadores y trabajadoras agroindustriales y las comunidades campesinas y originarias, que permita la transición hacia una producción agrícola y forestal, en sintonía con la vocación de suelo de la Amazonía, Chaco y Chiquitanía.
5. ¡Luchamos por la expropiación, sin indemnización, de la propiedad terrateniente, confiscación de sus bienes y la puesta bajo control obrero y comunitario de las poblaciones originarias no empresariales de los territorios! Esto solo puede lograrse mediante la reversión y eliminación de los latifundios entregados por los gobiernos de facto, y consolidados por el MAS, a las familias Marinkovic, Monasterios, Kuljis, Bedoya y otros!
6. ¡Luchamos por la restauración/rehabilitación ecológica de los territorios degradados, la conservación y monitoreo de la biodiversidad, en base a conocimiento ecológico indígena y la ciencia moderna y bajo gestión local, obrera y comunitaria, financiado en base a impuestos progresivos al gran capital y la reducción del presupuesto a los aparatos represivos!
7. Convocamos a las universidades y centros de investigación, a canalizar sus esfuerzos hacia la obtención de información sobre tenencia de tierras, prevención de incendios, ecología del fuego y restauración ecológica desde el diálogo de saberes para la gestión obrera y comunitaria de nuestros ecosistemas.

Estas son algunas medidas urgentes para empezar a poner un freno a la barbarie a la que nos están empujando los parásitos del agro negocio. Cada vez es más necesaria la organización de lxs trabajadores con el movimiento campesino, las comunidades, los pueblos indígenas, los sectores populares, el movimiento de mujeres, de las diversidades y disidencias sexo-genéricas y todos los sectores oprimidos y explotados porque en nuestras manos está enfrentar este sistema que demuestra una vez más que solo le importan las ganancias.

La lucha contra la agroindustria y por el restablecimiento de un metabolismo armónico de la sociedad con la naturaleza solo puede realizarse, íntegra y efectivamente, con un gobierno de lxs trabajadores y el pueblo, que sobre la base de nuestra autoorganización democrática, y desde abajo, avance en la construcción de una nueva sociedad, que para nosotrxs solo puede ser una sociedad socialista, construida desde abajo y con la movilización independiente. No hay sostenibilidad posible dentro del capitalismo. Si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos al capitalismo.

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