REPRESIÓN ANTIMAPUCHE. El caso Nahuel al borde de un giro que compromete a Patricia Bullrich

La noticia surgió desde Bariloche y pronto se nacionalizó. Es que el caso de Rafael Nahuel (ocurrido el 25 de noviembre) sigue en etapa de instrucción y cada novedad en el expediente provoca, cuanto menos, la atención tanto de quienes exigen verdad y justicia por el joven mapuche asesinado como de los asesinos y sus encubridores del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Este domingo el periodista Santiago Rey publicó en el sitio En estos días una información que seguramente tendrá su confirmación oficial el próximo viernes, cuando se completen los trámites periciales y el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, estampe su firma.

Si lo que firmará Villanueva es lo mismo que se conoció periodísticamente ayer, posiblemente al cabo primero y miembro del grupo Albatros de la Prefectura Francisco Javier Pintos le quede poco tiempo en libertad. Porque él fue, según indicarían varias pericias, quien disparó la bala que ingresó por el glúteo izquierdo de Rafael, recorrió gran parte de su cuerpo y terminó alojándose en su tórax haciéndole perder aproximadamente cuatro litros de sangre.

Vale recordar que en aquella mañana de noviembre los Albatros dispararon en total 114 tiros. Pintos fue el que más tiró (recargó la pistola cuatro veces al menos), pero también tiraron los prefectos Carlos Sosa, Sergio García, Sergio Cavia, Juan Obregón y Eric Blanco.

Se sabía

Que ese grupo de Prefectura fue el que asesinó al joven Nahuel no es novedad. Tampoco que ese crimen se produjo en medio de una brutal represión a la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi (a unos 30 kilómetros de Bariloche). Menos aún que esa represión fue ordenada (bajo la sutil figura de “desalojo”) por el propio juez Villanueva.

A Rafael lo mataron el sábado 25 de noviembre. Pero la represión sobre la comunidad mapuche de Mascardi venía ejecutándose desde dos días antes por orden de Villanueva, quien buscaba congraciarse con el gobierno de Mauricio Macri. Precisamente el pedido de desalojo lo inició el empresario Eugenio Breard, amigo personal del Presidente y actual director Parques Nacionales.

Por eso cuando se conoció el fallecimiento del joven mapuche (ocurrido el mismo día que en 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires, eran sepultados los restos de Santiago Maldonado), desde el Ministerio de Seguridad activaron el tradicional “operativo encubrimiento”.

Con Patricia Bullrich a la cabeza, el Gobierno inmediatamente salió a “bancar” el accionar del grupo Albatros. Incluso creó el relato (transformado en comunicado de prensa de Prefectura) según el cual los uniformados actuaron en defensa propia al intentar repeler una agresión de parte de los mapuches que tenían armas de grueso calibre.

Quien más se estudió el libreto oficial y lo sostiene hasta hoy es nada menos que el jefe de la Prefectura de Bariloche, prefecto principal Leandro Ruata. Habrá a quienes este apellido no les resulte extraño.

Ruata fue quien, en los primeros días de octubre de 2017, se presentó ante el juez federal Gustavo Lleral para sugerirle que vuelva a rastrillar el Río Chubut a la altura de la Pu Lof de Cushamen, lugar que había sido ya revisado en varios operativos anteriores (comandados por él mismo) sin resultados positivos. Como se sabe, a partir de esa sugerencia Lleral ordenó un nuevo rastrillaje para el 17 de octubre, día en que Maldonado fue encontrado flotando en el río como si siempre hubiera estado allí.

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Se sabe que Bullrich y compañía saben desde el principio qué fue lo que pasó con Rafael Nahuel. Y se entiende el por qué de tanto ocultamiento. Pero mal que les pese, las pericias que se conocerán este viernes probablemente hagan caer una buena parte de la sarta de falacias orquestadas desde la cúspide del Estado con complicidad del Poder Judicial patagónico.

“El Juzgado negó todo sistemáticamente”

Hace algunas semanas la familia de Rafael Nahuel cambió de representación letrada. Ahora son patrocinados por los abogados Marcos Miguel y Estanislao Cazaux.

Desde el principio del caso y hasta que se hicieron cargo Miguel y Cazaux, la familia Nahuel fue patrocinada por las abogadas Julieta Wallace y Sofía Bordenave, miembros de la APDH de Bariloche y militantes de la CTEP.

En diálogo con la Izquierda Diario, Wallace recuerda que ellas agarraron la causa “en un momento de total incertidumbre. De hecho cuando tomamos el caso no sabíamos bien cuántos muertos había de la represión”.

La abogada detalla que junto a su compañera estuvieron presentes en cada una de las medidas que se fueron realizando, desde la autopsia de Rafael hasta las pericias balísticas. “Fuimos quienes propusimos a la perito de parte Silvia Bufalini, una de las mejores peritos balísticas del país; fuimos parte de la cadena de custodia de las armas y de la extracción de los proyectiles; y llegamos así a una instancia en la que, como se viene comentando, se podría confirmar la identidad del autor material” del crimen de Nahuel.

Para Wallace, gracias a las medidas que lograron realizar, la causa está en un punto bastante avanzado. “Aunque hay que decir que desde el Juzgado pedimos muchas cosas a las que no les dieron lugar”, aclara. Por ejemplo, pidieron el cambio de carátula a “homicidio agravado”, pero Villanueva se negó y hasta hoy mantiene la causa bajo la irónica carátula “Jones Huala, Fausto Horacio y otro S/ muerte por causa dudosa, usurpación y atentado agravado por más de tres personas”.

También pidieron a Villanueva que cite a declaración indagatoria a cinco prefectos, uno de los cuales es precisamente Francisco Pintos. “Y sistemáticamente nos han negado todo desde el Juzgado. Se ve que (el juez) no quiere avanzar en ningún sentido. Pero bueno, se está a punto de encontrar al autor material”, reflexiona Wallace.

La abogada de la APDH Bariloche confía en que, si se confirma el viernes que Pintos es quien disparó contra Nahuel, Villanueva llame inmediatamente a indagatoria al prefecto (y también a sus camaradas de armas) y determine una prisión preventiva inmediata.

Wallace conoce la problemática de las comunidades mapuches desde hace años. Por eso afirma que en los últimos tiempos, desde el Estado nacional y el Poder Judicial “se ha construido un enemigo interno, que es el supuesto RAM, y las comunidades mapuches están siendo estigmatizadas por reclamar lo que les corresponde, como es la tierra para vivir y desarrollar su cultura. Eso está sucediendo en la Patagonia y las dos muertes que tenemos, producto de las reivindicaciones territoriales, son muestra de ello”.